El interbloque de diputados nacionales del FAP manifestó su preocupación por el proceso de integración de la autoridad de aplicación de la Ley de Medios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y las impugnaciones presentadas contra la candidatura de Alejandro Pereyra, del FAP, para formar parte del directorio.

Las impugnaciones presentadas develan para el FAP “una estrategia de exclusión del FAP, fundada en mentiras y agravios inconsistentes, con desprolijidad e intencionalidad”.

A través de un comunicado, el interbloque señala que “todas las presentaciones copian argumentos de manera textual y se apoyan en un hecho que en el año 2003 motivó la apertura de una causa penal que fue sobreseída”. Afirman que Pereyra dictó clases en la Universidad de La Plata y que eso es desconocido por los impugnantes como una causal que “en realidad no existe”. “Tampoco se puede cuestionar al profesional propuesto en lo ético, profesional o en sus convicciones y compromisos democráticos -agregan-. La formación académica y experiencia profesional de Pereyra ha sido el elemento principal para su postulación por su acabada capacidad para el ejercicio de la tarea de control del organismo y de la aplicación de la ley. Con suficiente antelación, Pereyra también denunció el listado de sus clientes, poniendo a disposición de su designación, la renuncia a todos ellos”.

Por lo tanto, “convencidos que no existen razones que justifiquen la impugnación de nuestro candidato, la única intención del Gobierno es atacar al FAP como principal fuerza de oposición, y en el mismo sentido que se ha venido haciendo con otros de sus referentes políticos”, afirma el comunicado. A juicio del FAP, se ha puesto en evidencia que “lo que el Gobierno no quiere es ser controlado, para poder seguir violando la norma, aplicando discrecionalmente, y atropellando el funcionamiento de las instituciones de la República”.

“Rechazamos la impugnación, exigimos la designación de nuestro candidato Alejandro Pereyra en el directorio del AFSCA y reservamos las vías de acción judicial y administrativa para proteger el nombre y honor de la persona, y el espacio de representación institucional que corresponde a nuestro Frente. Porque la aplicación de la ley implica aceptar los controles sobre la autoridad de aplicación”, concluye el comunicado.