Tal cual se había anticipado, la iniciativa elaborada por el Gobierno porteño prevé una suba de impuestos para solventar el mantenimiento del servicio, como así también medidas especiales para asegurar la prestación del servicio. También, una revisión anual de la tarifa.
Finalmente ingresó a la Legislatura porteña el proyecto elaborado por la administración macrista para hacerse cargo del servicio de subterráneos.
La iniciativa cuenta con 81 artículos que seguramente despertarán serias controversias para permitir su aprobación.
El proyecto será debatido primero en el ámbito de la Comisión de Obras y Servicios Públicos que conduce el diputado Enzo Pagani. Lleva el nombre de “Ley de Regulación y Reestructuración del Sistema de Transporte Ferroviario de Pasajeros de Superficie y Subterráneo”, y expresa entre otros puntos la declaración de “emergencia por el término de 5 años la prestación del servicio de subte”.
Dentro de un plazo de 60 días, prorrogable por otros 30, SBASE podrá contratar en forma directa la operación transitoria del servicio, por un plzo inicial máximo de dos años, que podrá prorrogar sin que la duración total del acuerdo pueda exceder la vigencia del período de emergencia.
Durante el período de emergencia se podrá “fijar las tarifas y los cuadros tarifarios, sin necesidad de convocar a audiencia pública”.
Metrovías y/o su controlante “no podrá aumentar la dotación de personal asignado al Servicio Subte, hasta tanto no se alcancen niveles óptimos de productividad, en cumplimiento de los parámetros de gestión y eficiencia así como de los programas de modernización”.
El artículo 19 del proyecto señala que “en caso de conflictos colectivos que deriven en huelga del personal o de cualquier otro tipo de reclamo colectivo que afecte la prestación del servicio, se deberá garantizar la prestación de servicios mínimos, los cuales no podrán ser inferiores al 90% de los servicios regulares en horas pico y al 60% de los servicios regulares en horas valle”.
Se advierte a continuación que “la obstaculización o interferencia de la operación del Servicio Subte y cualquiera de sus actividades propias o conexas constituye infracción administrativa grave, sin perjuicio de las figuras o tipificación penal que pudieran corresponder”.
En caso de bloqueo de la prestación del servicio y/o compulsión a la huelga, y/o cuando por la fuerza se impida la prestación del servicio público esencial, “la concesionaria deberá realizar la denuncia penal correspondiente.
Se establece asimismo un régimen de multa para cualquier tipo de trasgresión que afecte el servicio.
En cuanto al régimen de tarifas, se habla de un servicio que deberá ser prestado “a tarifas justas y razonables”, y se establecerán bases para la revisión periódica de los cuadros tarifarios. En el artículo 31°, se indica que las tarifas “deberán ser revisadas anualmente y podrán ser incrementadas previa audiencia pública a la que deberán concurrir los prestadores del Servicio Subte, pudiendo concurrir las asociaciones de usuarios y consumidores debidamente registradas y las asociaciones gremiales”.
Los incrementos salariales serán trasladados automáticamente a la tarifa técnica en el momento en que queden vigentes.
Un tema que seguramente generará rispidez es el que tiene que ver con la jornada laboral, que será definida por la Autoridad de Aplicación considerando si las tareas a desarrollar, en cada caso, son o no insalubres.
En cuanto a los impuestos previstos para financiar el servicio, se establece que los combustibles premium abonarán $0,40 del precio sin impuestos establecido como valor de referencia por cada litro expendido de ese combustible, al igual que el gas oil de alta calidad, mientras que la súper aportará $0,30; el gas oil común 20 centavos y $0,15 por metro cúbico de GNC.
Las autopistas porteñas pasarán a costar 10 por ciento más de los valores actuales una vez aprobada la norma y en el artículo 58 pide modificar la ley tarifaria para gravar con una suma especial a los automóviles de más de 150 mil pesos.
