Previsiblemente, la Cámara alta sesionó más horas en 2012 en comparación con el año pasado según el informe preparado por Parlamentario como parte del Índice de Calidad Legislativa.

En total, el pleno del Senado sesionó, en 2012, 79 horas y media, a diferencia de las 64 horas y nueve minutos de 2011, lo que da una diferencia de 15 horas y 21 minutos de más entre un período y otro.

Además, en el año que pasó se aprobaron 1045 proyectos, de los cuales 118 fueron de ley; 58, de comunicación; 118, de resolución; y 751, de declaración.

Se prevé que para 2013 no se llegue al desempeño de 2012 por las elecciones legislativas. En ese sentido, los senadores podrían arreglar entre febrero y marzo un cronograma de sesiones a cumplir para mantener cierto nivel de actividad en el Congreso. Todo dependerá de los proyectos que quiera o no impulsar el Poder Ejecutivo. Lo que sí marcará mucho la agenda será el debate sobre la unificación de los Códigos Civil y Comercial.

Temas destacados en 2012

– Derogación del avenimiento del Código Penal (figura que implicaba otorgar a un violador el perdón en la causa, a pedido de la víctima, en caso de casarse con ella, siempre y cuando “ella fuere mayor de 16 años”).

– Declaración de la “legítima e imprescriptible soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”.

– Reforma Carta Orgánica del Banco Central. El proyecto otorga al directorio de la entidad un poder más discrecional y facultades más amplias para la regulación del crédito, y concentra también un mayor control sobre la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias. Además autoriza a dicho directorio a “regular la cantidad de dinero y regular y orientar el crédito”, junto a las condiciones de los mismos “en términos de plazos, tasas de interés, comisiones y cargos de cualquier naturaleza, así como orientar su destino por medio de exigencias de reserva, encajes diferenciales u otros medios apropiados”.
La iniciativa también anula dos artículos y la sustitución de un tercero de la Ley 23.928 de 1991, todos ellos reformados por el Decreto 1599 de Néstor Kirchner en 2005. La nueva norma deroga los artículos 4 y 5, por los cuales las reservas del Banco Central estaban afectadas “hasta el ciento por ciento de la base monetaria”, y donde se define que las que exceden ese nivel son “de libre disponibilidad”.

– Traspaso del subte a la Ciudad. El proyecto avala el traspaso del subte, el Premetro, el tranvía de Puerto Madero y 33 líneas de colectivos que sólo recorren territorio porteño al ámbito de la Ciudad.

– YPF. Con 63 adhesiones en la votación en general, se aprobó el proyecto denominado “Soberanía Hidrocarburífera de la República Argentina”, que contiene 19 artículos. En el primero, se declara a la actividad de la empresa “de interés público nacional”, y como “objetivo prioritario, el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos y la explotación, la industrialización, el transporte y la comercialización” de los mismos. Con este fin es que se expropió el 51 por ciento de las acciones de la petrolera, todas pertenecientes a la española Repsol, de las cuales el 51 por ciento corresponde al Estado nacional, mientras que el 49 por ciento restante es de las provincias que integran la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFHEPI).

Más allá de esto, YPF continuará operando como sociedad anónima abierta, “no siéndole aplicable legislación o normativa administrativa alguna que reglamente la administración, gestión y control de las Empresas o entidades en las que el Estado nacional o los estados provinciales tengan participación”.

Además, el proyecto crea, en su artículo cuarto, un Consejo Federal de Hidrocarburos, con participación del Estado nacional y los Estados provinciales, para garantizar el cumplimiento de la ley y someter a consideración la política hidrocarburífera planteada por el Poder Ejecutivo.

– Identidad de Género. El proyecto de Identidad de Género contempla que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad de género, tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento. En este sentido, toda persona podrá solicitar la rectificación registral del sexo, y el cambio de prenombre e imagen, cuando no coincidan con su identidad de género autopercibida, sin necesidad de ningún trámite judicial o administrativo.

Por otro lado, la norma prevé que todas las personas mayores de 18 años de edad podrán acceder a intervenciones quirúrgicas totales y parciales y/o tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo, incluida su genitalidad, a su identidad de género autopercibida, sin necesidad de requerir autorización judicial o administrativa.

