Según el estudio de opinión pública Latinobarómetro, el 28% de las personas consultadas en la encuesta anual 2011 en 18 países de América Latina consideró que la delincuencia era su principal problema. Una década antes, sólo el 9% opinaba lo mismo. Sin embargo, como contrapunto, el número de personas que dicen haber sufrido un episodio de inseguridad o tener algún conocido víctima de un crimen se mantuvo estable o descendió ligeramente. Es decir, podemos observar que existe una distancia entre la percepción y la realidad objetiva.

Esto nos lleva a pensar en las características de ese miedo. En primer lugar, el delito se interpreta de distinta manera en función del sector social que lo comete. Por ejemplo, muchos se indignan por la ocupación de un terreno por parte de personas sin techo y les es indiferente si un club o restaurante usurpa un sector de los Bosques de Palermo. Asimismo, delitos que tienen graves consecuencias para el conjunto de la sociedad son naturalizados: evasión impositiva, medidas de jueces que favorecen a grupos económicos, lavado de dinero o violencia intrafamiliar.

En parte, esto se debe a que existe una criminología mediática que exalta el miedo al delito que comete un sector social y que, como sostiene el Dr. Raúl Zaffaroni, crea “la realidad de un mundo de personas decentes frente a una masa de criminales identificada a través de estereotipos que configuran un ellos separado del resto de la sociedad, por ser diferentes y malos”.

Este discurso estigmatizador se amplifica en los distintos géneros de los medios masivos de comunicación. A modo de ejemplo, podemos tomar la publicidad de puertas de seguridad Pentágono. Como denunció oportunamente el Observatorio de la Discriminación en la Radio y la Televisión, en esa propaganda se “presenta a personas con determinados rasgos físicos como 'peligrosas' dando lugar a la creación y refuerzo de estereotipos”. En ese sentido, “pareciera asociarse la violencia y delincuencia con las personas de tez oscura y/o a las clases de bajos recursos”.

Para el juez de la Corte Suprema, la característica de tomar a un sector social como peligroso no es un fenómeno local; considera que hay una criminología mediática mundial que baja de Estados Unidos y se expande por el mundo con una exaltación de la venganza. Dicho fenómeno toma como chivo expiatorio a un grupo social: en Estados Unidos son los negros, en Europa los inmigrantes, los turcos en Alemania y los islámicos en Francia. En la Argentina se vive con miedo a los jóvenes de los barrios humildes.

En ese marco, buscando la ansiada seguridad, en los últimos años se realizaron reformas en el Código Penal y se instó a un aumento de las detenciones, partiendo de la fantasía de que si metemos presos a los “delincuentes” que nos generan miedo podremos vivir más tranquilos.

Según el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena, en 1996 había 25.163 internos, mientras que en el 2010 llegamos a tener 59.227 detenidos. Es decir, las detenciones aumentaron un 135%. Por lo tanto, se cumplió la promesa de aumentar las detenciones, pero el miedo a la inseguridad no bajó. Siempre es oportuno recordar que un 53% de los internos son procesados, por lo tanto técnicamente inocentes. Asimismo, de esa población el 40% tiene sólo el primario completo y además hay un 26% que ni siquiera logró terminarlo.

Sin embargo, este aumento de las detenciones no es gratuito para la sociedad. Contrariamente al supuesto inicial de que con más detenciones obtendremos más seguridad, la detención, y más aún cuando se da en condiciones precarias, termina reforzando el rol vinculado con el delito. La persona que sufrió el encierro es estigmatizada al salir en libertad y se le dificulta conseguir empleo, vincularse, estudiar; por lo tanto le costará más incluirse socialmente. Es decir, la prisionalización muchas veces genera más violencia que la que buscan evitar.

En ese sentido, para el Dr. Zaffaroni “la cárcel se convierte en una máquina de fijar roles, generalmente desviados, y por ello suele condicionar desviaciones secundarias más graves que las que determinaron la prisión, o sea que, en lugar de prevenir, suele reproducir conductas desviadas”.

Por otro lado, el miedo produce que se extremen medidas de vigilancia y control sobre ese sector que genera temor. En ese marco, la seguridad privada crece exponencialmente, mientras que no contamos con una ley que la regule a nivel nacional.

Actualmente tenemos cerca de 700 empresas que operan en todo el país y emplean a alrededor de 150.000 personas. Para tomar una dimensión de su poder, los efectivos del Estado nacional no alcanzan esa cifra. La Policía Federal, Prefectura y Gendarmería suman aproximadamente 101.500 efectivos.

En lo personal, recuerdo cuando los chicos en situación de calle que abrían las puertas de los taxis en la entrada del shopping Alto Palermo me contaban cómo los agredían y amenazaban los agentes de la empresa de seguridad para que se fueran de la entrada del centro comercial.

Probablemente la pregunta sea qué modelo de seguridad construyen esas empresas si el supuesto sobre el cual operan es el miedo a los pobres. Y también cabe interrogarse quién dirige esas fuerzas.

Como dio cuenta el diario “Tiempo Argentino” el 30 de septiembre, represores acusados de cometer delitos de lesa humanidad se reciclaron en las agencias de vigiladores. Algunos casos ilustrativos pueden ser el del teniente coronel (R) Héctor Mario Schwab, miembro del grupo de tareas de Antonio Bussi en Tucumán, quien fundó la compañía de seguridad Scanner SA. Asimismo, el excapitán de fragata Adolfo Miguel “Palito” Donda Tigel, preso por su accionar en la ESMA, fue uno de los directores de Zapram.

Como conclusión podemos afirmar que ciertas acciones que desde el sentido común se instalan como soluciones lineales a la problemática de la inseguridad pueden terminar reforzando la discriminación social, la fragmentación y los abusos: la inseguridad da miedo.

(*) Licenciado en Comunicación Social. Docente de Comunicación Social y Seguridad Ciudadana, UNRN