Los honorarios judiciales de los abogados es un tema que despierta una innumerable serie de suspicacias en el seno de la sociedad. Una materia muy sensible, si las hay, para la ciudadanía; no sólo por las cuestiones económicas sino por la multiplicidad de suposiciones y sospechas que generan alrededor de los litigios.

Se sabe que la cuantificación de los honorarios depende de muchos factores que varían en cada caso. Al respecto, el común de la gente suele preguntarse cuando debe litigar ¿cómo se regulan los honorarios? ¿Quién los paga? ¿Qué pasa cuando el cliente es insolvente? ¿Se puede cobrar por tiempo? ¿Qué pasa cuando hay más de un abogado?, etc.

Cabe destacar que cada provincia tiene su propia ley de honorarios de abogados -y de cada una de las profesiones- y seguramente hay diferencias entre ellas. Así por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, funcionan dos mecanismos para regular honorarios: 1º) un honorario mínimo fijo, establecido en base a una medida conocida como “jus”, equivalente al 1% del sueldo de un juez de primera instancia -su valor es variable y se puede consultar por internet-, variando en cada caso la cantidad de jus establecidos. Ejemplos: divorcios, tenencias, consultas verbales o escritas, denuncias penales, etc. y 2º) una escala con porcentajes mínimos y máximos cuando se trata de juicios con contenido patrimonial o cuantificables económicamente. Ejemplos: cobro de deudas de todo tipo, daños y perjuicios, sucesiones, escrituraciones, etc.

Cabe aclarar que las escalas se mantienen incluso cuando interviene más de un abogado por parte, en cuyo caso se regulan proporcionalmente de acuerdo con el trabajo que hizo cada uno. Esto es lógico, ya que de lo contrario cada cambio de abogado multiplicaría los honorarios, lo cual sería absurdo.

La regulación

¿Qué pasa en la Ciudad de Buenos Aires con este tema? Bueno, el legislador del Pro, Daniel Lipovetzky, presentó un proyecto de ley donde impulsa la regulación de los honorarios profesionales de abogados y procuradores.

La iniciativa contempla en la presentación como una ley de orden público. Ello obedece a la identificación que existeentre leyes de orden público con las leyes imperativas. Se entiende que se llama de orden público cuando responde a un interés general, colectivo, por oposición a las cuestiones de orden privado, en las que sólo juega un interés particular. Por eso las leyes de orden público son irrenunciables, imperativas. Por el contrario las de orden privado son renunciables, permisivas y confieren a los interesados la posibilidad de apartarse de sus disposiciones y sustituirlas por otras. Por ello se suele sostener que leyes imperativas y de orden público son sinónimos. Actualmente es el concepto que prevalece: si una ley es de orden público, las partes no pueden dejarla sin efecto en sus contratos.

También la propuesta especifica que la actividad profesional de los abogados y procuradores es de carácter oneroso, sin que se admita prueba en contrario. El honorario reviste carácter alimentario y en consecuencia es personalísimo, sólo embargable hasta el 20 % del monto a percibir y gozan de privilegio especial. En el supuesto caso que la regulación no supere el Salario Mínimo Vital y Móvil, será inembargable. El honorario será de propiedad exclusiva del profesional que lo hubiere devengado, se especifica en la letra de la presentación.

Asimismo dicta que los abogados y procuradores podrán pactar con sus clientes el monto de sus honorarios sin otra sujeción que a ley en cuestión y al Código Civil, pero el contrato “será redactado por escrito y no admitirá otra prueba de su existencia que la exhibición del documento o el reconocimiento de la parte obligada al pago de honorarios, de haber pactado el mismo”. También aclara que los convenios de honorarios tienen sólo efecto entre partes y sus relaciones se rigen con prescindencia de la condenación en costas que correspondiere abonar a la contraria.

El proyecto de ley indica que se podrán celebrar pacto de cuota litis, por su actividad en uno o más asuntos o procesos, en todo tipo de casos. Para ello se deberán ajustar a algunas cláusulas especificadas en el cuerpo de la propuesta aunque se destaca que ese acuerdo no podrá exceder del 35 % del resultado del pleito, cualquiera fuese el número de pactos celebrados e independientemente del número de profesionales intervinientes.

