Al hablar en un pasaje del discurso de este lunes sobre un caso que involucra a la Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios (ADECUA), la presidenta Cristina Fernández de Kirchner señaló que el Gobierno tiene en estudio varios proyectos que pronto enviará al Parlamento, para “democratizar la Justicia”.

La presidenta se quejó porque “cuando se trata de juzgar al Estado hay cola de jueces y fiscales”, pero cuando el caso concierne a privados “nunca se sabe quiénes son los magistrados”, dijo.

En su discurso, Cristina sostuvo que “cada vez hay mayor necesidad de democratización de la Justicia, de la selección de jueces y del juzgamiento de los jueces” y destacó en ese sentido que tiene “varios proyectos en mente que los vamos a dar a conocer oportunamente para que las cosas anden mejor”.

La Presidenta citó como ejemplo de esa necesidad, el caso de 1.700.000 consumidores que recurrieron a una ONG defensora de derechos del consumidor para reclamar contra cinco bancos importantes, uno de ellos extranjeros, por el cobro indebido de comisiones.

Indicó que en el proceso judicial que se entabló al respecto se determinó que los perjudicados tenían un plazo de 60 días para hacer su reclamo a la respectiva entidad bancaria, pero que la mayoría de ellos no se enteró porque la noticia sobre el resultado de la homologación “salió muy chiquita en dos diarios”.

Indicó que por ese motivo los bancos, a los que se les reclamaba un total de más de 367 millones de pesos, terminaron resarciendo “a menos del uno por ciento de los perjudicados”, lo que representó 1.500.000 pesos, mientras que los abogados cobraron 15 millones de pesos.

La Presidenta estimó que si se hubiera aplicado el método que usó el Estado para obligar a las empresas telefónicas a pagar resarcimientos a sus clientes cuando hubo un gran “apagón” telefónico, lo cual se hizo en forma automática, todos los afectados por el caso de los bancos hubieran recibido directamente en sus cuentas el monto reclamado, sin tener que hacer ningún otro trámite

A cuento de ello, la presidenta consideró necesario que para esos casos exista “un modelo, un protocolo del cual no se puedan apartar” y anticipó que “lo vamos a instrumentar, si es necesario, mediante la reforma de la Ley de Defensa del Consumidor, para que quede consagrado como modelo de contrato y nadie se haga el distraído”.

“Haremos un patrón –agregó- que va a aprobar o no el Congreso, para defender realmente el derecho de los consumidores y no el de las empresas”.

“Hay una cosa –precisó Cristina- con el tema de la Justicia: acá no solamente la ONG” que intervino actuó erróneamente, sino que “el juez tiene la obligación de respetar ese reclamo” por lo que “estas cosas me hacen insistir cada vez más en la democratización de la Justicia, porque cuando se trata de condenar al Estado y juzgar a funcionarios hay largas colas de jueces peleándose para hacer justicia, pero cuando se trata de bancos o de asuntos económicos privados, nunca sabemos qué juez interviene o qué fiscal y nadie habla de eso”.

Dijo que se enteró del caso del reclamo contra los bancos gracias a que “una mujer fue a hacer la denuncia” por lo que sostuvo que “me gustaría que el ministerio de Justicia interviniera además en la figura de enriquecimiento sin causa, que es un equivalente al que podría ser el enriquecimiento ilícito de funcionarios, pero en el caso de privados”.

“Hay que comenzar a plantear estas cosas a los argentinos”, advirtió, al insistir que en ese caso “era fácil, nos copiaban lo que habíamos hecho nosotros con las Telefónicas y listo”.

Instó entonces a los consumidores y usuarios que se asesoren aunque aseguró que “nosotros vamos a tomar cartas en el asunto, vamos a elaborar un protocolo por parte de la secretaría de Defensa del Consumidor, para que los modelos de acuerdos entre usuarios y consumidores le garanticen a los usuarios, cualquiera sean los abogados que contraten, que tengan ese modelo del cual no se puedan apartar”.

“Creo –insistió la Presidenta- que es un momento muy especial para todos los argentinos, y en el mundo, que ha cambiado y lo sigue haciendo a una velocidad vertiginosa” por lo cual “el deber de los dirigentes es anticiparse a los tiempos, prever nuevos escenarios y ayudar así que los 40 millones de argentinos estén mejor parados”.