El presidente del bloque de senadores de la UCR, José Cano, cuestionó el silencio de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por los dichos de Hebe de Bonafini sobre la Corte Suprema, y aseguró que el Gobierno nacional sostiene un doble discurso cada vez más evidente. “Mientras asegura que con extorsión no podrán conseguir nada de Argentina, los principales funcionarios y referentes del kirchnerismo aprietan a los jueces de la República para intentar conseguir fallos favorables a sus oscuros intereses políticos”, dijo.

El tucumano dijo que hubiera esperado que Cristina Fernández hubiera reprochado públicamente a Hebe de Bonafini cuando amenazó directamente a los miembros de la Corte Suprema. Sin embargo, advirtió que su “silencio cómplice ratificó una línea de acción que está incentivada de la máxima autoridad de la Nación”.

Además, Cano volvió a reclamar la renuncia del ministro de justicia, Julio Alak por la utilización de la ESMA para organizar un asado de fin de año y afirmó que es razonable que cualquier ciudadano pueda tener interrogantes respecto al crecimiento patrimonial de un funcionario público “y más en el caso de nuestra presidenta que de un patrimonio de seis millones de pesos declarado en el año 2003 se incrementó a 70 millones en el año 2011.

“La presidenta debería explicar por qué el patrimonio de los argentinos no pudo incrementarse en un 572% desde el 2003, como lo hizo la fortuna del matrimonio Kirchner desde que accedieron a la Casa Rosada”.

Finalmente, remarcó que en la Argentina K de Cristina, extrañamente conviven funcionarios enriquecidos que califican su propia gestión con índices y estadísticas ridículas de crecimiento, desocupación e inflación.

“La gestión K pareciera no advertir que cada día son más, los ciudadanos que sufren la pérdida del poder adquisitivo de sus salarios y palpitan el avance creciente de la inflación y la desocupación”, señaló el legislador, para concluir diciendo que “la defensa fanática y obsecuente del modelo de gestión K, no les permite advertir que estos ciudadanos no son golpistas, ni desestabilizadores, sino solamente un pueblo empobrecido al que las estadísticas oficiales lo han condenado a vivir con 6 pesos por día”.