A un año del primer debate en comisión, el aborto vuelve a resonar en el Congreso. Ante las últimas controversias judiciales, el senador Miguel Angel Pichetto trabaja en una ley nacional para garantizar el derecho al aborto en casos de violación. Si lograra instalarse, el tema puede tomar dos rumbos: o limitarse al fallo de la Corte; o abrirse hacia una propuesta integral que contemple la despenalización de todos los casos.
Pablo Riveros
Antonia no supo explicarse cuándo, ni por qué había quedado embarazada por tercera vez y a sus 40 años. Ni sus hijos ya mayores, ni su marido, ni su Santa Sede saben que terminó abortando con un médico privado por miedo a su salud y a la de su bebé. En la desesperación, Juana, de 15 años, creyó que con una aguja de tejer podría solucionar por cuenta propia su “problema”. Murió desangrada.
Ambas son experiencias no deseadas y nos dejan en claro que se trata de un tema donde está en juego la vida y la muerte: de la madre, del hijo. Un atributo, el nivel socioeconómico de la madre, parece definir el tipo de experiencia: según las estadísticas la mayor cantidad de muertes por aborto se da en mujeres pobres y en situaciones precarias, inseguras, clandestinas.
¿Por qué el aborto es un problema social hoy? Precisamente las consecuencias de los abortos practicados en condiciones inadecuadas son la principal causa de mortalidad materna en Argentina. Y al ser punible -advierten- se incrementan los factores que provocan más riesgo de muerte.
Pero el aborto también se ha instalado como un problema de la política. A pesar de la existencia de dos grandes propuestas para combatir esta causa de muerte, y de la militancia social que las acompaña, el Estado argentino sigue apostando a la misma política pública que tan caro le cuesta a la sociedad.
Ninguna está satisfecha con el trabajo de la Justicia y los Ejecutivos nacional y provinciales para resolver esta cuestión. Y no se trata de un tema de oficialismo u oposición. Hoy, el tema del aborto divide a casi todos los partidos.
Muchos responsabilizan a la presidenta por la omisión del debate. Otros reconocen por lo bajo las presiones a legisladores para que no se discuta. De algo se puede estar seguro: al menos en el Congreso nadie niega que el aborto dejó de ser un tabú.
El aborto como crimen
Cristina Kirchner convocó a un grupo de especialistas para trabajar en una reforma integral del Código Penal. Hay un adelanto: el aborto seguiría considerado como un delito. Pues de acuerdo con la redacción que data de 1921, se pena con reclusión o prisión tanto a la mujer que causare su propio aborto o consintiere en que otro se lo causare, como a aquel al que lo practicase.
Sin embargo no sucede así para todos los casos. En marzo, la Corte Suprema se pronunció sobre el artículo 86 del Código y ratificó que los abortos no son punibles ni requieren permiso judicial si es producto de una violación sexual. En consecuencia, las provincias fueron invitadas a redactar guías de atención médica para estos casos, entre adhesiones, resistencias y rechazos.
A pesar de este fallo, continuaron las medidas judiciales que intentaron impedir la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) bajo las condiciones contempladas por este artículo. Como si fuera poco, la más trascendente tuvo como protagonista nada menos que al político favorito de las críticas kirchneristas. La misma semana que la Legislatura porteña aprobó su protocolo -para reemplazar el que elaboró el saliente ministro de Salud, pero que finalmente fue vetado-, Mauricio Macri anunció ante los medios de comunicación que la Ciudad realizaría su primero aborto no punible en el Hospital Ramos Mejía. El jefe de Gobierno porteño dio todas las coordenadas, con lo que una manifestación “pro vida” se concentró en el centro de salud y demoró el aborto mediante una acción judicial. Aunque la Ciudad apeló la cautelar, fue la Corte la que con un “per saltum” garantizó que se cumpliera con la voluntad de aquella víctima de la trata de personas.
El caso tuvo amplias repercusiones. Y a instancias de la ley recientemente sancionada en Uruguay y los debates en los parlamentos provinciales, se reafirmaron los reclamos desde todo el arco político por una norma nacional que garantice el aborto legal, seguro y gratuito, aún en los casos de que el embarazo no fuera fruto de una violación.
