Un proyecto que vulnera el derecho de propiedad que preservan tanto la Constitución Nacional como la de la provincia de Buenos Aires (arts.17 CN; 10 y 31 de la CPBA).

Al enterarnos de la existencia de esta iniciativa comenzamos su análisis con la expectativa de ver en ella los cambios que necesita una política habitacional que lleva más de dos décadas de fracaso. Suponíamos un replanteo con criterio urbanístico superador para las nuevas viviendas. El fin de la indignidad humana que supone someter a nuestros conciudadanos de escasos recursos a vivir en los pequeños habitáculos que provee el Estado, donde es difícil imaginar el desarrollo de la vida familiar.

Pensamos que este Proyecto tendría en cuenta la posibilidad de un pequeño espacio libre lindero a la vivienda; la posibilidad futura de su expansión o el contacto con la naturaleza cuando ello fuera posible.

Lamentablemente nada de esto ocurrirá. El oficialismo con su mayoría, intentará corregir sus errores, profundizando los existentes y creando otros nuevos. Esta propuesta está lejos de instaurar un sistema eficiente que permita soñar con la vivienda digna que establece el artículo 14bis de la Constitución Nacional.

No dudamos de las buenas intenciones de sus autores. Pero el análisis de la iniciativa genera dudas. Tiene un profuso carácter declarativo que puede prestarse a la subalternación de instituciones municipales. Asimismo, hasta pone en peligro al pequeño propietario de una parcela urbana baldía, que en la inmensa mayoría de los casos es baldía por falta de recursos y no por especulación.

El Gobernador pretende llevar tranquilidad sosteniendo que hará una reglamentación restrictiva. Dudamos francamente de que pueda lograrlo.

Por supuesto, compartimos el principio de la función social de la propiedad y el castigo a su improductividad. Pero esta penalidad debe considerarse en el marco de la Constitución. Podemos coincidir con que se apliquen mayores impuestos, pero no con la solución que propone este proyecto; propiciando expropiaciones cuando la buena praxis de este instituto es de aplicación restrictiva.

Es falso que la discusión de esta Ley deba estar centrada en el aporte que deban realizar las urbanizaciones cerradas o abiertas. La justicia social pasa por otro lado. Es cierto, quienes más tienen más deben aportar para solucionar problemas acuciantes como el de la vivienda. Pero, esto puede y debe hacerse sin necesidad de avasallar la propiedad privada.

Como propuesta, entendemos que con la fiel administración de los recursos públicos debidamente adecuados, podríamos CREAR UN BANCO DE TIERRAS que funcione; mejorar y continuar la directriz del Plan de Viviendas Eva Perón; pensar en urbanizaciones con provisión de servicios públicos esenciales. Lamentablemente parece no ser esta la idea. Por el contrario, se pretende efectuar excepciones sobre la anticuada Ley 8912 y no para mejorar parámetros de habitabilidad justamente.

Necesitamos que esta iniciativa sea reformada, adecuada a los parámetros constitucionales y al respeto de las instituciones. El combate al déficit habitacional debe constituir una política de Estado y no una declamación que presume de reformista y terminará siendo un instrumento inútil.

Queremos una ley de acceso justo al hábitat. Trabajemos para mejorar esta media sanción y garantizar los derechos de todos, a través del consenso podremos intentar mejorar la vida de nuestros comprovincianos.

Roberto Raúl Costa es senador provincial y vicepresidente II de la Cámara alta de la provincia de Buenos Aires.