Buryaile denunció que una resolución de la Súper Intendencia de Servicios de Salud deja desprotegidas a aquellas personas.
El diputado nacional Ricardo Buryaile expresó, mediante la presentación de un proyecto de declaración, su preocupación y rechazo a la Resolución 1200/12 de la Superintendencia de Servicios de Salud, que desconoce las prestaciones estipuladas en la Ley Nacional de Discapacidad 24.901, y deja sin cobertura y sin financiamiento las prestaciones que les corresponden a las personas con discapacidad.
Esta resolución es contraria a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas Con Discapacidad de la ONU, de la cual nuestro país es firmante, y por la cual se obliga a los países miembros a proteger y velar por sus derechos.
Hasta ahora, estas prestaciones eran cubiertas por las Obras Sociales, quienes a su vez recibían el reintegro por medio de la Administración de Programas Especiales (APE). De esta forma, todas las personas con discapacidad, independientemente de sus recursos económicos, podían acceder a prestaciones acordes a sus necesidades concretas.
La Resolución 1200/12 reformó -“ilegítimamente”, según Buryaile- este sistema, reduciendo los valores de cobertura hasta en un 50%, dejando de lado prestaciones muy importantes que antes reintegraba la APE a las obras sociales, como los maestros integradores para niños con discapacidad, algunas prótesis, el transporte para ir al colegio o al hospital y tratamientos de rehabilitación.
El diputado formoseño expresó su profunda preocupación en torno a un artículo que dice que los reintegros procederían “según las disponibilidades presupuestarias y las razones de oportunidad, mérito y conveniencia”, Como si se tratara simplemente de una cuestión económica y las enfermedades o discapacidades que afectan a las personas fueran fruto de una caprichosa decisión, finalizo el legislador.
Otra de las inquietudes tiene que ver con la posibilidad de que las obras sociales no cubran algunas prestaciones porque no están incluidas, lo que aumentaría la judicialización de la salud y la discapacidad.
A pesar de que el PEN inmediatamente después del dictado de la Resolución 1200, suspendió hasta el 30 de noviembre de 2012 el nuevo Sistema mediante la resolución 1310/12, muchas Obras Sociales dejaron de brindar prestaciones a niños y niñas con discapacidad, sobre todo en el área de educación y transporte.
“Como siempre, las más afectadas serán las familias más vulnerables, quienes no cuentan con los recursos para solventar tratamientos de alta complejidad”, concluyó Buryaile.
