Desde las 13.20, el pleno de la Cámara baja discute el proyecto venido del Senado que aumenta las penas por este delito y elimina el consentimiento como causal para eximir a los acusados de responsabilidad penal.
La Cámara de Diputados de la Nación se apresta a sancionar las modificaciones a la Ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, en el marco de la sesión extraordinaria convocada para tal fin por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
El proyecto venido del Senado obtuvo dictamen favorable de las comisiones de Legislación Penal, de Familia y de Presupuesto, con la firma del Frente para la Victoria y los bloques opositores.
En rigor, la oposición aseguró su apoyo en general aunque formulará algunas observaciones. La ex ARI Marcela Rodríguez, si bien firmó un despacho en minoría, también votará a favor. La iniciativa, por lo tanto, podría ser aprobada por unanimidad.
Más allá de eso, los opositores cuestionaron los motivos que llevaron a que el tema debiera ser incluido en sesiones extraordinarias y no durante el período ordinario.
Precisamente, las modificaciones fueron pedidas la semana pasada por el Poder Ejecutivo luego de conocerse el fallo de la justicia tucumana que absolvió a los 13 acusados por el secuestro y desaparición de Marita Verón, víctima de una red de trata de personas.
Desde los palcos, su madre, Susana Trimarco, presencia la sesión junto a la senadora y esposa del gobernador tucumano, Beatriz Rojkés de Alperovich.
El titular de la Comisión de Legislación Penal, Oscar Albrieu, había reconocido en noviembre que el tema no había sido debatido por el Frente para la Victoria. Además, en el bloque oficialista no había acuerdo en relación con las modificaciones aprobadas el año pasado en el Senado.
Ejes del proyecto
La propuesta de ley define como “trata de personas” al “ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción o acogida de personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países”.
Además establece que “el consentimiento dado por la víctima de la trata y explotación de personas no constituirá en ningún caso causal de eximición de responsabilidad penal, civil o administrativa de los autores, partícipes, cooperadores o instigadores”.
También castiga al proxenetismo con prisión de cuatro a seis años, al que explote económicamente el ejercicio de la prostitución de una persona, y al que “promueva o facilite la prostitución” de la misma. Asimismo, cuando la víctima fuere menor de 18 años, la pena sería de 10 a 15 años de prisión.
Se contemplan agravantes cuando, para someter a la víctima, se emplee violencia, amenazas o cualquier otro medio de intimidación o coerción; cuando el autor fuera familiar, cónyuge, autoridad o ministro de cualquier culto, o encargado de la educación o de la guarda de la víctima, funcionario público o miembro de una fuerza de seguridad.
Otra de las modificaciones obliga al Estado nacional a brindar asistencia médica y psicológica gratuita a las víctimas; otorgar capacitación laboral y ayuda en la búsqueda de empleo; y a colaborar en la incorporación de la víctima en el sistema educativo.
El proyecto crea también un Consejo Federal y un Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, con la función de diseñar políticas públicas destinadas a combatir la trata y explotación de personas.
La nueva ley crea en el ámbito del Ministerio Público Fiscal un Sistema Sincronizado de Denuncias sobre el Delito de Trata y Explotación de Personas, y se le asigna el número telefónico 145 en todo el territorio nacional.
También se establece que, “siempre que fuere posible, las declaraciones de las víctimas de los delitos de trata y explotación de personas serán entrevistadas por un psicólogo, no pudiendo en ningún caso ser interrogadas en forma directa por las partes”.
