Las asimetrías y desequilibrios regionales estructurales constituyen unos de los mayores obstáculos para el desarrollo económico de un país. Lamentablemente el nuestro, desde su origen mismo, ha dado y da cuenta de esta limitación.

En efecto, no resulta muy sustentable un país que se dice federal pero donde tan solo 4 jurisdicciones (Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe), sobre un total de 24, son responsables de más de tres cuartas partes de su producción total; y donde tan solo ocho jurisdicciones superan el ingreso per cápita medio.

En la configuración de esta realidad juegan desde ya innumerables factores: históricos, culturales, malas políticas públicas, etc., sobre los cuales debemos trabajar fuertemente.

Entre las malas políticas permítaseme destacar, particularmente, la vinculada a nuestro sistema de transporte, de enorme impacto sobre la sustentabilidad de nuestras economías regionales.

Junto con las restricciones energéticas, el costo de la logística se encuentra entre las principales limitaciones en materia de competitividad para nuestra economía, particularmente, para aquellas regiones más marginales de producción, que literalmente quedan fuera de competencia.

Claramente en esto tiene mucho que ver el deplorable cuadro de situación de la red ferroviaria, alguna vez emblema y orgullo nacional.

Décadas de malas políticas y sistemática destrucción han resultado en una total desarticulación de nuestro sistema de transporte ferroviario, desintegrando enormes áreas de nuestra geografía, con gran impacto también sobre las economías regionales.

Innumerables “pueblos fantasmas” proliferaron a lo largo y ancho del país, particularmente tras el proceso privatizador impulsado durante los ’90, en línea con los nuevos “consensos” imperantes por entonces en el mundo, profundizando nuestras asimetrías regionales, generando que millones de compatriotas deban abandonar sus lugares de origen para amontonarse en torno a los principales centros urbanos.

La puesta en valor y recuperación del sistema ferroviario resulta por tanto fundamental en orden a cerrar esta injusta brecha de competitividad, contribuyendo a equiparar las oportunidades de desarrollo en todo el país.

Como muchos países han hecho con inteligencia, debemos reposicionar estratégicamente al ferrocarril, integrándolo a un moderno sistema multimodal de transporte tanto de cargas como de pasajeros, altamente competitivo y especializado que integre estratégicamente a todas regiones productivas del país, con una clara proyección exterior.

El “estado de emergencia” del transporte ferroviario vigente está totalmente agotado. Se requiere una política ferroviaria en serio, dejando definitivamente atrás el ineficiente y perverso sistema de subsidios perfeccionado desde 2003; un verdadero “club del subsidio”, esencialmente corporativo, donde todo se define y reparte entre media docena de “vivos”, el Estado es socio “bobo”, los trabajadores son tercerizados, y los usuarios, rehenes.

En otro orden, al momento de analizar aquellos factores determinantes que inhiben la capacidad de desarrollo regional, no podemos dejar de considerar el proceso de degradación de federalismo fiscal. Particularmente, en la última década hemos experimentado un proceso de fuerte concentración de recursos en manos del poder central, que ha ido progresivamente desfinanciando al conjunto de las provincias y sus municipios.

Como no podría ser de otra forma, esto ha limitado significativa y crecientemente el legítimo margen de maniobra de provincias y municipios para establecer y financiar de manera autónoma sus propias políticas de desarrollo local, tornando al federalismo en una abstracción.

La crítica situación financiera que deben afrontar hoy las administraciones subnacionales, algunas de ellas literalmente al borde de un default salarial, nos coloca ante la imperiosa necesidad de abordar seriamente una discusión de fondo sobre nuestro federalismo fiscal. Resulta impostergable abordar esta discusión de fondo y estructuralmente.

Es imprescindible la sanción de un nuevo marco normativo que rija la relación fiscal entre las diferentes jurisdicciones, sustituyendo la obsoleta ley de coparticipación vigente que rige “transitoriamente” desde 1988, y que ha sido sucesivamente alterada por infinidad de pactos fiscales -sobre todo en los ’90- a través de los cuales se ha detraído con afectaciones especificas parte importante de la masa de recursos coparticipables.

