Por Pablo Riveros

En los pasillos del Congreso resuenan los pasos de algún empleado legislativo que todavía está de guardia. Los legisladores, si los hay en la Ciudad, evitan los despachos calurosos y el ruido de las reformas edilicias. El Palacio está vacío, pero nada impide a los parlamentarios bajar la guardia. Muchos han demostrado estar al día con las noticias y hacen gala de eso a través de las redes sociales. Y con la campaña electoral como horizonte, los más ansiosos ya empezaron a diseñar su agenda para los próximos meses. Se sabe, los años electorales suelen desalentar la labor legislativa.

Si bien poco se dice del año legislativo que vendrá, la cuestión electoral promete trazar algunos de los ejes que compondrán la agenda parlamentaria. Precisamente uno de los temas más importantes y que parece ya tener un lugar reservado en los Diarios de Sesiones es el proyecto de reforma, actualización y unificación de los códigos Civil y Comercial. Aunque algunas fuentes legislativas indicaron que el tratamiento en el recinto había sido postergado por las tensiones políticas que involucran al presidente de la Corte Suprema de Justicia y redactor del proyecto, Ricardo Lorenzetti; lo cierto es que en un año electoral un proyecto de tal magnitud, vende. Por lo tanto será una de las principales iniciativas a tratar.

Esa inmensa obra de cientos de artículos promete captar la atención no solo de los legisladores sino también de los medios de comunicación, por la cantidad y naturaleza de los asuntos que se propone regular. Divorcio, adopción, fecundación, infidelidad, contratos inmobiliarios, son algunos de los temas de suma importancia para la vida de los argentinos, que bien podrán ser utilizados políticamente para desplazar otras cuestiones del debate público. Se auguran discusiones extensas, profundas y polémicas.

Otras iniciativas

Aparte de la especulación electoral, la Casa Rosada ya adelantó que enviará al Parlamento un proyecto para reabrir el canje de deuda soberana de 2010, sólo si resulta favorable el fallo en la Corte de Apelaciones de Nueva York en el marco del litigio con los fondos de inversión. En este caso, el Gobierno nacional se ha mostrado dispuesto a pagar a los litigantes bajo las mismas condiciones con las que paga a los acreedores que adhirieron a la reestructuración. La incorporación de este ocho por ciento, que no ingresó a los canjes de 2005 y 2010 implicaría la suspensión o derogación de la Ley Cerrojo, que contaría con el acompañamiento en general de distintos sectores de la oposición, según un relevamiento de Semanario Parlamentario. Si no antes, la decisión podría ser anunciada por la propia presidenta Cristina Fernández de Kirchner durante la apertura de sesiones ordinaria, el primero de marzo.

Ese mismo viernes, la jefa de Estado podría anticipar o confirmar algún otro tema que desee trate el Congreso. Se sabe que la mandataria gusta de las sorpresas y ese será un momento oportuno para hacerlas. Aunque también es cierto que, de acuerdo con otras ocasiones, la presidenta anuncia proyectos que finalmente no tienen tratamiento como una nueva Ley de Adopción o cuestiones vinculadas a la industria. Sobre este tema ya hizo público su acompañamiento al proyecto que declara al cine como una actividad industrial y que espera la aprobación del Senado.

Para esta fecha también debería estar confirmada la continuidad de Martín Sabbatella en la conducción de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. En caso de contar con el aval presidencial, el oficialismo en Diputados no tendría inconvenientes en renovarle la licencia más allá del 28 de febrero. Por otro lado, el impacto en las encuestas que produce la batalla por la judicialización de la Ley de Medios podría incluso condicionar las aspiraciones del líder de Nuevo Encuentro a renovar su banca.

En línea con esto, tampoco se descartan sorpresas referidas a la cuestión judicial, más aún si persiste la medida cautelar que beneficia al Grupo Clarín. El kirchnerismo evaluará la relación de fuerzas antes de instalar en el Parlamento algunos puntos referidos a la democratización de la Justicia.

Reforma judicial

El presidente del Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados, Agustín Rossi, ya confirmó la “fuerte intención” del oficialismo de “profundizar” las reformas del Poder Judicial, y pidió “aprovechar” el alejamiento de algunos magistrados de la “lógica corporativa” para llevarlas a cabo.

Justamente uno de los reproches vinculados a los privilegios de este poder estatal viene de la mano del Impuesto a las Ganancias. Dirigentes del oficialismo y la oposición, del Congreso o fuera de él, exigen que los jueces paguen este tributo. Sin embargo, mayor fuerza tiene el pedido de los sindicatos en torno al mínimo no imponible. Los reclamos son cada vez más intensos y se recalentarán a medida que se acerquen las elecciones, si no se atienden antes.

El Gobierno se mostró predispuesto a resolver el asunto y se supone que toda modificación debería ser tratada por los legisladores. Empero, la presidenta cuenta con herramientas para hacerlo por su cuenta, esquivar el Congreso para ahorrarse molestias, y capitalizar la medida en provecho propio.

Para revertir el desfinanciamiento del Estado que implicaría la suba del mínimo no imponible ya se anotaron varias propuestas: gravamen a los jueces, a la renta financiera o a las mineras, entre otros. Para eso el Congreso tiene un lugar reservado.

Finalmente, es de esperar que Cristina Fernández utilice las herramientas otorgadas por nuestro sistema (híper) presidencial para sorprender al electorado con alguna nueva medida. Tarde o temprano, los DNU deberán ser avalados por diputados y senadores. Seguramente también habrá negociaciones entre La Casa Rosada y dirigentes territoriales que se concretarán en leyes menores. Más allá de las elecciones, quedarán iniciativas sobre feriados nacionales y en torno a los 30 años de democracia sin interrupciones.

¿Cuáles temas quedarían excluidos de la agenda parlamentaria? Nada indica por ahora que la presidenta fuera habilitar la despenalización del aborto o de la tenencia de marihuana para consumo personal, más aún por ser un año electoral. Por este mismo motivo quedaría postergado el debate sobre el voto de los extranjeros. Asimismo, dependería de las cuentas públicas que el Senado sancione la Ley de Fertilización Asistida. Y aunque la polémica sobre el patrimonio de la mandataria haya traído reclamos, parece poco probable una modificación a la Ley de Ética Pública. Peor futuro le aguarda al acceso a la información pública. Como sea, en política nunca se sabe.