Una vez más, varios y variados proyectos quedaron en el tintero en la Cámara de Diputados. Sea por cuestiones políticas o presupuestarias, lo cierto es que algunas iniciativas que vienen siendo reclamadas quedaron en el camino, y otras, que venían con trámite acelerado, terminaron corriendo la misma suerte. Parlamentario.com repasa una a una las cuentas pendientes.

Fertilización asistida La demanda para que obras sociales, empresas de medicina prepaga y el sistema de salud pública del país brinden cobertura de los tratamientos de fertilización se hizo oír en las puertas del Congreso en las últimas semanas, pero los reclamos no fueron suficientes.

El titular de la Comisión de Salud de la Cámara alta, José Cano, pidió durante la sesión de este miércoles que se tratara en el recinto el proyecto en cuestión, que ya cuenta con el aval unánime de Diputados y dictamen de comisión del mismo Senado.

Sin embargo, el oficialismo rechazó el pedido para incorporar el tema al debate. La senadora jujeña Liliana Fellner explicó que la iniciativa no perderá estado parlamentario y podrá ser abordada a lo largo del próximo año. El argumento recae en la intención de aguardar al tratamiento del nuevo Código Civil y Comercial, para después abordar la fertilización asistida.

Ley de Acceso a la Información Pública La norma es de vieja data y muchos legisladores opositores lamentaron la pérdida de estado parlamentario del proyecto que el Senado ya había aprobado hacia fines de 2010. En Diputados, se intentó en vano colar la discusión sobre tablas durante las últimas sesiones.

Distintas organizaciones, entre ellas el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y Poder Ciudadano, firmaron un documento en el que volvieron a quejarse por “otro año legislativo perdido”. El proyecto busca generar mayor transparencia por parte de los tres poderes del Estado a la hora de informar al ciudadano que lo requiera. Incluye también a las universidades nacionales y aquellas entidades privadas que perciben dinero de las arcas públicas.

Ley de Basura Electrónica. Este año, la organización ecologista Greenpeace protestó frente al Congreso de las formas más descabelladas que tuvo a su alcance, pero aún así la norma no avanzó.

El proyecto que avaló el Senado quedó a un paso de llegar al recinto de Diputados: obtuvo dictamen de las comisiones de Recursos Naturales e Industria, pero quedó trabado en la de Presupuesto. Fuentes del Congreso vislumbran una interna dentro del oficialismo mismo, que impediría la sanción de la ley. Para Greenpeace, la ministra de Industria, Débora Giorgi, es “la principal responsable” de que no se trate y de favorecer así a “empresas de la Cámara de Comercio Norteamericana en Argentina (AMCHAN), que se manifestaron en contra del proyecto”.

El texto obliga a las empresas a hacerse responsables legal y financieramente de la gestión de los residuos de sus aparatos electrónicos. Esto implica la reutilización y reciclado, ya que muchos residuos –que además contienen sustancias tóxicas que serían prohibidas- tienen materiales que pueden ser recuperados.

Trata de personas Hay iniciativas presentadas por legisladores de todo el arco político que buscan modificar la Ley 26.364 en lo que hace a la prevención y sanción de la trata de personas con fines de explotación sexual. Incluso el Senado logró aprobar un proyecto unificado. A pesar de ello, el tema no es tan sencillo.

Se trata de una cuestión que divide transversalmente a los bloques y que, según comentó una fuente implicada a parlamentario.com, se divide en dos grandes ejes en los que hay que ahondar para encontrar consensos.

Por un lado, la propuesta aumenta el castigo a los implicados en el delito y erradica como atenuante de la responsabilidad de los acusados el supuesto consentimiento de la víctima. “Esto habría que estudiarlo con prudencia, no todo el mundo está de acuerdo”, deslizan, ya que esto implica también modificar la promoción de la prostitución.

Por otra parte, para ampliar la protección de las víctimas, el proyecto venido del Senado crea un Consejo Federal destinado al tema de la trata, que podría tornar “más burocrática” la cuestión para las víctimas. “Si bien es necesario coordinar, ya existen organismos dentro de la Ley de Ministerios que se pueden ocupar del tema”, acotan. Además, están de por medio los condicionamientos de presupuesto.

