El Reglamento de 1811, primer texto constitucional de la Argentina, empezaba prohibiéndole al Ejecutivo “conocer en asunto judicial alguno” o “avocarse a causas pendientes”.

Años más tarde, en sus Bases, Juan Bautista Alberdi sostuvo que la interpretación de la constitución y las leyes debía ser potestad exclusiva del poder judicial, “sin ninguna limitación en cuanto a la validez de sus decisiones”-

Ese principio fue establecido en la Constitución de 1853 y ha sobrevivido a todas las reformas, incluida la de 1949. Es el actual artículo 116 de la Carta Magna: “Corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación, el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución, y por las leyes de la Nación”

Sin un poder judicial independiente, un país no tiene derecho a llamarse República.

El Ministro Julio Alak no lo cree así. Sus declaraciones de ayer parecen encaminadas a establecer un nuevo principio: el de la Indivisión de Poderes.

La idea suena más que extraña en boca de alguien que, como el Ministro, dicta Derecho Público en la prestigiosa Universidad de la Plata.

Sin embargo, allí están sus palabras.

¿Cómo entender que la justicia pueda “alzarse contra una ley de la Nación”, cuando es la justicia la única facultada para interpretar las leyes?

El ministro dice que el Ejecutivo “ha detectado resoluciones extrañas” de la Cámara Civil y Comercial, la cual, según “un indicio vehemente” de que “ha incumplido” una ley.

Si los jueces insistieran en resolver lo que crea justo, se crearía, a juicio de Alak, un “conflicto de poderes”. Es que el Ejecutivo se propone interpretar a su manera una ley, y ejecutarla le guste o no a la justicia.

Más que “conflicto de poderes”, habría el avance de un poder sobre otro.
¿Cuesta creer que el ministro quiera convertir al actual gobierno constitucional?legitima y contundentemente elegido- en un gobierno de facto.

Hubo quienes lo hicieron antes. Aquel estatuto de 1811, que prohibía al Ejecutivo meterse en los asuntos judiciales, no fue del gusto de Bernardino Rivadavia: el poder detrás del triple trono del Primer Triunvirato. Rivadavia hizo anular el Reglamento y reemplazarlo por un Estatuto Provisional, que convirtió al Triunvirato en tribunal de ultima instancia, toda vez que, a su propio juicio, “lo exigiese el imperio de la necesidades y las circunstancias del momento”.

Eso deslegitimó al Triunvirato, que al año siguiente fue desplazado por José de San Martin.