Aunque la cúpula del kirchnerismo se desentendió de esta postura, sucedió algo inédito. Nada menos que el presidente del Frente para la Victoria en el Senado, Miguel Angel Pichetto, anunció que trabaja en una ley limitada al fallo de la Corte con el propósito de “poner fin a las situaciones controversiales” mencionadas.
Cien muertes por año
No es menor que un legislador con semejante capital político anunciara que el bloque mayoritario habilitaría un debate tan polémico. Pero Pichetto dijo algo aún más trascendente: no se trata de una decisión del Ejecutivo; aunque lo consultará antes de presentar el proyecto en Mesa de Entradas.
Lo cierto es que de instalarse el tema del aborto no punible, es de esperar que muchas voces aprovechen la oportunidad para abrir la discusión hacia el problema de raíz, que son las 100 mujeres que mueren por año por causa de abortos practicados en condiciones sanitarias inadecuadas. Algo que el Estado no puede desentender, pues se realizan 800 mil abortos por año; que representan el 37 por ciento de los embarazos según el Ministerio de Salud de la Nación.
Como si fuera poco -advierte la exdiputada nacional Graciela Rosso (FpV)-, la punibilidad incrementa el riesgo de muerte por tres razones: a) Algunas tratan de autoinducirse el aborto o se someten a intervenciones inseguras. b) Los abortos no son realizados por personal idóneo y las clínicas clandestinas escapan la regulación estatal por lo cual la práctica es más riesgosa. c) Se desalienta la atención post-aborto porque las mujeres temen ser denunciadas.
Es así que se pueden encontrar dos grandes posiciones en el Congreso respecto del aspecto legal del aborto. Insatisfechos con la legislación vigente; están quienes impulsan la despenalización y legalización de la IVE, pues sostienen que la clandestinidad no hace más que aumentar los casos de muerte. Otros, en cambio, creen que el aborto es ni más ni menos que matar una vida indefensa y por eso buscan reforzar la legislación vigente para prohibir las prácticas abortistas. En consecuencia, cada postura propone políticas públicas y privadas para disminuir los casos de mortalidad materna causados por abortos clandestinos.
Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito
De todos los proyectos presentados para legalizar el aborto hay uno que cuenta con mayor grado de consenso y número de adhesiones desde su presentación en 2007. Se trata de una iniciativa impulsada por más de 300 organizaciones y que en Diputados encabeza Adela Segarra (FpV), junto a unos 50 legisladores de distintos bloques.
La Campaña insiste en demostrar que la penalización de la IVE no incide sobre la decisión de abortar, ya que las mujeres lo terminan haciendo clandestinamente según lo reflejan las estadísticas de distintos países. Pero además, aseguran que la ilegalidad da lugar a prácticas diferenciadas según las condiciones socioeconómicas de la mujer. “Mientras que las mujeres mejor ubicadas social y económicamente acuden en forma privada a profesionales idóneos, las pertenecientes a las franjas más pobres sólo tienen acceso a procedimientos caseros o de baja calidad, y por lo tanto, riesgosos para su salud y su vida”, argumentan.
La definición no termina allí. Por encima de todo, los diputados entienden que criminalizar el aborto significa negar una serie de derechos humanos, que van desde los sexuales y reproductivos -asociados a la integridad corporal y la autodeterminación sexual- hasta el derecho a la vida, definido desde el punto de vista de garantizar la salud íntegra de la madre.
¿Qué propone la Campaña para combatir este tipo de mortalidad materna? Una fuerte intervención del Estado que va más allá de su propuesta legislativa y que se resume en el lema: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”. Se trata de prevenir las causas de los embarazos no deseados que a la postre acarrean “muertes, maltratos, discapacidades o mayor violencia”. Pero de todas maneras entienden que hay embarazos causados por “olvidos, irresponsabilidades, violencia o deseos inconscientes”, frente a los cuales no se puede negar el derecho a abortar.
En lo que hace al proyecto de ley, se apunta a reconocer el derecho de toda mujer a decidir la IVE durante las primeras 12 semanas de gestación -no más, según fundamentos médicos-, y a acceder a su práctica gratuita en el sistema de salud público y privado, sin autorización judicial previa. En tanto, sólo se lo podrá hacer fuera de este plazo si el embarazo fuese producto de una violación, si estuviera en riesgo la salud de la madre, o si existiesen malformaciones fetales graves.
