El gobierno ganó tiempo en los estrados judiciales

Por José Angel Di Mauro

Venía trastabillando el gobierno los últimos tiempos. A las protestas sociales con fuerte repercusión, se le sumó una serie de traspiés judiciales que no hicieron otra cosa que crispar los ánimos oficiales y oscurecer el panorama. Los pronósticos no eran mejores; hace apenas unos días los diagnósticos más imparciales coincidían en aventar cualquier signo de optimismo respecto de lo que fuera a resolver la Corte de Apelaciones de Nueva York, en función de los antecedentes que no nos venían beneficiando.

Al fallo adverso de Thomas Griesa lo antecedió la situación planteada en Ghana, donde un juez embargó la emblemática Fragata Libertad, retenida desde el 2 de octubre pasado en el puerto de Tema, con pronóstico reservado.

Los vientos comenzaron a cambiar el martes, cuando se conoció el oportuno fallo de la Corte de Apelaciones que suspendió la sentencia del juez Griesa. Fue una resolución pírrica que si bien no soluciona el problema, permite respirar aliviados al menos tres meses. La Argentina podrá cumplir con las tres instancias de pago previstas para diciembre y un año con fuertes erogaciones en materia de deuda concluirá tal cual se había previsto.

La actitud de la justicia norteamericana no obedeció a la comprensión del daño que estaba causando con su accionar el juez neoyorkino, sino al cambio de actitud del gobierno argentino y las señales de predisposición para encontrar una solución, inéditas en los días previos. La apelación argentina fue presentada el lunes 26, bien tarde; diversas fuentes afirman que no fue nada fácil convencer a la Presidenta de abrir ciertos resquicios, mostrando la alternativa de aceptar pagarle a los que no quisieron entrar al canje.

El peso de la realidad ya había moderado los últimos días los discursos de la Presidenta y su ministro de Economía, citados puntualmente en la sentencia de Griesa, y ya no hubo sonoras críticas al juez, ni una cerrada negativa a la posibilidad de pagar. Cristina sigue pensando del juez norteamericano peores cosas de las que ya ha dicho, pero limita esas opiniones al ámbito privado. Sabia decisión.

Como lógica fue la postura expresada en la presentación judicial de avenirse la Argentina a efectivizar el pago de la deuda a los bonistas que quedaron fuera del canje, si aceptan ingresar al mismo, tras una nueva apertura que de todos modos todavía no está resuelta. Esa alternativa es la que sugerían economistas que no están cerca del gobierno, y que recomendaban ofrecer el pago de los mismos porcentajes de los que sí ingresaron al canje. No es lo que pidió el juez Griesa en su sentencia, donde concede la razón a los demandantes en cuanto a cobrar el 100%, de ahí que la Presidenta insista en que lo del magistrado norteamericano “no es ‘pari passu’” (tratamiento igualitario de acreedores).

El gobierno ganó tiempo hasta febrero, y tanta preocupación había, que el alivio que revelan los rostros de sus miembros más encumbrados asemeja una victoria que no sucedió, pero que como venían las cosas, hoy alcanza. Muy cerca de la Presidenta se responsabiliza a los seguros de default. Llamados Credit Default Swaps (CDS), son instrumentos financieros que contratan los acreedores para asegurarse el pago ante la posible quiebra del deudor. Los seguros contra un default a cinco años venían subiendo de manera exponencial, hasta rozar los últimos días los 3.000 puntos básicos, el más alto en el mundo. Tras el nuevo fallo, bajaron.

“Hay compañías norteamericanas e inglesas detrás de estas operaciones”, responsabilizó muy convencida una altísima fuente consultada por este medio, que apuntó sobre todo a los británicos.

Aun cuando todos los caminos conducían al default “técnico”, la Presidenta insistía en que Argentina pagaría. Hoy puede regodearse de no haber faltado a la verdad. También dijo que no le pagaría nada a los fondos buitre, y sin embargo ahora todos los caminos también conducen a esa alternativa. Para ello, el Congreso deberá suspender la Ley Cerrojo, tal como lo hizo el 18 de noviembre de 2009, cuando el Senado convirtió en ley la norma que le permitió al gobierno la reapertura del canje con los bonistas que habían quedado fuera del mismo en 2005.

Pero eso no sucederá ahora. Concluido el período ordinario, los diputados ya se fueron a sus provincias convencidos de ya estar de vacaciones, mientras que los senadores probablemente tengan que volver para tratar en diciembre pliegos diplomáticos y militares pendientes. Ni siquiera se abordará la unificación de los códigos Civil y Comercial, que Cristina había prometido para antes de fin de año.

¿No habilitarán extraordinarias para suspender otra vez la Ley Cerrojo? “No, ¿para qué? Si la justicia estadounidense citó a las partes recién para el 27 de febrero”, contestó la misma elevada fuente oficial ante la consulta puntual de este medio. Dos días después se inicia el período de sesiones ordinarias y es probable que entonces la propia Cristina Kirchner anuncie ante la Asamblea Legislativa los pasos a seguir. Por lo pronto, no correrán el riesgo de hablar tres meses de la reapertura del canje, sin señales previas de que eso será suficiente para convencer a la justicia norteamericana.

No menos sencillo será convencer a los bonistas que ya dos veces no ingresaron al canje, sobre todo los fondos buitre. ¿Por qué habrían de hacerlo ahora, cuando Argentina está arrinconada y en riesgo de tener que pagar sí o sí?

El gobierno dejó también de lado la retórica en el diferendo por la Fragata Libertad y mandó al Tribunal del Derecho del Mar a un equipo jurídico comandado por la experimentada Susana Ruiz Cerruti, para tratar de convencer de que el buque escuela es una nave de guerra y como tal resulta inembargable. El organismo ya ha dicho que se expedirá el 15 de diciembre, y en el gobierno se ilusionan con poder cumplir entonces la promesa de que antes de fin de año la nave esté de regreso.

En días signados para el gobierno por disputas judiciales, la propia Presidenta debió declarar esta semana como testigo y querellante en la causa que se tramita en Italia contra dos periodistas, por la publicación de un artículo que Cristina de Kirchner consideró “agraviante”. Durante casi dos horas y media, debió contestar por videoconferencia en Olivos más preguntas que en todo su mandato (49), y al cabo se la vio con el semblante de quien sabe que va a ganar ese juicio. Con todo, no dejó de hacer ruido que el destino pusiera como fecha de declaración a la misma semana en la que el Grupo Clarín se metió en camisa de once varas por una denuncia penal que involucró a periodistas, aunque luego la empresa dijera que era sólo en calidad de testigos. “Son casos diferentes -enfatizó la Presidenta-, esa denuncia fue por la opinión de los periodistas a los que acusó”.

Amén de todas estas cuestiones judiciales, la causa que le quita el sueño al gobierno ya se sabe cual es: la relacionada con la Ley de Medios, que ya está en cuenta regresiva. Este aire ganado en tribunales internacionales le servirá para abocarse de lleno a este tema, como lo viene haciendo desde hace meses.

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