Según un senador del Movimiento Evita, la nueva ley de hábitat “le dará una posibilidad cierta y sin trabas burocráticas a todos los habitantes de la provincia de Buenos Aires a tener acceso al suelo, y a la vivienda propia".
El senador provincial y miembro del Ejecutivo Nacional del Movimiento Evita, Eduardo "Cholo" Ancona recalcó que "esta norma aspira a paliar el déficit habitacional en la provincia promoviendo la construcción de nuevas viviendas y la urbanización de villas y asentamientos y modificando la ley vigente 8912/77, dictada por la última dictadura militar. Para los peronistas, el acceso a la vivienda es un derecho y creemos en la función social de la propiedad”.
Ahora, algunos hombres del gobernador no están dispuestos a avalar el artículo que dispone esa contribución obligatoria debido a que “afecta las autonomías de los municipios. Es raro, porque los diputados autores de la norma plantearon que el proyecto estaba consensuado junto a los municipios. Se habló con Julio Pereyra, de Florencio Varela, Alberto Descalzo, de Ituzaingó, Fernando Espinoza, La Matanza” detalló y aclaró “la ley, no solamente les pareció adecuada, sino que venía a llenar un vacío, y que estaba pensada en los sectores más humildes de la sociedad".
Asimismo, el senador explicó que “los municipios tienen la obligación de hacerlo por ordenanza y de informar al propietario, estableciendo desde ese momento el plazo de un año para el inicio de las obras de urbanización. Vencido el tiempo, el municipio podrá establecer un gravamen progresivo y recién pasado los cinco años del inicio del cobro del gravamen podrá ser considerado de utilidad pública y sujeto a expropiación".
Resaltó el legislador provincial que "la Ley es producto del trabajo colectivo coordinado por el Estado pero impulsado por organizaciones territoriales, movimientos sociales, organismos de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales y la comunidad universitaria y serán ellas las primeras interesadas en controlar que la ley cumpla con la afectación específica de los recursos que generen esos instrumentos, porque ello permitirá, progresivamente, el acceso a una vivienda en suelo urbanizado, en Ciudades que las incluyan. Actualmente, en la provincia de Buenos Aires un cuarto de su población tiene dificultades en lo que refiere al acceso de la vivienda propia, por ello esta ley viene a solucionar una problemática estructural en el territorio bonaerense".
El dirigente del Movimiento Evita acotó que "la posición de muchos dirigentes es clara, siempre se inclinan para un lado, y ese no es el del pueblo. Con respecto a la confrontación o la división, hay sectores políticos en la Argentina que cada vez que se tocan intereses de las corporaciones hablan de confrontación pero lo que realmente plantean es que estemos unidos todos defendiendo los intereses de los grupos concentrados del poder económico”.
“La verdad que algunos legisladores parecen reflejar el punto de vista de los desarrolladores inmobiliarios y lo que se busca es restauración conservadora, instalar, acá no se genera ninguna zozobra en el mercado, los únicos que tienen zozobras son todos los bonaerenses que aun no tienen viviendas, viven hacinados, o en condiciones precarias y nosotros estamos en esta legislatura para avanzar definitivamente sobre las asignaturas pendientes”.
Puntualizó Ancona que "esta es una ley que promociona el desarrollo de viviendas populares y que los municipios puedan hacerse de terrenos, cuando autoricen grandes emprendimientos urbanísticos, para desarrollar planes sociales de viviendas. También para que puedan disponer de parcelas con el mismo destino de construcción de casas, por eso se incluye la figura de la expropiación como una de las alternativas.
Por último, el miembro del Ejecutivo Nacional del Movimiento Evita, resaltó "desde lo estrictamente técnico podemos decir que no se extienden las atribuciones al Estado en cuanto al régimen de expropiación, la potestad expropiatoria del estado existe hace mas de 50 años y proviene tanto de la Constitución Nacional como de las provinciales y desde lo político a los que se dicen peronistas que relean la constitución del 49 que en su artículo 38 declara expresamente : “La propiedad privada tiene una función social, y en consecuencia estará sometida a las obligaciones que establezca la ley con fines de bien común”.