Fue una semana enteramente olvidable para el gobierno nacional, que se cerró de la peor manera. Anunciando aumentos en las tarifas de luz y gas, que se concretan, tardíamente, exactamente un año después de que se anunciara el inicio de la etapa de “sintonía fina”, en la que las autoridades nacionales preveían comenzar a sincerar un sistema financiado por millonarios subsidios.

Al comenzar el verano el gobierno había anunciado la creación de una lista para aquellos usuarios dispuestos a renunciar voluntariamente a los subsidios, que no creció como se esperaba. La aplicación de esa quita de beneficios quedó menos que a mitad de camino, y de buenas a primeras el gobierno dejó sin efecto ese camino emprendido. No hubo explicaciones y la única hipótesis más o menos confiable es el susto que causó la tragedia de Once, el 22F (ya que ahora está en boga esa forma de definir las fechas emblemáticas), hizo retrotraer todos los planes que pudieran resultar antipáticos para una población sensibilizada.

Con todo, el anuncio de aumentos no causó conmoción en la gente ya a maltraer por una inflación ascendente, ni fue por lejos lo peor de una semana que arrancó con un paro que -ciertamente reforzado por piquetes que contribuyeron fuertemente en el resultado definitivo- tuvo un alcance contundente en los distritos más visibles. El mismo día de la medida de fuerza, la Presidenta salió a embestir contra sus adversarios sindicales. No quiso dejarles a Moyano y compañía el protagonismo solitario de las noticias de ese día y los atendió con dureza.

Su discurso de 35 minutos en la Vuelta de Obligado tuvo largos pasajes dedicados a la huelga de ese mismo día en general, y a los sindicalistas que la llevaban adelante en particular. Pero si bien circunscribió Cristina el paro a “algunos gremios de servicios y a la Capital Federal”, muchos más sindicalistas deben haberse sentido incluidos en su referencia. Hasta los popes de la CGT que conduce Antonio Caló, quien particularmente debe haber acusado recibo cuando la Presidenta aludió puntualmente a su reciente visita a Villa Constitución. “Era el lugar del gremialismo más combativo, donde estaban los obreros más calificados”, dijo, recordando que en los años de la represión “desaparecieron comisiones internas de delegados enteras”.

Ese sindicalismo al que hacía referencia era el sector del gremio metalúrgico opuesto al histórico Lorenzo Miguel. Caló es de la línea de Miguel, no la de Alberto Piccinini. El titular de la CGT cercana al gobierno debe haber sentido ese martes que el mensaje de Cristina no lo excluía. Como tampoco tuvo más remedio que involucrarse al día siguiente cuando el verborrágico Aníbal Fernández tuvo la idea de parangonar de algún modo a Augusto Timoteo Vandor con Hugo Moyano. Admirador confeso del histórico dirigente metalúrgico, Caló debió salir a cruzar al senador, del que piadosamente dijo que “se equivocó feo” al hacer esa referencia.

En su discurso presidencial del Día de la Soberanía y del paro opositor, la Presidenta volvió a aludir a la clase media y su crecimiento, basándose en un estudio del Banco Mundial que el gobierno se ha preocupado por difundir profusamente los últimos días, y por supuesto a la situación planteada con los fondos buitre. Pero dos días después el tema le estalló de lleno al gobierno, al conocerse el durísimo fallo del juez Thomas Griesa, que ha alineado a la Argentina en rumbo de colisión con un nuevo default.

La posibilidad de ingresar a un default técnico había sido anticipada en este espacio hace algunas semanas, cuando se supo que por la decisión favorable del magistrado neoyorkino hacia los bonistas que no ingresaron al canje, corría riesgo de embargo el próximo pago que fuera a hacer la Argentina en diciembre. Hablamos entonces del 2D, fecha en la que nuestro país debe concretar un pago de 3.300 millones de dólares a los acreedores que sí aceptaron el canje.

En adelante habrá que hablar del 15D, referencia trascendental que amenaza con desplazar en importancia al emblemático 7D. Esa es la fecha que el juez Griesa ha puesto como plazo para que la Argentina le pague a los holdouts 1.330 millones de dólares. El fallo es de una dureza inusual, por cuanto establece que nuestro país debe pagarle a quienes no ingresaron al canje el 100% del valor de los bonos. Si lo hiciera, Argentina quedaría expuesta a que toda la reestructuración de la deuda realizada por el kirchnerismo se desmorone, por cuanto los bonistas que sí ingresaron al canje demandarán un trato igualitario.

Todos coinciden en que en la dureza del fallo influyó la inflexibilidad del gobierno argentino, la clara tendencia a extender indefinidamente la cuestión y, sobre todo, la insistencia respecto a que no se les piensa pagar un solo dólar a los bonistas que no aceptaron el canje.

El fallo de Griesa cita puntualmente declaraciones de la presidenta Cristina de Kirchner y de su ministro de Economía. Ambos acusaron el impacto, y por eso Hernán Lorenzino fue moderado en sus expresiones del jueves, en el primer pronunciamiento oficial tras conocerse el fallo; la Presidenta prefirió no referirse al tema al día siguiente. Claramente entendieron que de nada sirve avivar el fuego en estas horas, salvo para alentar el fervor nacional de algunos, pero nada aportará para la disputa que hoy es estrictamente judicial.

Es así que los próximos pasos serán judiciales. Argentina adelantó a través de Hernán Lorenzino que apelará el fallo, pero es estrecho el margen para que la sentencia de Griesa vaya a revertirse en segunda instancia. En ese caso buscará llegar a la Corte Suprema, pero en Estados Unidos no es como aquí, donde en el Tribunal Supremo desembocan miles de causas. Guillermo Nielsen, uno de los protagonistas de la negociación del canje de deuda, explicaba esta semana que se corre el riesgo de que la Corte norteamericana ni siquiera acepte tomar el caso. De alrededor de 5.000 causas que llegan a ese tribunal, el mismo acepta entre 40 y 50… Apenas el uno por ciento de los casos.

¿Qué hacer entonces? Varios economistas han sugerido que el gobierno anuncie su disposición a pagarle a los holdouts los mismos montos que hasta ahora ha pagado a los bonistas que aceptaron las condiciones del canje. Y que está dispuesto a seguir abonando hacia el futuro pagos equivalentes, como así también que su disposición a discutir quien se hace cargo de las costas del juicio. No es lo que dice el fallo de Griesa, quien exige ahora el pago del 100% de lo reclamado. Pero la Justicia norteamericana podría llegar a ver con buenos ojos ese cambio de postura del gobierno argentino, que hasta sería bienvenido por la Reserva Federal de los Estados Unidos.

Uno de los que alientan esta alternativa es nada menos que Domingo Cavallo a quien en vida es muy probable que Néstor Kirchner hubiera llamado en secreto para pedirle una opinión. Pero no es lo que sucedería hoy. Las señales indican que el plan no incluye echarse atrás y pagar nada.