Un plenario de comisiones de la Cámara baja despachó un proyecto para que los obstetras dejen de ser considerados auxiliares y pase a ser profesiones independientes.
Las comisiones de Acción Social y Salud Pública; Legislación General; y Educación dictaminaron en reunión conjunta sobre el proyecto que regula el ejercicio profesional de los parteros, licenciados y obstétricos.
La propuesta establece, entre otros puntos, que los licenciados en Obstetricia podrán colaborar en la asistencia del parto distócico (o parto anormal) y en la terminación del parto quirúrgico junto con el especialista, en los casos que razones asistenciales de urgencia o emergencia así lo determinen.
Además, propone que los profesionales obstetras puedan extender certificados de gestación, atención, descanso pre y post natal, nacimiento, confección de historia clínica y evolución de la misma, y otros preventivos promocionales, como así también expedir las órdenes de internación y alta para la asistencia del parto de bajo riesgo en todos los ámbitos.
La presidenta de la Comisión de Salud, María Elena Chieno (FpV), señaló a parlamentario.com que “el objetivo es poner una normativa que reglamente el trabajo de los obstetras, actualmente regulado por la ley 17.732 de Ejercicio de la Medicina de 1963 que considera a la obstetricia como una profesión auxiliar y no le permite toda una serie de acciones para las que en verdad están capacitados”.
Con esta iniciativa, los licenciados en obstetricia dejarán de ser auxiliares de medicina para estar incluidos en el nomenclador nacional y así poder actuar como una profesión independiente. Esto implica, entre otras cosas, que dejen de depender laboralmente de los médicos que los contratan y determinan sus salarios.
“También van a poder hacer indicaciones medicas, recetar vacunas, medicamentos, encargar estudios y firmar pedidos para las obras sociales. Lo que hacemos es incorporar esta profesión para que las obras sociales puedan pagar sus servicios así como se le paga a un quinesiólogo. Porque hasta ahora, si el pedido de servicio no lo firma un médico, la obra social no lo paga”, explicó la diputada Chieno.
El dictamen fue elaborado en base los proyectos de diputados radicales y del Frente para la Victoria.
