La diputada Patricia Bullrich (Unión por Todos) presentó un proyecto de ley solicitándole al Poder Ejecutivo que informe sobre quién ha contratado la agencia S+C+W (Schussheim, Cosin, Weinsteiner) Estrategias en Marketing Político, experta en acciones comunicativas implementadas en las redes sociales, “para promover las acciones gobierno y centrarse específicamente en desbaratar las movilizaciones organizadas desde la sociedad civil en general”.

Los involucrados en su proyecto negaron de plano estar realizando una tarea rentada para el Gobierno, y ante ello la legisladora nacional sostuvo este martes que “es una realidad” el hecho de que “el Gobierno contrata y ha contratado agencias o individuos en relación a las campañas que hace en Twitter o Facebook”.

“Yo creo que el contratado es Marcelo Cosín y tenemos una serie de evidencias, pero lo que hicimos, para dar la posibilidad de la réplica, es presentar un pedido de informes en el Congreso”, explicó la diputada, precisando que “pedimos al Estado nacional que nos diga si tiene contratada a estas personas o a esta agencia en alguno de los organismos públicos”.

“Por supuesto que los que son voluntarios son voluntarios, ahora, que el Gobierno utiliza todo el aparato comunicacional, sea la propaganda oficial, sea la compra por medio de amigos K, sea la utilización de agencias para hacer campañas en las redes, eso es algo absolutamente sabido”, expresó la diputada Bullrich por radio Mitre, quien quiere saber exactamente a quien contrata el Gobierno y cuanto paga. “Si lo hace mediante los partidos políticos, perfectamente lo puede hacer; ahora, si lo hace con plata de los impuestos, es absolutamente ilegal”, dijo.

Bullrich afirmó que “todos los días se crean entre mil y 1.500 perfiles en Facebook y en Twitter que hacen campaña contra la oposición o aquel que piensa distinto, o el 8N. ¿Eso de dónde sale? ¿Esos aparatos comunicacionales de dónde salen?”, se preguntó, criticando a continuación que la Ley de Medios no les prohíbe a los contratistas del Estado comprar medios.

Por último, la diputada estimó que “el que hizo esta campaña hizo una mala campaña, porque cuando vos hablás de lo que querés negar, lo que estás haciendo es dándole entidad. Así que como publicista, haber puesto #8N YO NO VOY, es leer 8N YO VOY, o leer 8N, es decir, darle entidad al 8N. Con lo cual desde la perspectiva publicitaria, yo como licenciada en comunicación, nunca hubiera utilizado el nombre del adversario”.