La Legislatura porteña sancionó el proyecto de ley que establece la modalidad del traspaso del sistema de subtes a la órbita de la ciudad; la norma no afecta el derecho de los trabajadores a realizar huelgas, contempla subas de peajes y del impuesto al sello para financiar la operatividad del servicio y permite un endeudamiento para obras de infraestructura.
Luego de una jornada cargada de conversaciones que se extendieron por unas 14 horas entre diputados del PRO, de la oposición, funcionarios del Ejecutivo y los metrodelegados, pasadas las 3.15 de la madrugada quedó sancionada la norma con 46 votos a favor y doce en contra.
De esta manera se concreta el traspaso de los subtes a la administración de la ciudad, además de concluir el conflicto desatado entre la Ciudad y la Nación que comenzó en enero cuando el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, firmó un acta-acuerdo para aceptar la transferencia, ejecutó un aumento en la tarifa del pasaje y posteriormente dio marcha atrás con su postura y declinó de hacerse cargo del servicio.
La ley -que debe entrar en vigencia desde el 1 de enero- poco se parece al texto que envió a la Legislatura Macri y los cambios aplicados fueron consecuencia del seguimiento y la presión que tanto la oposición como los metrodelegados ejercieron sobre el debate que se dio en las comisiones de la Legislatura en las últimas semanas.
Así las cosas, lograron frenar puntos cuestionados de la propuesta macrista como la cláusula que proponía la declaración “de servicio público esencial” al subte, que restringía la posibilidad de los trabajadores a cumplir una huelga y penalizaba “la interferencia” de la circulación de las formaciones.
Asimismo, también fue descartado el artículo que obligaba a los trabajadores del subte a brindar en un 60 por ciento el servicio cuando esté en curso un “conflicto colectivo de trabajo que derive en huelga del personal”.
No obstante, se mantuvo la exigencia de una comunicación hacia el concesionario por parte de los trabajadores “con dos días de anticipación” de las medidas de protesta a adoptar.
También, la oposición logró que el PRO reduzca de cinco a dos años el tiempo establecido para que el subte se mantenga en “emergencia”.
Esta definición permite al jefe de Gobierno local realizar diversas acciones -como llamado a licitaciones o arreglos en la red de transporte- sin necesidad de que ello cuente con la aprobación de la Legislatura.
Otro de los ítems que el macrismo retiró a fin de contar con un mayor consenso de parte de los bloques de la oposición fue el aumento impulsado a las naftas como unas de las fuentes para financiar la operatividad del servicio, similar al que el gobernador José Manuel De la Sota aplicó en Córdoba.
Sin embargo, los legisladores acordaron la creación de un “Fondo Subte” para el financiamiento de la red de subtes que sea costeado por la suba de un 10 por ciento peajes de las autopistas porteñas y de hasta un 5 por ciento al pago de patentes a dueños de autos de alta gama.
En consecuencia, ese déficit que se abriría con la quita del tributo a la nafta quedará cubierto con un aumento en la alícuota en general del impuesto al sello del 0.8 al 1 por ciento; en tanto que la tasa de las operaciones financieras iría de 1 al 1,2 por ciento y de las transacciones inmobiliarias del 2.5 al 3.6 por ciento.
Además, se incluyó una reformulación de la cláusula de endeudamiento por parte del Estado porteño que habilita a la emisión de un bono por 300 millones de dólares que serán destinados “al financiamiento de inversiones, gastos operativos y gastos no operativos del sistema de subterráneos de la Ciudad”.