Además el texto expresa que será nulo todo contrato sobre honorarios profesionales que no sea celebrado por abogados o procuradores inscriptos en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal o Colegio de Procuradores de la Capital Federal. En esa línea se aclara que la revocación del poder o patrocinio no anulará el contrato de honorarios, salvo que aquella hubiese sido motivada por culpa del abogado o procurador, en cuyo caso conservará el derecho a la regulación judicial, si correspondiere.

Según la iniciativa, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal registrará a pedido de parte, los contratos de honorarios y pactos de cuota litis y además se expresa en el proyecto que “cuando se demanden honorarios convenidos provenientes de labor profesional, se procederá a preparar la vía ejecutiva a tenor de lo dispuesto por la ley procesal, acompañando al efecto la documentación que acredite la labor profesional y el convenio suscripto por el obligado. Ello no será necesario cuando el convenio se encuentre registrado ante el Colegio Público de la Capital Federal o de Procuradores de la Capital Federal o sus firmas fuesen certificadas por Escribano Público. La actuación judicial prevista en el primer párrafo, no devengará tasa judicial, sellado, ni impuesto alguno”.

Leyes propias

El diputado Daniel Lipovetzky sostuvo ante Parlamentario que presentó la iniciativa porque “la Ciudad no tiene una ley de honorarios para el ejercicio profesional de los abogados y procuradores. En el camino de la autonomía plena nosotros debemos generar leyes propias para cada una de las competencias que tienen que ver con la jurisdicción de la Ciudad y nos parece interesante cambiar el sistema que utilizan los juzgados de los Tribunales de la Ciudad -contenciosos administrativos- los cuales aplican una norma nacional que es una ley antigua y realmente no protege los derechos de los abogados, ya que los honorarios tienen carácter alimentario”.

Además, el legislador Pro manifestó que su “propuesta va en sintonía con la iniciativa del Colegio de Abogados que propone modificar la vieja ley nacional que data de 1978, es decir producto de legislación heredada de la dictadura, luego modificada por el menemismo, con una tendencia a echarle la culpa de algunos problemas que afrontaba el Gobierno a los abogados, igual de lo que sostiene Cristina Fernández cuando habla de la industria del juicio, cuando en realidad lo que ocurre al acudirse a la Justicia es por violación de las leyes y no por voluntad del abogado que representa a una parte”.

En cuanto a la aplicabilidad de la norma, Lipovetzky señaló que “es una ley sólo aplicable a los Tribunales que tienen competencia en la Ciudad; en la medida que vayan transfiriéndose otras competencias como por ejemplo, el fuero civil, se irá implementando la normativa correspondiente. Hoy, nuestra iniciativa de ser sancionada y promulgada, sería aplicable a algunas cuestiones penales que existen y sobre todo a todo lo que tiene que ver con los Tribunales Contenciosos Administrativos y Tributarios”, aclaró.

Respecto a un aumento en el arancelamiento profesional de abogados y procuradores, el legislador sostuvo que “la ley no modificará los aranceles que hoy ya perciben los abogados, pero la realidad es que las personas comunes para acceder a la Justicia tienen que tener el patrocinio de un abogado y en el contexto actual es necesario que los abogados estén bien remunerados para poder defender con garantía a sus clientes. Por ello me parece que es necesario contar con el marco normativo adecuado y ello no acarreará un incremento importante en los aranceles, diría que será casi nulo”, explicó.

En cuanto a los beneficios que la ley otorgará a los profesionales, el diputado dijo que “la ley introduce la posibilidad de actualizar los honorarios que perciben los profesionales de la abogacía y ello se implementaría a través de establecer la unidad de medida arancelaria (UMA) de un determinado importe que se calculará según los haberes de los jueces de primera instancia; del sueldo bruto, 1,5 por ciento equivaldrá a esa unidad administrativa. Esto obedece al nivel inflacionario de nuestro país donde los porcentuales que actualmente rigen son estancos y por lo tanto quedan desactualizados porque la inflación termina absorbiéndolos. Equivale al “jus previsional” que se aplica en la mayoría de las provincias y que es un importe que los colegios profesionales determinan en base al incremento del costo de vida”, explicitó.