La norma aprobada establece la protección de los derechos de los ciudadanos que padecen problemas de salud mental y garantiza el acceso a los servicios sanitarios. Además, se contempla a las personas que hagan uso de drogas legales o ilegales.

La autora del proyecto, la diputada del FpV-PJ Viviana Nocito sostuvo que “esta ley a nivel nacional resulta clara en su abordaje, precisa en sus conceptos y protectora de la integridad de las personas” y “garantiza el efectivo cuidado de la salud mental como un derecho social y una obligación del Estado”.

De acuerdo con uno de los artículos del proyecto, las obras sociales y las empresas de medicina prepaga deberán incluir en sus prestaciones los servicios garantizados por esta ley en un plazo no mayor a 120 días a partir de su sanción.

Es histórica la definición del sistema de salud argentino como fragmentario y heterogéneo. Fragmentario por la incoordinación de los diferentes subsectores – y aún dentro del mismo subsector – para el cuidado integral de la salud; y heterogéneo en lo referente a las desigualdades e inequidades para el acceso a los servicios, así como en la determinación social que explica que los colectivos sociales tengan impactos diferentes sobre su salud de acuerdo con sus condiciones de vida así como por el espacio social en el que habitan y desarrollan su vida cotidiana. “Adherir a un marco normativo nacional tiende a reparar la fragmentación y heterogeneidad que históricamente tuvo el sistema de salud argentino” afirmó la legisladora de la bancada oficialista.

En el artículo 27, la Ley nacional a la que se adhiere, prohíbe la creación de “…nuevos manicomios, neuropsiquiátricos o institutos de internación monovalente…” ya sea públicos o privados. Además obliga a que los existentes se adapten a los objetivos y principios expuestos por la ley “…hasta su sustitución definitiva por los dispositivos alternativos”. Finalmente, en el artículo 28 de este capítulo obliga a que las internaciones vinculadas con la salud mental se realicen en hospitales generales.

Por ello, la iniciativa le otorga un plazo máximo de 36 meses al Ministerio de Salud bonaerense y a los servicios de salud para implementar las reformas que garanticen el cumplimiento de lo establecido por la ley. Asimismo, este ministerio tendrá que elaborar un “plan provincial de salud mental participativo, interdisciplinario e intersectorial”.

Además, el proyecto propone la creación del Órgano de Revisión dentro de la Procuración General de la Provincia para proteger los derechos humanos de los ciudadanos que utilizan los servicios de salud mental públicos y privados. Este órgano tiene importantes competencias que promueven la integración social y que, una vez más, garantizan el ejercicio de los derechos de los habitantes de la provincia.

El Órgano de Revisión será interdisciplinario, y estará integrado por representantes del Ministerio de Salud; de la Secretaría de Derechos Humanos; del Área Social de la Procuración General; de asociaciones que representen a usuarios de servicios de salud mental y sus familiares; de asociaciones que representen a profesionales y trabajadores de la salud y por organizaciones no gubernamentales abocadas a la defensa de los derechos humanos.

Se considera que la Ley N° 26.657 es consecuente al proponer dispositivos terapéuticos que contemplan esa necesaria interdisciplinariedad e intersectorialidad para dar cuenta de un proceso complejo y determinado socialmente como es el proceso de salud-enfermedad-atención-cuidado en el campo de la salud en general y en el de la salud mental en particular.

Esta normativa también determina que el Defensor del Pueblo de la Provincia y el Observatorio Social Legislativo realizarán un relevamiento anual para poner de manifiesto la situación de la salud mental en territorio bonaerense. Estos informes deberán ser presentados ante el plenario de las comisiones de salud de ambas Cámaras y tendrán carácter público.

El relevamiento deberá incluir tanto las condiciones en que se prestan los servicios en el subsector público, privado y de la seguridad social, así como en el ámbito carcelario.

Este proyecto fue uno de los tantos que no terminó su recorrido parlamentario este año, el Senado tendrá que dar su opinión en los primeros meses del flamante 2013 para ir encontrando la conclusión del Poder Legislativo sobre esta temática.