La Red de Familias
El proyecto de “protección integral de los derechos humanos de la mujer embarazada y de las niñas y niños por nacer” también surge de la sociedad civil, y fue presentado en diversas oportunidades desde 2001. Actualmente lo motoriza el diputado Julio Ledesma. En cuando a la postura ideológica, la Red de Familias es conocida por rechazar el matrimonio homosexual, la educación sexual o los anticonceptivos; por reconocer la maternidad “como bien social y personal”; y por la fuerte religiosidad de sus miembros.
Para este expediente, “cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de los niños por nacer frente a otros igualmente legítimos, prevalecerán siempre los primeros”, en el sentido de garantizarle protección, su nacimiento y su pleno desarrollo. “Lamentablemente los niños por nacer no tienen representante ni voz para defenderse. Cuando decimos defensa a la vida, es tratar de que el niño viva porque es un castigado sin voz”, resumió a Semanario Parlamentario la sanjuanina Margarita Ferrá de Bartol (FpV).
Para esta postura, entonces, abortar es matar una vida indefensa, pues se interpreta “desde la concepción en el seno materno comienza la existencia de las personas; y antes de su nacimiento pueden adquirir algunos derechos, como si ya hubiesen nacido” (artículo 70 del Código Civil).
A los fines a garantizar la vida de la embarazada y del niño por nacer, este proyecto promueve la prestación de subsidios, la adopción y la asistencia médica y financiera del Estado para los embarazos riesgosos. También impulsa la creación de un Centro de Asistencia en todos los hospitales públicos para educar, asesorar, y contener física y psicológicamente a las madres, como así también apoyarlas en la búsqueda de empleo, alojarlas en casas de emergencia y entregarles materiales para los bebés, entre otras medidas.
Comparaciones
Mientras que la Red de Familias se enfoca en el momento del embarazo y la situación post-parto, la Campaña agrega la instancia de prevención.
Si bien las dos parten desde la óptica de los derechos humanos y la salud pública, la Red omite referirse a la cuestión represiva por lo que estaría reforzando la penalización. La Campaña tampoco se pronuncia sobre los abortos que se realicen pasadas las doce semanas de gestación y que no son fruto de violaciones. Sobre la iniciativa de Pichetto, opina que no es necesario legislar sobre lo que la Corte ya interpretó de la ley.
La postura del Congreso
Por cierto que estos proyectos no son los primeros sobre el aborto. El más viejo data de 1937… Pero recién 74 años después el Parlamento tomó cartas en el asunto. Fue el 1 de noviembre de 2011, en el marco de una importante movilización ciudadana donde no faltaron incidentes entre “pro” y “anti-abortistas” separados por una gran valla que dividía la avenida Rivadavia frente al Palacio Legislativo. “Aborto legal para no morir”; “No mates”, rezaban las pancartas que transmitían los medios de comunicación para todo el país.
Pero la suerte ya estaba echada. A su pesar, Diana Conti reconoció que el tema “no está en agenda del Poder Ejecutivo”, y por falta de firmas el proyecto de legalización no tuvo dictamen de comisión. Desde entonces, no hubo más que trabas y el debate sigue pendiente para ambas propuestas.
Este año los proyectos fueron representados con record de firmas. Por ahora, 57 diputados adhirieron a la propuesta de la Campaña, mientras que 31 lo hicieron con la iniciativa de la Red de Familias. De tal manera si repasamos los nombres vemos que se tratan de propuestas transversales, que agrupan a legisladores de diversos partidos y regiones del país.
Sólo seis de los 18 bloques en Diputados -sin contar los unipersonales- tienen posturas unificadas: el peronismo opositor y el Pro -exceptuando a Laura Alonso- rechazan en su mayoría la legalización del aborto; mientras que Proyecto Sur, Nuevo Encuentro, el Gen, el Partido Socialista y la Unidad Popular están unánimemente a favor. En los bloques mayoritarios, el Frente para la Victoria (116 miembros) y la Unión Cívica Radical (43), hay posturas para todos los gustos.
En definitiva, no podemos desconocer que el tema del aborto se está instalando poco a poco en la agenda de algunos legisladores, principalmente con la perspectiva que avala la legalización, que es la única que se debatió en comisión y en audiencias públicas.
