Para el titular de la Cámara de Diputados de la Nación, Julián Domínguez, la intención subyacente detrás de los saqueos es “crear un clima de inseguridad y de inestabilidad”, y recomendó no confundir “vandalismo con necesidad social porque estos robos no son provocados por el hambre”.

Domínguez contó haber conversado con la intendenta de Campana, quien le expresó “claramente” que “había tres camionetas que coordinaban a la gente para atacar a los supermercados. Los legisladores de Santa Fe me decían lo mismo y no hay duda que estaba planificado con el propósito de deslegitimar el clima de paz social que existe”.

Rechazó enfáticamente la afirmación del jefe camionero Hugo Moyano respecto de que los hechos habrían sido organizados por el propio Gobierno, señalando que el dirigente “ha demostrado que ha perdido el sentido de la realidad y se ha olvidado que acompañaba el liderazgo de nuestra presidenta que gobierna para que haya trabajo, tranquilidad y paz social”.

“Cualquier intento de romper la paz social, tiene como propósito afectar la gobernabilidad democrática de la Argentina. Sabemos que todavía hay necesidades pero este gobierno siempre está dando respuestas”, señaló en una entrevista realizada por el diario Tiempo Argentino.

A la hora de hacer un balance de su primer año al frente de la Cámara baja, resaltó “nuestro empeño en acompañar las políticas públicas de nuestra presidenta y garantizar la institucionalidad, la defensa y fundamentación de la impronta que Cristina Kirchner le dio al Estado Nacional. Por ejemplo, la Ley de Tierras, la recuperación de YPF, la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central y el voto joven, sólo por marcar cuatro momentos de intensa impronta política que entendemos son una bisagra en el Estado para los próximos años”.

Respecto a su papel al frente del Cuerpo, dijo que tiene que juzgarlo la presidenta de la Nación, que le encomendó esa responsabilidad, y sus compañeros de bloque que lo han defendido. “Espero haber sido un presidente que, en la defensa acabada de mis convicciones, tenga la capacidad de sintetizar la diversidad de las opiniones”, dijo.

Respecto a las deudas legislativas, dijo que “evidentemente” la Ley de Trata era una, que fue saldada en extraordinarias, y sobre las acusaciones de que la demora tuvo que ver con el oficialismo, recomendó “tener en claro es que la tipificación del delito de trata de personas lo incorporó este gobierno y que la modificación de la norma fue una iniciativa de la senadora (Beatriz Rojkés de) Alperovich en conjunto con otro senador tucumano. Es necesario resaltar que esta modificación se aprobó cuando la oposición tenía la mayoría parlamentaria y tampoco avanzó en el tema”.

“Lo que demoró el tratamiento del tema es que se trabajó en una norma que perfeccionara algunos conceptos que estaban en discusión. Igualmente hubo mora, pero hubo voluntad de tratarlo. Nuestras legisladoras y legisladores lo incorporaron en la agenda, pero no llegamos a tratarlo. Nuestra presidenta interpretó a la luz de la ponderación de la opinión pública debía ser considerado en extraordinarias. El general Perón decía que la verdadera democracia es aquella en la que los gobiernos hacen lo que el pueblo mayoritariamente cree. Lo que está haciendo la presidenta, en este caso, es encarnar el sentimiento de la sociedad de luchar contra la trata de personas”, resumió.

Consultado sobre el momento que vive la Justicia y la posibilidad de avanzar en una modificación del Poder Judicial, Domínguez dijo a modo personal que “la reforma del año 1994 trajo consigo un precepto que decía que los jueces se debían jubilar a los 75 años con cinco años de prórroga. El máximo tribunal dictó una norma donde se eximía a los señores jueces de esta responsabilidad”. Así las cosas, se mostró convencido de que “el Poder Judicial debe tener un mecanismo, como lo tiene un titular de cátedra universitaria, que cada siete años tiene que dar examen, presentar tesis trabajos y confrontarlos. Me parece que los jueces también tienen que tener algún mecanismo de evaluación en el futuro. Más temprano que tarde la política argentina lo tendrá que incluir en su agenda de discusión y de decisiones”.

“Es justo que los poderes de la república, en la construcción de decisiones, tengan un mecanismo que certifique que lo hacen con idoneidad, con capacidad y con la formación que requiere tamaña responsabilidad. Está es una discusión en la que tenemos que ir trabajando, pero es una discusión que ya está planteada en la sociedad”, sostuvo.

Julián Domínguez rechazó que pueda hablarse de presiones sobre la justicia, ya que a su juicio “no hubo gobierno que a sus intereses y a sus propósitos les haya dado tanta publicidad como este. No debe haber tampoco momento histórico en el que se ha convocado a los juristas de la manera que se los ha convocado para la reforma del Código Civil y Comercial. Me parece que eso no habla de la búsqueda de una injerencia, sino de transitar en la construcción de la excelencia”.

Lo que eso no puede hacer, dijo, “es callar las convicciones que tenemos en defensa de los intereses que genuinamente representamos. Nosotros debemos ser coherentes con el mandato que viene de nuestras convicciones y de nuestra propia representación. La defensa de eso no puede ser vista como un elemento invasivo, debe ser vista como una obligación de ser fieles a nuestros pensamientos, a nuestras convicciones, a la representación de los intereses mayoritarios del pueblo argentino y, cuando uno encuentra obstáculos para materializar lo que entiende que es la voluntad que expresa la mayoría, tiene la posibilidad en democracia de poder transmitirlo al conjunto de la sociedad”.

Con relación a maneras de facilitar la “democratización” de la justicia, dijo que no sirve emitir opiniones sobre iniciativas individuales, pero pidió ver si “hay coincidencia” en la necesidad de encontrar un mecanismo donde la justicia deje de ser un poder aislado y pase a ser integrado a los mecanismos que tiene la democracia. Al respecto, citó la posibilidad de “rendición de exámenes, concursos, capacitación, evaluación de resultados, pagos de Impuestos a las Ganancias y, sobre todo, publicidad de los actos”.

En referencia a una reforma constitucional, Domínguez dijo que “la Argentina requiere después de 30 años de democracia un nuevo contrato social donde quede configurado cuál es el Estado que los argentinos nos queremos dar de cara a este siglo. Qué evaluación queremos hacer de algunos recursos naturales, qué queremos hacer con los puertos, qué queremos hacer con la vinería, qué queremos hacer con los contratos, qué queremos hacer con el CIADI. Todo esto hay que discutirlo pero hay que discutirlo lejos del fantasma que se nos pone para no discutir nada, que es la reelección. La verdad la reelección es lo menos importante”.

“Me parece que hay cosas que hay que volver a discutir con la serenidad de saber que estamos construyendo un Estado para los próximos 100 años y para eso hay que convocar a los intelectuales y a los académicos y dar el debate”, sostuvo.

Resaltó asimismo el debate de la reforma y unificación del Código Civil y Comercial, destacando que “las ponencias que hemos escuchado nos han obligado a modificar miradas, a dar la discusión dentro de cada uno de los bloques, corregir posturas y cambiar miradas. Esto es una extraordinaria de práctica democrática y de escucha ciudadana”.