El presidente del Comité Nacional de la UCR, Mario Barletta, y los presidentes de los bloques de ambas cámaras, el senador José Cano y el diputado Ricardo Gil Lavedra, se pronunciaron a través de un comunicado sobre la firma de un memorando de entendimiento entre la República Argentina y la República Islámica de Irán, en relación al atentado cometido contra la sede de la AMIA en Buenos Aires, en el que perdieron la vida 84 personas.

Los radicales hablan de un acuerdo “opaco, vergonzoso e inconstitucional, que se celebra tras varios meses de negociaciones secretas”, y sostienen que “es inexplicable el propósito que ha llevado al Gobierno argentino a intentar ceder la soberanía nacional dejando en manos de una comisión internacional la revisión de lo ya actuado por la Justicia argentina, que luego de años de encubrimiento y demoras resolvió en 2006 imputar a ocho altos funcionarios iraníes de haber organizado este salvaje ataque terrorista. El crimen fue cometido en suelo argentino y debe ser inexcusablemente juzgado por los tribunales de nuestro país”.

Por otra parte, alertan que el memorando firmado deja en manos de los países cumplir o no las recomendaciones emitidas por la Comisión, con lo que la investigación, a todo evento, quedaría en el punto en el que partió. Consideran que “el caso no se soluciona con recomendaciones vagas de expertos internacionales, sino con la profundización de las investigaciones judiciales y la exigencia al gobierno iraní de que colabore inmediatamente con los jueces argentinos, como es su deber”.

“El texto de este acuerdo demuestra claramente que el Gobierno nacional mintió a los familiares de las víctimas, a la comunidad judía y a la sociedad argentina en general cuando sostuvo en numerosos foros internacionales que lo único que se buscaba era el cumplimiento de lo decidido por la Justicia argentina. De aprobarse, la Argentina estaría cediendo su jurisdicción, de un modo que no reconoce precedentes, sin obtener ningún elemento concreto que ayude al juzgamiento del atentado”, expresaron a través de un comunicado.

Allí se preguntan qué hay detrás del acuerdo y “qué negociaciones espurias se ocultan tras la fachada de este entendimiento aberrante”.

“El único objetivo de un acuerdo con Irán debe ser la inmediata entrega de los ocho acusados solicitados por la Justicia”, expresan, advirtiendo que “cualquier otro tipo de arreglo es una burla al reclamo permanente de justicia del pueblo argentino y una afrenta a la memoria de las víctimas de la AMIA”.

Por lo demás, remarcan, “aun cuando una mayoría circunstancial aprobara en el Congreso este acuerdo, para la Argentina -que se rige por un Estado Constitucional de Derecho- éste carecerá de todo efecto, ya que ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo pueden interferir en la sustanciación de causas judiciales en trámite”.

El comunicado concluye diciendo que “no puede convertirse la memoria de las victimas en una transacción inmoral que solo favorece los intereses de Irán, un régimen teocrático que niega el Holocausto, que persigue cualquier ejercicio de la libertad y que mantiene a las mujeres en una situación de virtual esclavitud. Es infame que nuestro nuevo aliado en el esclarecimiento de los crímenes de la AMIA sea precisamente el país cuyos altos funcionarios están seriamente sospechados de haberlos cometido”.