Al concluir 2012, seguramente el balance oficial dista del promisorio que imaginaban al iniciar el año, más allá de que esos días transcurrían con una noticia conmocionante: la operación inminente de la Presidenta, cuyo diagnóstico inicial llevó a Cristina a proponer ser incluida entre los participantes de la cumbre de presidentes que vencieron el cáncer. El error confirmado tras la intervención quirúrgica fue un alivio general, pero en modo alguno el anuncio del carcinoma papilar había afectado su popularidad creciente.

Muy por el contrario, con el 54% fresco, ni las trabas al acceso al dólar dispuestas en noviembre de 2011, ni siquiera el anuncio de la implementación de la “sintonía fina” parecían mellar la imagen presidencial.

En un año en el que se tomó la costumbre de hacer referencia a las fechas con el número y la primera letra del mes, más que hablar del 7D o el 8N, poco emblemático pero seguramente más trascendente debiera ser el 22F, día de la tragedia ferroviaria de Once. El episodio no sólo desnudó la precariedad del sistema de transporte, sino que causó un tembladeral en el gobierno. Tras algunos días y una insólita declaración inicial, el secretario de Transporte fue eyectado del cargo y hoy está imputado junto a otros en la causa; toda el área pasó del Ministerio de Planificación a las manos de Florencio Randazzo, cuya cartera se denomina desde entonces “del Interior y Transportes”. Ergo, el otrora poderoso Julio De Vido, al que tras la arrolladora victoria kirchnerista se había llegado a imaginar como jefe de Gabinete, comenzó a perder sistemáticamente poder. Los consultores coinciden en fue con esa tragedia que la imagen presidencial comenzó a perder puntos.

Como reacción, el gobierno congeló la “sintonía fina” que preveía un aumento del transporte para el mes de febrero, que recién comenzó a aplicarse sobre fin de año.

Al reaparecer en público tras la licencia post-operatoria, Cristina transparentó los problemas energéticos, que se comían el superávit comercial. Fue una señal respecto de lo que se venía con YPF, cuya expropiación cantada se concretó en mayo, generando un nuevo pico de popularidad presidencial. Empero, el efecto fue esta vez más corto. Las naftas no bajaron con la petrolera en manos del Estado -todo lo contrario-; las penurias para encontrar financiamiento para buscar revertir el desabastecimiento petrolero fueron una constante a lo largo del año, y el efecto sobre las inversiones extranjeras fue el previsible. Repsol entabló un juicio por la expropiación sin pago alguno, las relaciones con España quedaron en su peor momento y sólo hacia fin de año se lograron acuerdos que abren ciertas expectativas porque finalmente lleguen los recursos necesarios para explorar.

Pasado el efecto YPF, el gobierno buscó un nuevo hito en el ambicioso plan PROCREAR, que arrancó con cierta polémica en torno a las cifras prometidas. No quedó claro si se trataba de 100 o 400 mil viviendas; los detalles del programa remitían a la primera cifra, pero la Presidenta remarcó que esa cantidad sería alcanzada en el transcurso del año, y las 400 mil concluirían en 2015. En uno u otro caso, son cantidades promisorias, pero la realidad pareció dar la razón a los especialistas que advirtieron sobre las dificultades para implementar semejante emprendimiento en terrenos fiscales, en el tiempo que mediaba hasta fin de año.

El programa apuntó a atender dos frentes abiertos por la nueva realidad económica. Las trabas para acceder al dólar minaron el acceso al crédito y afectaron drásticamente el mercado inmobiliario. La repercusión en el ámbito de la construcción, madre de industrias, fue tan obvia como contundente. El propio INDEC se encargó de detallar la manera como los números se fueron desmoronando.

El malhumor social se propagó a través de las redes sociales, que convocaron a protestas masivas el 13 de septiembre y el 8 de noviembre, constituyendo esta última una impresionante manifestación que puso muy alta la vara para toda movilización que pueda hacerse en el futuro. El gobierno buscó contrarrestar la sensación de haber perdido la calle con el masivo acto del 9 de diciembre, y no le fue mal. A la Presidenta se la vio exultante, deseosa de repetir en las calles el efecto que comenzó a percibir dos años atrás, con los festejos del Bicentenario.

El festejo del 9D estaba destinado a coronar la batalla con el Grupo Clarín, pero para entonces la cuestión había entrado en una nueva impasse legal que aún hoy se libra en Tribunales. El gobierno hizo sancionar con premura una ley que reglamenta el per saltum y ya la usó en dos oportunidades, sin éxito en ninguna. La última fue la última semana, cuando nuevamente por unanimidad el Tribunal Supremo le dijo no, obligando a que la causa siga su curso, que por estos días transcurre en el seno de una Cámara Federal a la que el gobierno le tiene desconfianza.

Cualquiera sea la resolución de ese cuerpo, la causa sobre los artículos cuestionados de la Ley de Medios será definida por la Corte, donde los números hoy estarían empatados. Al kirchnerismo le urge consumar una victoria que pueda exhibir ante sus fieles, pero los tiempos se dilatan de manera inconveniente. Todos coinciden en que la resolución de la Cámara podría estar en el transcurso de marzo, y se especula con un trámite de dos o tres meses en el seno de la Corte. De ser así, la resolución final saldría en pleno proceso electoral; no es lo que quería el gobierno.

Pero no todas fueron señales negativas para el kirchnerismo. El fallo del jueves 27 le dio la razón en cuanto a que los plazos de desinversión, para el caso de que se determine que el artículo 161 de la Ley de Medios es constitucional, están agotados. Tenía razón entonces el kirchnerismo cuando proclamaba que el 7D podía avanzar sobre los medios que no se hubieran avenido a la norma. De tal manera, si la Corte Suprema determina la constitucionalidad de la Ley de Medios, ese mismo día el Grupo Clarín tendría que soportar las consecuencias.

Las especulaciones anticipan un fallo adverso a los deseos del gobierno en la Cámara, y un empate parcial en la Corte, que sería definido nada menos que por el titular de ese Cuerpo. Pero si no fuera así, si la Cámara Federal fallara en el mismo sentido que lo hizo el juez Alfonso, en ese caso si bien la apelación sería obvia, el tiempo de análisis de la Corte podría ser utilizado por el Grupo Clarín para avenirse finalmente a la norma, ya sin jugarse a todo o nada.

En materia económica, el gobierno tiene expectativas más halagüeñas para este 2013, que descansan en una mejor cosecha, los buenos precios de los granos y una mejora en Brasil. Pero en el plano interno la inflación lejos está de ser controlada y partirá con una base anual del 25%, a lo que habrá que sumar serios aprietos fiscales en las provincias. En este marco, se desarrollarán las elecciones legislativas que serán claves para un gobierno que íntimamente sabe que no cuenta con posibilidades de reelección, pero que apuesta igual a una victoria que le permita avivar esa ambición.