Los asesores ya trabajaron el tema y la Comisión de Legislación Penal hizo lo suyo en dos oportunidades, pero no hubo unanimidad de criterios. En cambio, la Comisión de Familia nunca convocó a debatir la nueva Ley de Trata, y aseguran que fue por eso que el proyecto no avanzó, ya que “hay que tratarlo en forma conjunta”. Empero, aseguran a este medio que la ley “ha quedado en el primer lugar de los compromisos para el año que viene”.

Despenalización de drogas El tema cobró un inesperado impulso este año a raíz de un proyecto del senador kirchnerista Aníbal Fernández. En Diputados, la Comisión de Prevención de Adicciones, al mando del radical Mario Fiad, convocó a varias audiencias públicas, donde se escucharon voces de especialistas y víctimas del consumo, tanto a favor como en contra.

La iniciativa para despenalizar la tenencia personal de estupefacientes marchaba viento en popa, pero los diputados pusieron un pie en el acelerador y se dedicaron primero a aprobar otro proyecto, que crea un Plan Integral de Prevención, Asistencia e Inclusión Social para personas con problemas de adicciones. Según indicaron fuentes del Congreso a este medio, esa era la prioridad para los legisladores, ya que el programa apunta a “dejar de tratar al adicto como un delincuente”.

Pesificación A mitad de año, el tema del cepo al dólar se instaló de lleno en la opinión pública, pero no así en el Congreso, donde llovieron opiniones pero no avanzó ningún proyecto.

Con el fin de “recuperar la cultura de la moneda nacional”, el oficialista Edgardo Depetri había presentado una propuesta de ley para pesificar contratos en los que se modifique el dominio de bienes muebles e inmuebles, así como de locación o arrendamiento de cosas, en el marco de la política de desdolarización impulsada desde el Gobierno. Pero la cuestión no fue más allá.

Blanqueo del Veraz Se trata de un proyecto del oficialista Rubén Yazbek para incentivar el crédito al que los deudores, hoy por hoy, no pueden acceder por quedar “atrapados” en estas bases de datos aún habiendo saldado su mora.

Había gran consenso para avanzar con esta iniciativa, pero el entusiasmo fue mayor en asesores que entre los diputados y el dictamen nunca vio la luz. El plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y Finanzas se frustró más de una vez, pero según apuntaron a parlamentario.com, hay un texto acordado y no hay dudas de que avanzará.

De convertirse en ley, por única vez se declararía una especie de “amnistía” para los afectados que registren deudas de hasta 10 mil pesos que fueron canceladas, regularizadas o no. Además, en el proyecto se propone que cuando la deuda de capital sea inferior a un salario mínimo vital y móvil, la persona no podrá quedar incluida en los bancos de datos.

Jubilación anticipada Otro proyecto que cuenta con consenso, pero no con dictamen. La prestación anticipada por desempleo fue propuesta por el oficialista Juan Carlos Díaz Roig, presidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, y se sumaron otros textos que quedaron para ser unificados en asesores.

La iniciativa propone un beneficio para aquellas personas que no tengan la edad de jubilarse, pero que sí hayan realizado los aportes requeridos y en la actualidad se encuentren desempleadas. Una fuente implicada en el tema consignó que el tema no avanzó “por una cuestión de presupuesto”.

Voto de extranjeros La iniciativa encabezada por Aníbal Fernández formaba parte del “paquete” que incluía también el voto a los 16, que sí se convirtió en ley. Pero el sufragio de extranjeros con dos años de residencia en nuestro país nunca gozó del mismo consenso, y finalmente se decidió dejar la discusión “para el futuro”.

Boleta única Una vez más, los insistentes reclamos opositores no lograron hacerle frente a la mayoría del kirchnerismo para discutir este tema, junto a otros como la implementación del voto electrónico. La Comisión de Asuntos Constitucionales había organizado una serie de audiencias para escuchar a expertos en el tema, pero muchos diputados acusaron al Frente para la Victoria de querer “dilatar la discusión” y así fue como volvió a diluirse.