La iniciativa, impulsada por el diputado oficialista Marcelo Feliú, permite que el paciente terminal o los familiares (en caso de imposibilidad o inconciencia del enfermo), rechacen procedimientos que no ayuden a revertir ni a mejorar la salud de la persona, con la intención de evitar el encarnizamiento médico y la prolongación de la agonía. Al mismo tiempo, protege al médico en forma explícita de eventuales juicios de mala praxis.

“Estamos respetando la autonomía y la voluntad de cada persona para decidir sobre su vida en los momentos terminales o de agonía”, argumentó Feliú, quien precisó que “si esta autonomía no puede expresarse a cargo del paciente terminal, los familiares más cercanos serán quienes puedan tomar esa determinación”. Además, el diputado resaltó que la norma “no obliga a nadie, sino que sólo permite una libre elección”, al tiempo que añadió: “si alguien decide algo distinto a lo que esta ley habilita, está en todo su derecho y se le garantiza la posibilidad de elegir”.