El pleno de la Cámara alta aprobó la Ley de Mercado de Capitales con 43 a favor y 19 en contra en una sesión especial que cierra el período ordinario legislativo. La iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional establece una reforma bursátil para eliminar la autorregulación y permitir una mayor presencia del Estado en las actividades financieras.

Desde el oficialismo plantearon que la legislación reemplaza a la de 1968 y promueve la canalización del ahorro hacia la inversión productiva, protege a inversores minoristas y propicia un mayor número de agentes de mercado.

Además, busca cooperar con la Unidad de Investigaciones Financieras y el Banco Central, incluye a las universidades públicas como calificadoras de riesgo, e insta a “federalizar” el sistema, mediante la apertura de dependencias de la CNV en el interior del país.

El senador Aníbal Fernández aseguró que se busca otorgar mayor “transparencia y protección a los consumidores” desde la participación del Estado que se posiciona como “promotor y generador de un nuevo instrumento del mercado financiero” ya que el espíritu de la ley es “regular la oferta y organizar el sistema”. Asimismo, el exjefe de Gabinete destacó la federalización de la normativa ya que potenciará la capacidad de ahorro de las provincias, ya que podrán participar incluso en fideicomisos: “Va a tener una fortísima intervención federal, ésta es la cuestión central”.

Sin embargo desde la oposición manifestaron las buenas intenciones y “objetivos nobles” de la ley aunque se mostraron disconformes con respecto a la redacción, especialmente con el artículo 20 que desató la polémica en los bloques del radicalismo, el FAP y el peronismo disidente. En el apartado se establece que la CNV puede intervenir en los directorios a favor de accionistas minoritarios a modo de veedor.

El radicalismo rechazó por completo el proyecto de ley ya que, en palabras de Gerardo Morales, quien descree del incremento de las inversiones y especialmente del carácter federal de la ley: “El sistema económico es macrocefálico y descuida las economías regionales”. Asimismo enumeró los factores que ayudan al crecimiento de las inversiones: “Una menor inflación, sincerar los datos del Indec y la seguridad jurídica”. El titular de la bancada, Luis Naidenoff, aseguró que la normativa “profundiza la discrecionalidad y arbitrariedad”.

Desde el peronismo disidente, la senadora Sonia Escudero opinó que el artículo 20 “contiene un exceso de poder que viola la garantía constitucional” y explicó que para incrementar el mercado de capitales es necesario “seguridad monetaria y jurídica”, ambas ausentes a su criterio debido a la inflación y a las estadísticas del Indec. De la misma manera la respaldó su par Juan Carlos Romero quien opinó que “el modelo está agotado” y criticó la conformación de calificadoras de riesgo estatales: “Podemos tener la más grande del mundo, pero no la van a creer, porque no funciona así”.

Por su parte el FAP decidió acompañar en general la ley aunque votó en disidencia una serie de artículos, especialmente el 20. Durante su exposición y como jefe de bloque, Rubén Giustiniani explicó que "la mayor regulación estatal es el motivo por el cual votamos esta ley".