Diputados aprobó un proyecto del responsable nacional del Movimiento Evita, Leonardo Grosso, que propone a las autoridades educativas la implementación de jornadas para consolidar la “concepción democrática de la seguridad” y repudiar los casos de “gatillo fácil”.
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado un proyecto de ley del diputado Leonardo Grosso (Frente para la Victoria) que declara al 8 de mayo como Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional.
La iniciativa propone a las autoridades educativas de las distintas jurisdicciones que acuerden la inclusión en los respectivos calendarios escolares de jornadas alusivas al Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional, a los efectos de consolidar “la concepción democrática de la seguridad respetando la plena vigencia de los derechos humanos, la sujeción irrenunciable de las fuerzas de seguridad al poder político y la protección de los derechos de los grupos más vulnerables de la sociedad”.
“Los motivos que originan la presente propuesta son tan lamentables como alarmantes. Detrás de la construcción semántica ‘violencia institucional’ se acumulan día tras día víctimas de graves violaciones a los derechos humanos ocasionadas por el accionar violento de las fuerzas de seguridad, abusos que van desde detenciones arbitrarias hasta muertes por ‘gatillo fácil’”, explicó el diputado Grosso.
El diputado explicó que la fecha es en alusión de la denominada “masacra de Budge” de 1987, cuando Oscar Aredes de 19 años, Agustín Olivera de 20 años y Roberto Argañaraz de 24 años, “eran asesinados, ejecutados por efectivos de la policía bonaerense en la esquina de Figueredo y Guaminí” de dicha localidad bonaerense.
Grosso sostuvo que desde 1983 “ya son más de 1900 las víctimas de la violencia institucional. Más de 1900 fusilados con el gatillo fácil, detenidos, torturados y muertos. Más de 1900 cuyo único crimen es ser jóvenes y pobres”.
Para el responsable nacional del Movimiento Evita, “es necesario visibilizar la cuestión de la violencia institucional, concientizar a los ciudadanos de sus nefastas consecuencias, adoptar medidas tendientes a su prevención así como al saneamiento de las prácticas de uso común en las fuerzas de seguridad que culminan en casos como los aquí relatados”.
“En momentos de ampliación de derechos se impone un cambio cultural respecto del modelo de seguridad que queremos construir como sociedad, apostando irreductiblemente al de seguridad democrática con respeto irrestricto por los derechos humanos”, sostiene Grosso entre los fundamentos de la iniciativa.
