En un proyecto de ley presentado la última semana, pido se consagre el derecho al agua, bajo el principio que “todos los habitantes tienen garantizado el acceso al agua potable para fines vitales”, conforme lo había propuesto en su texto original (art. 241) la Comisión de Reforma, Actualización y Unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación.

El derecho al agua fue reconocido en el año 2010 por las Naciones Unidas. Hoy las dimensiones del impacto a la salud pública, que en nuestras poblaciones supone no tener acceso al agua en buenas condiciones de salubridad resultan innegables.
El agua es un elemento esencial para la vida humana, para la salud básica y para la supervivencia, así como para la producción de alimentos y para todas las actividades económicas.

A pesar de los aportes del progreso científico y tecnológico, el agua sigue siendo un grave problema que exige organizar esfuerzos que confluyan en la satisfacción de esta necesidad básica para todos y cada uno de los habitantes.
Hasta ahora nunca se ha considerado el agua como lo que realmente es: un bien común universal, patrimonio vital de la humanidad. Ha llegado el tiempo que el acceso al agua deba ser considerado como un derecho básico, individual y colectivamente inalienable.

Por ello hoy se abre paso una nueva cultura del desarrollo sostenible en materia de aguas. Si pensamos que el bosque no es un simple almacén de madera, entonces nuestros ríos, acuíferos, humedales y lagos, son mucho más que simples almacenes de agua. Debemos entenderlos como valores sociales, culturales y ambientales, además de los valores productivos que representan a corto plazo.

Nuestro país no puede desconocer el alcance y el contenido de las obligaciones pertinentes en materia de derechos humanos relacionadas con el acceso equitativo al agua potable y el saneamiento que imponen los instrumentos internacionales de derechos humanos, ni las responsabilidades consiguientes.

Así lo han entendido los juristas convocados para elaborar el anteproyecto de Reforma, Actualización y Unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación, estableciendo para el futuro el acceso al agua potable como un derecho humano fundamental.

Dicha Comisión fue integrada por los señores Ministros de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION, doctores Ricardo Luis LORENZETTI, quien actuó como Presidente, la Dra. Elena HIGHTON de NOLASCO y la Profesora Aída KEMELMAJER de CARLUCCI.

La convocatoria a los juristas reconoció que el sistema de derecho privado, en su totalidad, fue afectado en las últimas décadas por relevantes transformaciones culturales y modificaciones legislativas, destacando la reforma Constitucional del año 1994, con la consecuente incorporación a nuestra legislación de diversos Tratados de Derechos Humanos.

Pero luego que los renombrados juristas miembros de la referida Comisión produjeron el Anteproyecto de Reforma, en un texto homogéneo, que dio a luz luego de consultas en el más alto nivel académico, el Poder Ejecutivo introdujo por su cuenta una serie de modificaciones con las que fue enviado al Congreso de la Nación.

Una de las modificaciones introducidas por el gobierno nacional fue eliminar de la Reforma el artículo 241°, por el que se garantizaba a todos los habitantes el acceso al agua para fines vitales.

Creo que la supresión de ese principio por el gobierno nacional constituye un grave retroceso, que contradice abiertamente los compromisos asumidos por nuestro país en materia de derechos humanos.

El acceso al agua forma parte de los derechos económicos, sociales y culturales básicos que como país, nos hemos comprometido a cumplir, junto a otros Estados americanos.

Hay que reconocer que, por su propia naturaleza, los derechos económicos, sociales y culturales tienen un desarrollo progresivo. Y que será preciso coordinar acciones de todos los representantes elegidos por el pueblo, las organizaciones civiles, los expertos y la sociedad en su conjunto, para darles plena efectividad.

Fieles a este compromiso político nos proponemos – como una exigencia de orden moral, no solo jurídica-, consagrar el derecho al agua de todos los habitantes para fines vitales, reincorporando dicha regla de derecho al cuerpo normativo elaborado por la Comisión de Reforma y para que forme parte del texto unificado de ambos Códigos Civil y Comercial de la Nación, luego de su sanción definitiva.

Sin ninguna pretensión de originalidad, hagamos común el principio de defender el agua y, por ende, la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras. Comprendamos que las mejores causas no están para será apropiadas, sino para ser defendidas. Esa es nuestra misión.

Maldonado es diputado nacional de la UCR Chaco