El diputado provincial Marcelo Feliú (FpV) y el nacional Gustavo Ferrari (Frente Peronista) expresaron sus posturas respecto del proyecto que espera ser debatido en el Senado provincial. Feliú garantizó que el proyecto evita cualquier tipo de “excesos” que puedan temerse, mientras que el legislador narvaísta expresó sus dudas sobre el respeto al “derecho de propiedad”.
El vicepresidente del bloque del Frente para la Victoria de la Cámara baja bonaerense, Marcelo Feliú, defendió el proyecto sobre el Acceso Justo al Hábitat que define los lineamientos generales de las políticas de hábitat y vivienda y rige las acciones dirigidas a resolver en forma paulatina el déficit urbano habitacional, dando prioridad a las familias bonaerenses con pobreza crítica y con necesidades especiales. A su vez, el diputado nacional Gustavo Ferrari reiteró las críticas que ya manifestó su referente político, Francisco de Narváez, con relación a un posible avasallamiento de la propiedad privada.
El diputado Marcelo Feliú admitió que la exigencia de los 5 años se encuentra en el proyecto de Ley de Hábitat, precisando que “una vez que luego de los 5 años no se expresó la voluntad de un eventual dueño de efectuar o (realizar) mejoras, existe la posibilidad de poder iniciar un trámite expropiatorio, que debe tener un tratamiento calificado, primero en el propio municipio y después ser ratificado con mayorías especiales, como se prevé en la Legislatura de la Provincia, conforme dice la Constitución para una expropiación en el ámbito provincial”.
Respecto de si el proyecto dimensiona qué tipo de terrenos pueden ser expropiados, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Cámara baja provincial señaló que ello no se dimensiona, pero remarcó que “se tiene fundar la necesidad pública, y generalmente en este tipo de expropiaciones y con el espíritu de esta ley, la necesidad pública tiene que ver con inmuebles de una envergadura importante”. Ergo, no sería de utilidad pública un terreno pequeño.
Con referencia al pago de las expropiaciones, puesto en duda por su interlocutor a juzgar por lo sucedido en los últimos tiempos con otras expropiaciones, el legislador oficialista señaló que “la política de las expropiaciones en la provincia de Buenos Aires en el último tiempo ha empezado a revertirse en el último tiempo, así que yo creo que vamos a poder cumplir con el espíritu de la ley”.
Al expresar sus reparos a la norma, el diputado nacional Gustavo Ferrari advirtió sobre ciertos fundamentos, tales como aquel que dice que “el derecho de propiedad es un derecho individualista y excluyente, y dice que en la actualidad predomina una mirada represiva e individualista, y sacraliza el derecho de propiedad”. Así las cosas, el diputado narvaísta sostuvo que la ley “pretende que la propiedad privada debe resolver los problemas que el Estado no resuelve”, y puso como ejemplo que “en los últimos años se anunciaron de parte del Gobierno cinco planes nacionales de vivienda; se prometieron 900 mil viviendas. Se construyeron, según datos del Ministerio de Planificación, 351.217. Es decir, el déficit es del Estado; el particular no tiene por qué resolver un problema que el Estado no resuelve”.
En diálogo con radio Mitre, Feliú consideró que lo que Ferrari estaba expresando era la concepción del derecho de propiedad de la Constitución argentina de 1853, mientras que a su juicio “desde 1994, el sistema constitucional argentino incluyó que la propiedad debe ser respetada, pero con un claro sentido social. Si quisiéramos entender y defender la propiedad privada, deberíamos obviar la evolución que ha tenido nuestra Constitución”. Y aclaró que “simplemente lo que hace esta ley es respetar el espíritu de que la propiedad privada debe ser respetada, tal como lo dice el artículo 17 de la Constitución Nacional, pero tiene que tener un profundo sentido social”.
El diputado señaló en ese sentido que “cuando un propietario inicia un emprendimiento privado que necesita de un hecho del Estado, como puede ser la autorización para hacer un country o un barrio cerrado, esa sola autorización a ese privado le provoca inmediatamente una revalorización de esa tierra por todos conocida. Lo que prevé la ley es que ante el encarecimiento y revalorización de esa propiedad privada por parte del Estado, que no la tendría si no tuviera esa autorización, exista una contribución que es sustancialmente menor a la revalorización que tiene desde el momento que se autoriza a vender los terrenos como barrio privado. Y por supuesto que el límite de esa contribución también está dada por la Constitución, no por esta ley”. De tal manera consideró que la concepción de la ley es “respetar esta concepción de que la propiedad privada tiene que estar en función social, que el Estado tiene que garantizar ese criterio y que, efectivamente, la ley lo que busca, además de la urbanización, de la organización territorial, la ubicación de terrenos, es precisamente colaborar con ese amplio sector que todavía no tiene no sólo casa, sino un terreno donde edificar ese futuro”.
Ferrari aclaró que lo que él defiende es “la Constitución vigente, cuyo artículo 17 empieza diciendo que ‘la propiedad privada es inviolable’, lo cual es un elemento determinante para analizar cualquier consideración respecto de la propiedad privada”. Agregó que a su juicio resulta “razonable” que muchas veces “participe el Estado del acrecimiento del valor por las cosas que el Estado hace, pero en el mismo sentido debería el Estado entonces pagarle a aquellas personas cuya propiedad se deprecia cuando el Estado permite zonas inseguras, que se instale un asentamiento delante de un edificio, disminuyendo su valor”.
“El Estado participa cuando se acrece, pero nunca cuando decrece y no cumple el rol se seguridad, de salud, el rol que tiene que cumplir un Estado respecto de las propiedades privadas”, sostuvo Ferrari, quien alertó que “si aprobamos la ley de Hábitat, si aprobamos la ley de Ordenamiento Territorial y todas las modificaciones que se introdujeron en el nuevo Código Civil a los derechos reales, vamos a tener otra Argentina”.
El diputado Feliú precisó que en el proyecto se resolvió que cualquier pedido de expropiación de cualquier municipalidad deberá pasar por la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, y ante la pregunta de si existe alguna especificación que diga cuándo un terreno podría ser de interés público, el legislador del FpV dijo que primero hay que ver cómo el Ejecutivo provincial reglamenta el artículo, que puede dar algunas pautas de interpretación, después cada municipio deberá fundar la característica de utilidad pública.
Con relación a algún tipo de arbitrariedades que pueda dejar abierta esta ley, Feliú insistió en que la eventual expropiación “necesita de un trámite calificado que hoy una expropiación regular muchas veces no necesita. Hoy cuando se pretende expropiar, simplemente es necesaria una ley de la provincia de Buenos Aires. En este caso se va a necesitar un proyecto de un municipio, con una ordenanza aprobada y fundada en términos de que explique porqué la utilidad pública y urgencia, y el segundo control, que es la Legislatura de la provincia de Buenos Aires”.
Ese trámite que consideró “calificado y doble, evita la posibilidad de que exista algún tipo de exceso”.