Voces críticas se escucharon de parte de legisladores de diversos partidos con relación al anuncio oficial del entendimiento con Irán respecto del atentado contra la AMIA.
Previsiblemente las primeras impresiones de legisladores del arco opositor fueron críticas con relación al anuncio oficial de un acuerdo con Irán, en el marco de las negociaciones que fueron anunciadas por la propia presidenta de la Nación en el seno de la ONU.
Para el diputado denarvaísta Gustavo Ferrari, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, se trata de “una vergonzosa claudicación de la soberanía nacional”. Y advirtió que “la presidenta tiene una confusión brutal sobre la soberanía y la independencia judicial, dado que festeja por Twitter que los jueces no serán argentinos y privilegia el diálogo para la resolución del conflicto, cuando este no es un tema diplomático ni legislativo que se resuelva con acuerdos, se trata de la investigación de un delito que deben resolver jueces -por supuesto que independientes-, pero argentinos”.
Agregó que crear una Comisión de la Verdad compuesta por juristas internacionales que fijará su propio procedimiento e indagar a los acusados por el atentado en su propio país, “significa postergar la vigencia de la ley y la jurisdicción argentina -que venía avanzando significativamente a través de una fiscalía especializada creada por el mismo kirchnerismo- y la forma más burda y vergonzosa de prorrogar la soberanía, algo que llama la atención en una Presidenta que no pierde oportunidad de reivindicarla con vehemencia”.
Ferrari explicó que “es la Justicia Penal argentina la que tiene que esclarecer el hecho, dirimir responsabilidades y aplicar las penas que correspondan, y es el procedimiento penal argentino, y no 'la ley y las regulaciones de ambas partes', como establece el acuerdo, el marco en el que se debe impartir justicia”. El legislador manifestó también que el “acuerdo convierte el hecho en una mera negociación diplomática que pone a acusador y a acusado en un pie de igualdad, confiriéndole a Irán la posibilidad de fijar condiciones”.
Y sentenció: “La presidenta se equivoca de socios y de estrategia y da un mensaje contradictorio y peligroso al mundo que augura un mayor aislamiento cuando decide acordar con un país que niega el holocausto, que pugna por la desaparición del Estado Israelí y que se encuentra acusado de violar los derechos humanos y de desarrollar armas de destrucción masiva”.
Las primeras impresiones del jefe de la bancada del Pro en Diputados, Federico Pinedo, fueron a través de Twitter. Allí consideró precisamente “muy poco serio anunciar un acuerdo sobre el asesinato masivo de argentinos, por twitter”. Luego apuntó que “el acuerdo con Irán reconoce jurisdiccion al poder judicial irani sobre el atentado a la AMIA, lo que creo inaceptable”, y remarcó que “ni la presidenta ni el Congreso pueden comprometer lo que nuestra Justicia tendrá en cuenta para resolver, porque la Justicia es independiente”.
Por su parte, el diputado Eduardo Amadeo dijo que la presidenta “pone a la relación con Irán, cueva de terroristas, la energía que no pone en el resto de sus relaciones con el mundo”, y advirtió que “suponer que Irán ha de entregar a los cabecillas del atentado, es como poner al zorro a cuidar a las gallinas”.
Desde el radicalismo, el titular del bloque de Diputados, Ricardo Gil Lavedra, reclamó que el Gobierno respete lo decidido por la Justicia argentina y rechazó que se permita “someter a revisión sus conclusiones”, lo cual consideró “una vergonzosa falta de respeto”.
Así las cosas, reclamó la presencia del canciller Héctor Timermann en el Congreso “para explicar que hay detrás de un acuerdo impresentable. Como va ayudar esto en concreto, en nada”.
Su correligionario cordobés Mario Negri también dijo que “corresponde que el canciller informe al Congreso el acuerdo con Irán. Reclamamos durante un año su presencia y despreció la convocatoria”.
En el mismo sentido, el diputado del Gen Gerardo Milman estimó que “el acuerdo muestra al Gobierno argentino cediendo soberanía, lo muestra confiando en la Justicia Iraní que es como creer en que el zorro cuide el gallinero”. Y agregó: “El atentado a la AMIA ha sido el más grave desde la recuperación democrática en nuestro país. La solución que encuentra Cristina Fernández de Kirchner es dejar que Irán juzgue en su territorio a funcionarios del propio Gobierno, a los cuales a protegido por años desoyendo las ordenes de captura internacional y la voz de la Ley Argentina”.
El Grupo de Acción política por la Unidad (GAPU) representado por los diputados Patricia Bullrich y Eduardo Amadeo, entre otros, emitió un comunicado de cuatro puntos en el que aclaró que “la Justicia argentina ya llegó a la verdad a través de una investigación exhaustiva y difícil que llevó a condenar a altos funcionarios de la República Iraní”, y recordó que “en esa investigación se determinó el carácter terrorista del Estado islamista de Irán en relación al atentado a la sede de la AMIA, con quien hoy se busca compartir una investigación, como si se pudiese colocar al victimario en el rol de investigador de su propio delito”.
Declararon además que “con esta política, la Argentina, acompañando a Estados terroristas y genocidas, abandona su tradición de defensa de los derechos humanos, comenzada desde 1983”, y concluyeron que “una vez más, el gobierno argentino niega, desconoce y subestima ala justicia argentina”.
