Al terminar la semana, el kirchnerismo dio una nueva lección para que quienes se le oponen se convenzan de que no lo deben dar nunca por vencido. Si no aprendieron con la resurrección post 2008/09, vale el cierre de esta semana, que apenas con un dato -esperado, pero contundente- alcanzó para verificar que suele arreglárselas módicamente para terminar más o menos erguido, aun cuando no la venía pasando bien.

En términos boxísticos, podrían usarse como figura las imágenes de la pelea entre “Maravilla” Martínez y Julio César Chávez Jr, quien tras ser demolido paulatinamente a lo largo de once rounds, en el último encontró la mano que tumbó a su rival. Claro, el final no fue ese, pero paremos la película en ese instante y estaremos situados en el día viernes, cuando el kirchnerismo encontró finalmente el fallo del juez Alfonso que le devolvió los bríos y lo llevó de nuevo al centro del ring. Terminó así con sensación triunfadora una semana con muchos claroscuros, pero en general olvidable.

Una semana que se inició con el insípido 7D, que por tantas expectativas sobrevaluadas terminó generando frustración en la militancia K, que remontó con el multitudinario acto del domingo en Plaza de Mayo, pero que volvió a oscurecerse con el caos del miércoles, en el que dos movilizaciones pusieron patas para arriba a la Ciudad de Buenos Aires y en particular al sistema de seguridad kirchnerista.

El fallo del juez Alfonso que dictaminó la constitucionalidad de los artículos de la Ley de Medios objetados por el Grupo Clarín, cuya cautelar también hizo caer, no sorprendió. Tal vez sí la fecha, pero se lo esperaba para antes del receso de las fiestas. El dictamen del fiscal, conocido 48 horas antes que la resolución del juez, anticipó claramente el tenor de la sentencia que llegaría y que esperaba el Grupo Clarín de parte de este juez de primera instancia.

Con todo, la cuestión no termina aquí, pero los tiempos se aceleran. La obvia apelación empresarial encontrará nuevamente la apelación gubernamental al “per saltum”, que esta vez la Corte Suprema aceptará. En un ámbito donde no suele haber sorpresas, se habla de un fallo final salomónico en el que la ley podría ser considerada constitucional y a partir de entonces comenzaría a correr el tiempo de un año para desinvertir. Ante esa presunción, el juego del grupo empresarial es que se estiren al máximo los tiempos de esa sentencia, de modo tal que las fechas estén lo más cerca posible de 2015.

Más allá de la “yapa” de la liberación de la Fragata Libertad, concedida el sábado, queda claro que más allá de todo lo que esa pelea pueda representar para el poder político, las inquietudes ciudadanas pasan por otro lado. Es obvio que la gente debió sentirse más interesada por las imágenes que veía en la TV -sino debió sufrirla en carne propia- el miércoles, cuando la ciudad estuvo sometida al imperio de la violencia. Prueba de lo fuerte que repercutió en el gobierno la cuestión es la salida del jefe de la Policía Federal, producida no como fusible, sino por decisión del propio protagonista tras pelearse a los gritos con el segundo del Ministerio de Seguridad.

Otra vez la autoridad real de la ministra Nilda Garré quedó en tela de juicio, como está desde que Sergio Berni comenzó a ganar espacio a expensas de ella. Se sabía que la Policía ya no le respondía a Garré, sino que era el secretario el que la manejaba y sus decisiones prevalecieron a la hora de actuar las fuerzas de seguridad durante el asalto a la Casa de Tucumán y en el desmadre de los festejos del “día del hincha”. Cuentan las fuentes consultadas que la discusión entre el jefe de la Federal y Berni se planteó en torno a la decisión oficial de dejar solos a un puñado de policías en el interior de la sede provincial atacada, cuando Capdevila sugería hacer intervenir a los refuerzos reprimiendo. Cerca de Berni aseguran convencidos que la decisión de inmolar a las escasas dos decenas de efectivos que quedaron a la buena de Dios en la Casa de Tucumán fue la mejor, pues de lo contrario los incidentes se hubieran extendido al Obelisco, donde los hinchas celebraban y el desmadre hubiera podido ser luctuoso.

Para muchos fue un “deja vu” de dos diciembres atrás, cuando los incidentes del Parque Indoamericano. Entonces hubo muertos y ahí también se fue el titular de la Federal. En estas circunstancias, Garré se desentendió por la suerte de Capdevila, pasándole factura porque en el último tiempo hubiera optado por reportar ante Berni.

El origen de esa protesta fue el veredicto del juicio por el caso Marita Verón, que en el gobierno usaron para su pelea personal con el Poder Judicial que no le es afín, para demostrar que es pasible de modificaciones estructurales. Las intenciones oficiales se notaron inmediatamente, con las repercusiones oficiales frente al fallo tucumano, donde todos los oficialistas que hablaron se refirieron a “una justicia que da vergüenza”, a la que “se le están cayendo las máscaras”, al “partido judicial” y hasta a “jueces que dan asco”. La Presidenta dio un paso más allá al hablar a menos de 24 horas de la sentencia de la necesidad de una “democratización de la justicia”.

¿Qué debe interpretarse por tal definición? El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, Marcelo Fuentes, no anduvo con vueltas al hablar del tema. Sugirió la implementación del juicio por jurados, la limitación periódica de los mandatos de los jueces y la posibilidad de “revisión” de los mismos. Se habla incluso de la posibilidad de que la ciudadanía pueda votar a los jueces. Eso sería “democratización”.

Menos el juicio por jurados, que figura en la Constitución de 1994 sin que se lo haya implementado -en 2006 estuvo cerca de ser ley, impulsado por la propia senadora Cristina Kirchner, pero el propio kirchnerismo lo frenó-, las demás modificaciones exigirían una reforma constitucional. Y ya se sabe qué objetivo podría colarse dentro de la misma.

Mientras el gobierno busca exponer a cierta justicia, la gente se expresó descarnadamente justamente con el magistrado que es para el imaginario colectivo el paradigma del juez influenciado por el poder político. En el match Del Potro-Federer, Norberto Oyarbide se llevó tal reprobación que no pudo quedarse hasta el final, y se retiró entre las rechiflas generales. A partir de que su rostro apareció en las pantallas, el público se dedicó a reprobarlo. La gota colmó el vaso cuando los cánticos trocaron en cargadas y los propios jugadores llegaron a tentarse. En un saque de Federer, el suizo no alcanzó a entender la ocurrencia de un espectador, referida al juez, pero sonrió al ver que el propio Del Potro no podía contener la risa. Cuentan testigos que en esas circunstancias se retiró el magistrado.

El miedo a la reprobación general involucra tanto a jueces como a políticos. Estamos lejos de los tiempos de los escraches de 2002, pero se está extendiendo en el poder un temor generalizado a que la crispación que emana desde lo más alto encuentre un clima similar en el llano.