Además, los efectores del sistema público de salud, ya sean estatales, privados o del subsistema de obras sociales, deberán garantizar en forma permanente los derechos que esta ley reconoce. Todas las prestaciones de salud contempladas en el presente artículo quedan incluidas en el Plan Médico Obligatorio, o el que lo reemplace, conforme lo reglamente la autoridad de aplicación.

– Muerte digna. La iniciativa trata una modificación del artículo 2 de la Ley 26.529, de Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud, que establece que “el paciente tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos, con o sin expresión de causa, como así también a revocar posteriormente su manifestación de la voluntad”.

También se impone que los niños, niñas y adolescentes tendrán derecho a intervenir a los fines de la toma de decisión sobre terapias o procedimientos médicos o biológicos que involucren su vida o salud. Además, en el marco de esta potestad, “el paciente que presente una enfermedad irreversible, incurable o se encuentre en estadio terminal, o haya sufrido lesiones que lo coloquen en igual situación, informado en forma fehaciente, tiene el derecho a manifestar su voluntad en cuanto al rechazo de procedimientos quirúrgicos, de hidratación y alimentación, de reanimación artificial o al retiro de medidas de soporte vital; cuando sean extraordinarias o desproporcionadas en relación a las perspectivas de mejoría, o produzcan un sufrimiento desmesurado”.

El proyecto señala, por otra parte, la cuestión del consentimiento informado del paciente, es decir, la declaración de su voluntad -o, en todo caso, por medio de sus representantes legales- emitida luego de recibir toda la información necesaria sobre su situación por parte del médico.

Por último, se deja en claro que el médico interviniente no estará sujeto a responsabilidad civil, penal ni administrativa, para evitar que estos casos vayan a la Justicia.

– Modificaciones al Código Electoral. La iniciativa introduce como principales cambios la eliminación del DNI libreta, reemplazándolo en su formato tarjeta. La constancia de voto será entregada por la autoridad de mesa correspondiente. Aquellas personas que no se presenten a emitir sufragio serán penadas con una multa y se creará un registro de no votantes.

En cuanto a la constancia de emisión del voto que se entregará a los ciudadanos de ahora en más, el proyecto establece que el Ejecutivo definirá en la reglamentación en torno a la conveniencia del uso de troqueles o de códigos de barras. Más allá de esto, ordena a los funcionarios públicos la obligatoriedad de presentar esta constancia al día siguiente de la elección en sus respectivos trabajos para no ser suspendidos por seis meses. Este fue uno de los puntos que generó más discusión en su tratamiento en particular.

– Cuidados paliativos. El proyecto tiene como objetivos aliviar el dolor, los síntomas y el sufrimiento de los pacientes que padecen una enfermedad terminal, y ofrecer un sistema de apoyo a la familia para ayudarla a afrontar la enfermedad, entre otras cosas.

– Bicameral para la reforma del Código Civil y Comercial. Dicho cuerpo deberá analizar el proyecto que propone una aceleración en los trámites de divorcio, así como también agilizar la adopción, y que además prevé formas de reproducción humana asistida, otorga un apartado para las propiedades comunitarias indígenas, permite las asociaciones unilaterales e integra los derechos personalísimos, entre otras modificaciones.

– Designación de Alejandra Gils Carbó como nueva Procuradora General de la Nación.

– Expropiación de la ex Ciccone. Se declaró de “utilidad pública y sujeta a expropiación” la totalidad de las acciones de la ex Ciccone Calcográfica S.A. Una vez concretada la expropiación, se planteó traspasar los bienes de la compañía a la Sociedad de Estado Casa de la Moneda, incluyendo a los trabajadores, que pasarían a depender de ésta para evitar la pérdida de puestos de trabajo.

– Transferencia de los futuros depósitos judiciales del Banco Ciudad al Nación. La iniciativa que impulsó en la Cámara baja la diputada kirchnerista Diana Conti establece que los depósitos generados por causas judiciales de los tribunales federales y nacionales con asiento en la Ciudad de Buenos Aires deberán efectuarse en el Banco Nación y ya no en el Banco Ciudad, como hasta ahora. Aquellos fondos depositados antes de la sanción de la ley continuarán en el Banco Ciudad hasta la extinción de las causas que le dieron origen y como pertenecientes a ellas.

