Momentos de una emotividad no habitual en ámbitos legislativos se vivieron ayer durante la aprobación por unanimidad de la media sanción que los diputados bonaerenses dieron a la adhesión provincial a la denominada “Ley de Muerte Digna” que rige en todo el país desde el pasado 9 de mayo.

Tras la votación, los ojos del diputado Marcelo Feliú se cruzaron con los de Selva Herbón, la mamá de la pequeña Camila, fallecida en junio pasado tras una agonía de tres años durante los cuales fueron sus propios familiares quienes, ante un cuadro irreversible y de creciente sufrimiento para la niña, impulsaron una campaña para reclamar algo que finalmente se terminó consiguiendo: una ley nacional que permitiera atenuar dolores y padecimientos de pacientes terminales. También estaba presente Susana Bustamante, mamá de Melina, como otro testimonio de apoyo que justifica plenamente la sanción de esta ley.
Luego de la aprobación hubo saludos de reconocimiento, no por que el tema resulte especialmente grato ni mucho menos, sino en reconocimiento a una lucha de años que tuvo su desenlace cuando en junio pasado, en el caso de Camila, se permitió desconectar a su pequeña hija de los aparatos que prolongaban su vida en estado vegetativo sin temor a estar cometiendo ningún delito y desde la plena certeza de estar atenuando sus sufrimientos.
La mujer estuvo presente en la Legislatura Provincial para brindar su apoyo a este significativo gesto de la Cámara baja que, se supone, podría tener un pronto aval en el Senado.

Es que cuando el Congreso Nacional aprobó la normativa en mayo pasado -menos de un mes antes de la partida de Camila- desde varios meses previos, también por iniciativa de Feliú, un proyecto de ley con la misma finalidad se encontraba en avanzado estado de discusión entre los diputados bonaerenses.

La ley nacional a la que adherirá Buenos Aires se denomina de “Derechos de los Pacientes en Relación con las Instituciones de Salud” y, según el legislador bahiense, incluye plenamente los contenidos de su propuesta, por lo que la adhesión expresada, prácticamente, satisface los mismos objetivos y hasta, en otros aspectos, los extiende.

“Una vez más, se trata de ampliar derechos, no sólo aún, si no especialmente en las circunstancias más extremas y complicadas de una existencia. Que cuando la ciencia tiene motivos y fundamentos para predecir que el final de una vida está cerca y es inexorable, quepa la posibilidad de que alguien pueda decidir ahorrarse padecimientos estériles y no renunciar a su dignidad”, explicó Feliú.

El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia aclaró que esta norma no obliga a nadie sino que solo permite una libre elección.

“Si alguien, en base a convicciones personales o religiosas, decide algo distinto a lo que esta ley habilita, está en todo su derecho. Con esta norma, solo se faculta a que por caso, los médicos que opten libremente por ello, puedan hacer lo que haga falta en determinadas situaciones para, con el consentimiento del propio paciente o de sus familiares, como en el caso emblemático de Camila, quien sobrellevó años en estado vegetativo, se evite lo que se llama el encarnizamiento terapéutico”, agregó.

El legislador pidió diferenciar con claridad lo establecido por esta legislación—vigente en otras provincias argentinas antes de la existencia de una ley nacional—con la llamada “eutanasia” o incluso el denominado “suicidio asistido”, reflejado en muchas ocasiones por la industria del cine.

“Esto, en todo caso, podrá o no ser un primer paso de cara a profundizar una futura discusión al respecto. Avanzamos con esto desde el pleno convencimiento de que la sociedad argentina está en un grado tal de madurez que puede asumir prácticamente como un hecho objetivo la posibilidad de que un estado terminal se torne irreversible y cualquier prolongación de la vida no sea sino a costa de profundizar sufrimientos, sin abrigar siquiera mínimas esperanzas de recuperación, se puedan evitar padecimientos innecesarios”, consideró.