Es importante tener presente para el análisis que los recursos están. Queda claro que el problema no es cuánto se recauda, pues de hecho se recauda como nunca -la carga tributaria se ubica hoy en niveles máximos históricos-, sino cómo se distribuye lo que se recauda; y si el recurso llega efectivamente a quienes tienen la responsabilidad primaria de gasto, y deben por tanto dar respuesta inmediata a las principales demandas de la ciudadanía: seguridad, educación, salud, infraestructura social y productiva, etc.

Un caso emblemático como es de público conocimiento se da con la Provincia de Buenos Aires, particularmente discriminada en el reparto de recursos federales.

De los recursos recaudados por la Nación, cerca del 40% de los cuales -vale aclarar- se generan en la propia Provincia de Buenos Aires, el conjunto de las provincias recibe de manera directa y automática alrededor del 25%, y de ese 25%, la Provincia de Buenos Aires recibe tan sólo el 20%. Es decir, que por cada $8 de recaudación nacional generada en la Provincia de Buenos Aires, vuelve directamente a esta jurisdicción conforme el esquema de coparticipación vigente sólo $1. Algo aquí por supuesto no cierra.
Necesitamos por tanto establecer urgentemente una mayor correspondencia entre quien es titular del recurso y quien tiene la responsabilidad de gasto. De esta forma se materializará el auténtico federalismo, caso contrario resulta éste un postulado constitucional abstracto, anacrónico, vacío de todo contenido.

Debemos ir hacia un esquema más integral, transparente y justo para la distribución de los recursos fiscales entre los tres niveles de gobierno, institucionalizando fondos estructurales de convergencia en orden a atenuar -y a su tiempo, procurar eliminar- las fuertes asimetrías regionales que limitan nuestro desarrollo.

Mas allá de la situación de crisis presente, existe en este sentido con cierto grado de éxito la experiencia en la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo y el Fondo de Cohesión, a través de los cuales se han atenuado significativamente disparidades entre regiones, y más aún entre Estados miembros. De acuerdo a informes oficiales, durante el período 1994-1999, en las regiones más rezagadas, estos fondos contribuyeron a construir o renovar 4.100 kilómetros de autopistas y 32.000 kilómetros de carreteras, a acondicionar 3.800 hectáreas de zonas industriales, y crear unos 800.000 nuevos empleos.

La restauración del federalismo fiscal garantizará sin lugar a dudas mejores condiciones de gobernabilidad para las provincias, y contribuirá en definitiva a brindar más y mejores soluciones al conjunto de los argentinos.

Si pretendemos aprovechar las oportunidades que este cambiante mundo genera para países como el nuestro, y asimismo estar cada vez mejor preparados para afrontar sus crecientes desafíos y amenazas, debemos dejar de lado los prejuicios y definir una estrategia de inserción productiva internacional de mediano y largo plazo, que aproveche al máximo la potencialidad de todos los sectores productivos regionales.

Debemos trabajar hacia el futuro y salir de esta trampa de rencores en la que pretenden encasillarnos algunos. Dejar de lado la improvisación y concentrarnos en la formulación y ejecución de todas aquellas políticas públicas -de Estado, no de Gobierno- orientadas a lograr mejoras genuinas y perdurables de nuestra competitividad: más educación, más desarrollo científico-tecnológico, más infraestructura, más institucionalidad, más seguridad jurídica, etc., todas asignaturas pendientes.

Debemos dejar de relacionarnos con el mundo de manera errática, espasmódica y emocional. Las relaciones exteriores no son un recurso más del gobernante de turno para generar efectos políticos domésticos, sino que constituyen el instrumento fundamental del que dispone un país para procurar insertarse efectivamente en el mundo, debiendo desarrollarse las mismas con inteligencia y desapasionadamente.

Crecimiento económico con justa distribución del ingreso y la riqueza, objetivo no solo no logrado sino, lamentablemente, cada vez más lejano en nuestro país; no se obtiene si no a partir de actividad económica sostenida en el tiempo, sobre la base de una concepción estratégica, con equilibrio e integración productiva de todas las regiones, con auténtico federalismo fiscal, con más trabajo de calidad y salarios dignos, capacitación y formación, educación y salud para todos, aprovechando nuestras ventajas competitivas en el mundo, superando viejas y falsas antinomias, y conceptos ideológicos perimidos.

Nada de esto es imposible realizar en Argentina. Sólo se requieren objetivos claros y firme determinación política para alcanzarlos.

*Diputado Nacional por la provincia de Buenos Aires, Presidente de la Comisión PYMES de la Cámara de Diputados