La democracia delegativa
Que Diana Conti, una diputada de la “mesa chica” del kirchnerismo, haya reconocido que “este tema no está en la agenda del Poder Ejecutivo”, significa mucho. Y para ser más precisa aclaró: “Tenemos un Poder Ejecutivo fuerte: cuando quiere poner un tema en la agenda envía su propio proyecto, y no es éste el caso”.
En efecto, la presidenta nunca explicitó su postura. Más allá de los rumores, hay otros indicios que señalan que Cristina Fernández de Kirchner toma distancia de la legalización del aborto.
La propuesta quedó fuera de la reforma de los códigos Civil y Comercial y quedaría excluida del nuevo Código Penal. Tampoco definió el Ejecutivo si el aborto es una cuestión de derechos humanos. La presidenta hace laguna al respecto, si tenemos en cuenta que ante el Comité de Descolonización de la ONU aseguró que Argentina es líder en materia de derechos humanos y hace de esto una bandera política.
Por otro lado, es común en la cultura parlamentaria que aquellos proyectos que dividen al bloque mayoritario mueran en comisión. Sin embargo, uno puede objetar que el matrimonio igualitario partió al Frente para la Victoria. La diferencia es que avanzó por el fuerte impulso del matrimonio presidencial.
Aún así, tampoco insta la presidenta a tratar el proyecto de Protección Integral -u otro-, como lo hace cuando tiene simpatía con algún tema. Pero también es cierto que la última renovación de la composición del Congreso impulsada por Cristina es más favorable a la legalización.
¿Por qué el proyecto de la Campaña no avanza a pesar del notable grado de influencia que sobre sus respectivos bloques y comisiones tienen muchos de sus coautores? De hecho habría en Legislación Penal, en Salud y en Familia, el número suficiente para firmar un dictamen favorable.
He allí el meollo de la cuestión. Se puede coincidir con Guillermo O’Donnell en que vivimos en una “democracia delegativa” donde hay una “concepción y práctica del Poder Ejecutivo que presupone que éste tiene el derecho, delegado por el electorado, de hacer lo que le parezca adecuado para el país”.
Que en consecuencia, el kirchnerismo no se rige tanto por la división de poderes republicana propia del liberalismo; que más bien actúa como un gran partido que sigue las directivas de su líder, como lo fue Juan Domingo Perón y lo es Cristina Fernández. Se trata de relaciones de poder muy verticales, donde los legisladores han delegado al Ejecutivo las decisiones de qué política pública debe implementar el Estado para combatir la mortalidad materna, y cuándo y cómo instalar la discusión sobre el aborto. “El debate tiene que ser parlamentario pero por una decisión política”, reconocen legisladores de diferentes bloques a Semanario Parlamentario.
Es decir que lejos de recaer toda la responsabilidad en el Ejecutivo, el “cajoneo” de los proyectos también obedece a los propios parlamentarios. Además del problema de los números para hacer avanzar una iniciativa, es común escuchar quejas por la “falta de coraje” de los representantes. Y tampoco son menores las presiones que otros políticos, militantes o corporaciones ejercen sobre ellos. La 125, el matrimonio igualitario, la Ley de Bosques Nativos, son algunos ejemplos. “No tiene una postura definida. Imaginate el lío que va a tener cuando vuelva a su provincia”, es una explicación común a más de un legislador del interior.
Un llamado a la política
Las posturas ilustradas apelan a fundamentos legales, éticos, médicos y religiosos para rechazar o justificar políticas públicas en torno al aborto y la mortalidad materna. Ambas constituyen verdaderos paradigmas con valores irreductibles entre sí. Por eso se trata, en última instancia, de una decisión política, cuyo mundo consiste en la batalla a favor o en contra de la instauración o conservación de ciertos valores.
En el plano institucional, será imposible que el tema avance en el Congreso si no lo habilita el oficialismo. Y es menester remarcar que a diferencia de Diputados, el Senado, -conocido como la “cámara conservadora”- tuvo menos movimientos respecto a esta cuestión.
Luego será el turno del Ejecutivo, que en caso de reglamentarla quedará librada a su efectiva aplicación en la realidad cotidiana, el máximo desafío. Si así fuere, en ambas posturas ya se anticipó que se recurrirá a la Justicia, donde nada impide interpretaciones valorativas. De ahí nuevamente el llamado a la política.
Por eso se puede coincidir con una joven diputada que piensa que “las leyes se sancionan en el Congreso, pero se ganan en la calle”.