– La extensión, por un año, del “Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego”.

– Creación, en el ámbito de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el registro nacional “No Llame”.

– Talleres protegidos. La iniciativa en cuestión, que fue avalada por unanimidad, busca promover “el desarrollo laboral de las personas con discapacidad mejorando el acceso al empleo y posibilitar la obtención, conservación y progreso de un empleo protegido o regular en el ámbito público y en el ámbito privado”.

– Voto joven. Se cambiaron más de seis leyes, cuestión de adaptar todo el sistema electoral para permitir la inclusión de estos nuevos electores. Entre otras cosas, se modifica el primer artículo del Código Electoral, que dirá que son electores nacionales “los argentinos nativos y por opción desde los 16 años y los argentinos naturalizados desde los 18 años”.

Paralelamente, la Ley de Ciudadanía establecerá que “los argentinos que hubiesen cumplido los 16 años gozan de todos los derechos políticos conforme a la Constitución y a las leyes de la República”.

Como consecuencia del aval de esta ley, el DNI ya no se actualizará a los 16, sino que ese trámite deberá adelantarse a los 14 años. Según la Ley 17.671 de Registro Nacional de las Personas, el mismo se cambia por primera vez a los 8 años, nuevamente a los 16, y finalmente a los 30.

– Reforma de la Ley de ART. La medida se dispone a eliminar la “doble vía”, ya que el trabajador damnificado deberá optar entre cobrar la indemnización a través de la ART o por medio de una acción judicial.

– Femicidio. Propone un agravamiento en las penas para los atacantes y una modificación al Código Penal. La iniciativa impone penas de reclusión perpetua a los hombres que asesinaren a mujeres o a personas que se consideran a sí mismas con identidad de género femenino. Se incorpora además un artículo (el 80 bis) que impone “reclusión perpetua o prisión perpetua al que matare a su ascendiente, descendiente o cónyuge”.

– Per saltum. El proyecto que propone el recurso extraordinario de salto por instancia para acceder a la Corte Suprema de Justicia sólo podrá ser aplicado en el caso del fuero federal de “gravedad institucional”, es decir, que peligren los intereses colectivos. Se trata de un elemento jurídico que se ejecutará en la dilación de una causa en trámite.

– Presupuesto 2013. Prevé, para este año, una inflación del 10,8 por ciento, un crecimiento del 4,4 por ciento y un dólar a 5,10 pesos, entre otras cosas.

– Eliminación del registro de beneficios para los condenados por delitos contra la integridad sexual seguidos de homicidio.

– Reforma del Mercado de Capitales. La iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional establece una reforma bursátil para eliminar la autorregulación y permitir una mayor presencia del Estado en las actividades financieras.

– Modificaciones al nuevo régimen para empleadas domésticas.

– Instituto Nacional de la Música. La futura ley tiene por objeto el fomento de la actividad musical, en general, y la nacional, en particular. Entre otras cosas, se busca proteger la música en vivo, impulsar la producción fonográfica y de videogramas nacionales, propiciar entre los artistas el conocimiento de los derechos que tienen como tales, y a su vez contribuir a su formación y perfeccionamiento.

Además, el proyecto plantea la conformación de centros de producción musical bajo las modalidades de música en vivo, difusión y música grabada. Para sostener el instituto, se impone la creación de un Fondo de Financiamiento, con recursos estatales y privados.

Temas destacados en 2011

Sumas no remunerativas; lavado de activos; fábricas recuperadas; protección integral para las personas trasplantadas; producción pública de medicamentos; emergencia de zonas afectadas por las cenizas volcánicas; beneficio a víctimas de la embajada de Israel y del atentado a la AMIA; estatuto para teleoperadores; educación en cárceles; grooming; acopio de municiones; incorporación “al Plan Médico Obligatorio de la República Argentina, la vacuna Bacilo de Calmette y Guerín (BCG) para la población pediátrica del territorio nacional”; régimen Penal Tributario, lavado de dinero y terrorismo; Presupuesto 2012; estatuto del peón rural; regulación de la extranjerización de la tierra; Papel Prensa.