El Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados logró este martes emitir dictamen favorable al proyecto de reforma de le Ley de Trata de Personas tal cual vino del Senado, con el fin de convertirlo en ley este miércoles. Lo hizo en el marco de una reunión plenaria de las comisiones de Legislación Penal, Familia y Presupuesto.

Los bloques opositores se sumaron a la firma del dictamen y anunciaron que apoyarán la norma en general, pero plantearon observaciones y, sobre todo, se quejaron por no haber tratado el tema durante el período ordinario, además de reclamar por mayor “voluntad política” para combatir el flajelo de la trata.

“Estas modificaciones a la Ley de Trata significan una continuidad de la política de protección a los sectores vulnerables y víctimas de la trata iniciada en 2008”, explicó el titular de Legislación Penal, Oscar Albrieu (FpV), quien puntualizó que “3900 personas” fueron liberadas desde la sanción de la ley.

Por su parte, el presidente de la bancada radical, Ricardo Gil Lavedra, lamentó “no haber tratado el tema en sesiones ordinarias”, aunque ratificó el apoyo al proyecto en general: “Vamos a facilitar el tratamiento en el recinto”, anunció. Pese a ello, sostuvo que “no puede haber trata sin complicidad oficial” y que “hay que luchar contra la corrupción política que la estimula”.

Por el mismo bloque, María Luisa Storani alertó sobre la “reincidencia” de las víctimas liberadas: “¿Qué seguimiento hay? No tienen dónde ir ni reciben un peso del Estado Nacional, y vuelven a caer en las redes de prostitución”, cuestionó. Además, calificó de “inadmisible” el fallo que absolvió a todos los acusados por el secuestro y desaparición de Marita Verón. Precisó que desde 2008 hasta hoy sólo hay “12 condenas” en todo el país y “ninguna de ellas a los proxenetas”.

El oficialista Héctor Recalde expresó entre aplausos de su bloque que “los diputados de la Nación no pueden ser ajenos al contexto social que vive nuestro país”, al referirse al descontento por el fallo de la justicia tucumana. Gustavo Ferrari le contestó: “El contexto social de clamor popular ya existía antes del juicio”, sostuvo. El peronista disidente lamentó que “fuera necesario el juicio de Marita Verón para que estemos tratando esto”. Del mismo modo, Liliana Parada (FAP) opinó que “el clamor popular no debe ser el que rija la voluntad política”.

Su par Victoria Donda se sumó al rechazo por la “tardanza” en debatir el tema: “Deberíamos sentir vergüenza de que la sociedad nos diera una cachetada para sentarnos a hacer lo que hoy estamos haciendo”, exclamó, aunque recibió un duro revés de la kirchnerista Stella Maris Córdoba: “Hay que ser coherentes. A mi me parece sexista un afiche de campaña que diga ‘La política que le gusta a la gente’”, lanzó.

La tucumana consideró que se trata de un “combate que hay que dar con decisión política de todos los partidos y con consenso”, y agregó que “estas modificaciones son necesarias para que la ley se convierta en una mejor herramienta de judicialización”.

Por su parte, la ex Coalición Cívica Marcela Rodríguez consideró que “hay que responsabilizar a los que pagan por sexo” y pidió “políticas públicas eficaces”. “No creo que este proyecto se proponga eliminar la explotación sexual”, se sinceró.

Por último, el delasotista Francisco Fortuna habló del cierre de locales en Córdoba y explicó que “si permitimos que haya miles de burdeles en Argentina va a ser imposible implementar lo que esta ley plantea”. La socialista Alicia Ciciliani agregó que “si el Consejo Federal (que crea la ley para asistir a las víctimas) no funciona, los derechos no se van a concretar”.

La Ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas fue sancionada en 2008 e incorporó este delito al Código Penal. La reforma será convertida en ley en el marco de una sesión extraordinaria en la Cámara baja.