Diputados de la oposición y organizaciones sociales cuestionaron la actitud del oficialismo respecto del tratamiento del proyecto que cuenta con la aprobación del Senado.
Ante lo que calificaron como el silencio del oficialismo frente al reclamo de Greenpeace por la ley de Basura Electrónica, diputados nacionales de los bloques de la Unión Cívica Radical, el Peronismo Federal, Libres del Sur, Unidad para el Desarrollo Social y la Equidad y organizaciones sociales (Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Fundación Ciudad, Los Verdes, El Taller Ecologista de Rosario, Vecinos Autoconvocados contra la CEAMSE de González Catán y Greenpeace) solicitaron en conferencia de prensa el urgente tratamiento de la iniciativa.
El proyecto se encuentra trabado en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja que preside el kirchnerista Roberto Feletti, y perderá estado parlamentario si no es tratado en los próximos 10 días.
Los legisladores Ricardo Gil Lavedra, Enrique Thomas, Daniel Germano, Victoria Donda, Carlos Carranza y María Luisa Storani, y las entidades citadas se manifestaron profundamente preocupados por la crisis creciente de los residuos sólidos urbanos en general, y de los residuos electrónicos en particular. Señalaron que en el contexto actual de colapso de los rellenos sanitarios, es “un despropósito que el oficialismo deje caer un proyecto para que la parte más contaminante de los residuos sea recuperada y reciclada evitando que se envíe a los rellenos y basurales”.
“Solicitamos al Gobierno nacional que afirma que las organizaciones ambientalistas no nos ocupamos del problema de la basura, que deje de frenar la Ley de Gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, que lleva casi 5 años en el Congreso de la Nación”, expuso Eugenia Testa, directora Política de Greenpeace. La Ley cuenta con media sanción del Senado, obtuvo dictamen de las comisiones de Recursos Naturales e Industria, y se encuentra a la espera del último paso antes del recinto: el tratamiento en la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
De no ser aprobada durante lo que resta del año, se perderá todo el trabajo realizado por legisladores, ONG, organismos del Estado, Cámaras y empresas de recicladores, entre otros.
“Vengo a acompañar el esfuerzo de Greenpeace y de las restantes organizaciones que vienen trabajando por esta norma. No solamente la basura electrónica tiene un altísimo poder contaminante, sino también en muchísimos casos puede ser reciclada y aprovechable. Por eso, debemos seguir los estándares internacionales existentes”, sostuvo el diputado Ricardo Gil Lavedra.
El proyecto de ley frenado busca dar tratamiento a la fracción más tóxica y que más rápido está creciendo de la basura domiciliaria. Esta ley dispone la prohibición de sustancias tóxicas en la fabricación y obligaría a las empresas a hacerse responsables legal y financieramente de la gestión –reutilización y reciclado – de los residuos de sus aparatos.
En Argentina, cada año se descartan 400 millones de pilas y se generan más de 120 mil toneladas de basura electrónica. Sin embargo, en el país aún no existe un sistema de gestión que haga frente a estos residuos y le dé un tratamiento adecuado. Además de contener sustancias tóxicas, estos residuos tienen materiales que pueden ser recuperados y reciclados, que hoy se están tirando a la basura; más del 95% de un celular puede ser recuperado.
