El Gobierno dispuso, mediante el decreto 2552, tomar posesión del Predio Ferial de Palermo, donde funciona la Sociedad Rural Argentina, y este viernes comunicará a sus ocupantes la obligatoriedad de que el bien sea restituido al Estado Nacional a la brevedad. La medida fue anunciada por el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, quien precisó que se detectaron fuertes “irregularidades”.

El Estado y la Sigen “determinarán las compensaciones que pudieran resultar” del acto de expropiación.

Abal Medina informó que la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AGN) , “en su carácter de autoridad de aplicación de este decreto, realizará todos los actos conducentes a la toma de posesión del inmueble denominado Predio Ferial de Palermo” y sus representantes irán mañana al lugar para comunicar la novedad a quienes actualmente están a cargo de la propiedad.

El funcionario informó que la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, firmó el miércoles el decreto 2552 por el cual se “revoca por estar afectado de nulidad absoluta” el decreto 2699 del año 1991 por el que se había vendido el predio a la Sociedad Rural Argentina.

Abal Medina leyó los considerandos de la medida en la que mencionó el “precio vil” que aquel decreto había establecido para el traspaso de esa propiedad, así como la serie de irregularidades ocurridas a continuación y que fueron motivo de causas judiciales a cargo del magistrado Sergio Torres, en contra de funcionarios públicos que intervinieron en esa operación y que fueron acusados de “sustracción al Patrimonio del Estado Nacional”.

Entre otras irregularidades mencionó que en aquel proceso de venta el predio fue tasado a la mitad de su valor real y que los bienes que había en su interior fueron “vendidos en forma directa evitando los mecanismos de normativa de remates”. Recordó que el juez Torres “procesó al entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo” así como al presidente de la Sociedad Rural de aquel momento, Eduardo De Zavalía, junto con funcionarios de los bancos Ciudad e Hipotecario que intervinieron en la operación, “procesados por el delito de peculado”.

Informó además que los adquirentes dejaron de pagar sus compromisos y mantienen una deuda de 157 millones de pesos, por lo cual “estaríamos incumpliendo con los deberes con los deberes de funcionario público si permitiésemos que eso fuese consumado”.

Abal Medina afirmó que “esta decisión no es un hecho aislado, se inscribe en la política de recuperación del Estado iniciada por Néstor Kirchner y continuada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.”

La medida encontró rápida aceptación de parte de la diputada nacional de la Ciudad de Buenos Aires María del Carmen Bianchi, para quien la toma de posesión representa “una restitución histórica”. A su juicio, la decisión tomada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner “está más que fundada no sólo por las irregularidades cometidas en su venta durante la década del noventa, sino también por encontrarse enmarcada en este proceso de recuperación del rol del Estado y la puesta en valor de los bienes públicos”.

“Queda muy claro que no se trata de una expropiación, como acusarán quienes siempre tienen una crítica previsible. Se trata nada más ni nada menos que de una decisión cargada de simbolismo, pero que tendrá un futuro práctico: muchas cosas podemos empezar a soñar para ese predio, empezando por la organización de una Feria del Libro popular, donde los visitantes no tengan que pagar un café a precio turista”, sostuvo Bianchi, quien dijo sentir “orgullo y felicidad”k junto a “quienes formamos parte de este proceso político que decidió avanzar desde el año 2003 contra todos aquellos vestigios de la década infame que nos precedió”.

La oposición optó rápidamente por pronunciarse a través de la web, en muchos casos con mensajes irónicos, como el del macrista Julian Obiglio, quien habló de “saqueos confirmados en el barrio de Palermo: se vió a varios K intentando robarse La Rural”.

El legislador porteño Juan Pablo Arenaza escribió varios tweets sobre el tema. Con tono bolivariano, señaló: “Expropiese La Rural El Modelo Chavista de Kristina. eso significa Van por Todo”, y luego ironizó: “La Rural a partir de ahora se va llamar Campora Park”.

“Abal Medina dijo 'Los dejamos ahora mismo' y se fue mientras los periodistas gritan: 'Las preguntas!!!'. Los demócratas K! #larural”, escribió la diputaa Paula Bertol.

La radical Patricia De Ferrari ‏se preguntó: “El vamos x más K consistía en esto? Apropiaciones variopintas. La historia, el pasado reciente, íconos y empresas de grupos antipáticos etc”, en tanto que su colega Laura Alonso preguntó: “Cuándo se expropian los terrenos fiscales d El Calafate q el matrimonio presidencial y sus amigos obtuvieron a dos chirolas el metro?”.

Patricia Bullrich advirtió que “Quieren sumergir al país en una nueva 'guerra santa', una guerra social entre argentinos. Venganza contra el campo por resolucion 125”, al tiempo que el radical Mario Negri comentó: “Cuanta imaginación para esconder los problemas, tapar Bariloche el objetivo,cual sera el próximo anuncio? y para cambiar que noticia?”.

El diputado Pablo Tonelli consideró que “la anulación de la venta de La Rural demuestra que el Gobierno desconoce todos los límites y hace lo que quiere, más allá de la ley”.

A su vez, el jefe de la bancada radical de Diputados, Ricardo Gil Lavedra, señaló que “la decisión del Gobierno nacional de anular la venta de la Sociedad Rural, con base en el procesamiento de ex funcionarios por parte de juez federal, resulta claramente arbitraria e ilegal”. Puntualizó que “no existe una declaración de certeza acerca de la ilegalidad de la transferencia, sino una mera probabilidad. Se debió esperar al dictado de una sentencia definitiva en sede penal, o recurrir a un juez para que éste declare la nulidad luego de tramitar un proceso legal. Pareciera una acción confiscatoria, no una medida regular de la administración” agregó diputado radical tras escuchar al jefe de Gabiente, Juan Manuel Abal Medina, anunciando la expropiación del predio de La Rural declarándolo de utilidad pública.

“Sin perjuicio de que un DNU sólo puede ser dejado sin efecto por una ley del Congreso, el Gobierno no hace otra cosa que seguir sembrando inseguridad jurídica”, finalizó el presidente del bloque de diputados de la UCR.

A través de un comunicado de Unión por Todos, Patricia Bullrich, Juan Pablo Arenaza y el secretario de Comunas Emilio Raposo Varela consideró el decreto como “un ataque a la Ciudad y a los ciudadanos, ya que la misma tiene sus reglas, un plan estratégico y mecanismos de decisión en la Legislatura, que no pueden ser avasallados por el Poder Ejecutivo Nacional”.

“Existe una Ley de Comunas que permite mecanismos participativos para que el vecino se involucre en la toma de decisiones de las políticas públicas de la Ciudad. Esta decisión ataca la autonomía de la ciudad y pretende someterla a políticas hegemónicas y autoritarias pasando por encima de los ciudadanos cuyos derechos están consagrados en el artículo 129 de la Constitución Nacional y en la Constitución de la Ciudad”, expresaron desde Unión por Todos, agregando que la medida “suena a venganza por la accion del campo durante la resolución 125. Por otro lado cualquier decisión de este tipo que involucra el derecho de propiedad no puede realizarse a través de un decreto, sino a través de los órganos legislativos pertinentes. Una vez más el Gobierno nacional desconoce la Constitución y atenta contra la República. Unión por Todos tomará las medidas institucionales para proteger los derechos de la Ciudad y sus Ciudadanos”.