El legislador apuntó que el buffet que defiende los intereses argentinos en Estados Unidos asesora a empresas multinacionales y reúne antecedentes que sugerirían que su propuesta es “seguir y seguir pagando”.
El diputado Claudio Lozano sostuvo que “al producirse el embargo de la Fragata Libertad y el fallo del juez Griesa, la respuesta inmediata de la presidenta de la Nación fue que no se pagaría ni un dólar a los denominados fondos buitres. A poco de andar, la respuesta argentina cambió para aceptar pagarle a los buitres lo mismo que al resto de los que ingresaron al canje”.
“Sin duda alguna, habrán existido razones que precipitaran tal cambio de opinión. Una, y muy poderosa, es el asesoramiento que el estudio de abogados Cleary, Gopplieb, Steen y Hamilton LLT, realiza para el Gobierno argentino”, apuntó el diputado de Unidad Popular.
A través de un comunicado, Claudio Lozano dijo que una rápida reseña acerca de este estudio permite saber cuáles fueron las razones para semejante cambio de decisión. Apuntó al respecto que “este estudio, que fuera fundado en 1946 y que cobra aproximadamente unos 1.500 dólares la hora de asesoramiento, alcanzó su real posicionamiento en el marco de la estructuración del Plan Brady entre 1990 y 1995. Este buffet se encargó de todas las negociaciones, asesorando a los países deudores como México, Argentina, Chile, Uruguay y Ecuador. Luego continuó con su asistencia profesional a estos países, Brasil y Bolivia”.
Lozano dijo que ese estudio ha asesorado, y continúa haciéndolo, a empresas multinacionales y a las más importantes instituciones financieras, como el City Bank, ABN AMRO, City Group, Global Market, Bank of America, HSBC, Goldman Sachs, Royal Bank of Canadá, Deutsche Bank, DN Paribas, Crédit Suisse, Credit Lyonnais, BBVA, Société Générale, contando entre sus especializaciones la defensa de ejecutivos involucrados en delitos financieros.
“La sola enunciación de estos antecedentes permite concluir, que el único asesoramiento que este estudio propone es 'seguir y seguir pagando'”, estimó el diputado.
A la vez, lo expuesto demuestra para Lozano “el relato vacío que el Gobierno mantiene en materia de defensa de nuestros intereses soberanos, no sólo no revisó ni declaró la nulidad de una deuda conformada por bonos, que al emitirse violaron varios artículos de nuestra Constitución, y que por lo tanto son ilegales; no sólo continúa emitiendo el mismo tipo de bonos en las reestructuraciones, del 2005 y 2010, sino que además mantiene como asesor al mismo estudio que en su momento contratara Menem y que representa a los bancos acreedores, a los Fondos de Inversión y a las empresas trasnacionales”.
“En suma, el gobierno obliga a la Argentina a dormir con el enemigo”, concluyó Claudio Lozano.
