La oposición anticipó que presentará una ampliación al pedido de juicio político contra el ministro de Justicia, Julio Alak, luego de que se conociera el brindis de fin de año organizado por el funcionario en la ex Esma, según comunicó la organización Herman@s de Desaparecidos por Verdad y Justicia.

“Como #Alak no nos da vacaciones, presentaremos ampliación al pedido d juicio político”, adelantó la diputada del PRO Laura Alonso en su cuenta de Twitter.

Alonso se refirió al pedido de juicio político impulsado por el macrismo y el radicialismo, luego de que Alak cuestionara la posibilidad de que la Justicia extienda la medida cautelar que mantiene suspendida la Ley de Medios. En concreto, los opositores habían denunciado al ministro por “abuso de autoridad” y “violación de los deberes de funcionario público”.

Los legisladores reaccionaron luego de que la organización de derechos humanos precisara “con indignación y profundo dolor”, que el funcionario kirchnerista encabezó el último 27 de diciembre un “asado/brindis” para cerrar el año, en el cual asistieron los colaboradores del ministro y cerca de “dos mil personas”.

El malestar generado se explica por el impacto simbólico del festejo. La ONG recordó que en la jerga interna de la ESMA “los asados” hacían referencia a los cuerpos que eran calcinados en el predio porque “no podían los genocidas esperar al día miércoles que era el día de los traslados, donde se arrojaban a los desaparecidos con vida al mar”.

En este marco, el diputado de la UCR Manuel Garrido cargó también contra el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, que aseguró fue “el más desubicado del evento” y “debería ser el primero en pedir disculpas y retirarse”.

“Centrar la atención en Alak es hacerle el juego a la Cámpora, los verdaderos organizadores. Encima con asistencia obligatoria”, tuiteó el legislador. Luego, manifestó que “es inaceptable semejante falta de respeto proveniente de un gobierno que dice hacer de la defensa de los derechos humanos sus pilares básicos de acción”.

Otro que se manifestó su repudio fue el exdiputado nacional Miguel Bonasso: “Me sumo a la bronca de Herman@s de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia”. Por Facebook sostuvo: “Este gobierno está arrasando incluso con algunas virtudes que le habían otorgado una legitimidad de origen, como la recuperación de la memoria histórica. Pero, claro, qué se puede hacer con tipos como Alak, capaces de abrir una discoteca en Auschwitz”.

“¿Habrá organizado y asistido al festejo en ex #ESMA el secretario de justicia de La Cámpora? ¿Qué opinará Cabandié?”, se preguntó Alonso, en alusión al legislador kirchnerista e hijo de padres desaparecidos, Juan Cabandié.

Por su parte, la diputada nacional Patricia Bullrich (Unión por Todos) pedirá a Alak que concurra de manera “urgente” a la Comisión de Justicia para ser interpelado sobre el festejo en cuestión.

“Por una parte, si es realmente cierto que la concurrencia al evento fue obligatoria, estaríamos frente a un abuso de poder por parte de sus autoridades, pero más grave aún es la banalización que se ha realizado del predio de la ESMA, lo que demuestra una vez más que la política de derechos humanos declamada por el kirchnerismo es sólo una puesta en escena”, cuestionó la legisladora.

“Sólo un indolente puede haber ocupado el lugar para despedir el año con un asado. ¿Habrán tenido importantes ocurrencias y anécdotas como para hacerlos reír?”, ironizó, indignado, el radical Mario Negri.

Por la UCR se sumaron las críticas de Juan Pedro Tunessi y Jorge Albarracín. “¿Qué otra actitud debemos esperar del ministro Alak antes que la presidenta atine a pedirle la renuncia?”, se preguntó el primero, mientras que el segundo opinó que “no se puede bajar el cuadro de (Rafael) Videla y permitir un asado de festejo en la ESMA”.

El legislador porteño Daniel Lipovetzky (PRO), exsecretario de Inclusión y Derechos Humanos, lanzó que “cuando el bastardeo de la memoria lo realiza un funcionario de la Nación, más aún, cuando el Ministro de Justicia es el protagonista de un hecho de estas características, desde el Gobierno debe exigírsele como mínimo la renuncia, y evaluar algún tipo de sanción”.