2012 ha sido un año en el cual legislativamente se trataron temas muy importantes como lo fueron la trata de personas, la estatización de YPF, la Declaración de Ushuaia reivindicando el derecho soberano sobre las Islas Malvinas, la derogación del avenimiento, entre otros.

Lo que es sorprendente, es la falta de interés que tuvo un tema que, desde todos los sectores políticos, se preocuparon en resaltar como necesario e impostergable, tal como lo es la Ética Pública tema que está directamente relacionado con el acceso a la información pública.

Con varios casos que se trataron a lo largo del año pasado sucedió que la opinión pública solicitó tener acceso a la información de manera de salir del medio de peleas entre poderes y tener claridad acerca de lo que se debatía.

En innumerables ocasiones por la falta de una Ley de Acceso a la Información Pública muchos ciudadanos vieron totalmente restringida la posibilidad de efectuar análisis, estudios o simples consultas sobre las acciones de los diversos organismos nacionales y provinciales.

En los países en que está vigente la legislación de acceso a la información pública, la transparencia y credibilidad en los actos de gobierno se constituyen en elementos centrales, en tanto la transparencia y credibilidad son requisitos primordiales para un Estado de Derecho.

Argentina, al igual que Venezuela, integra la lista de los pocos países latinoamericanos que aún no tienen una Ley de Acceso a la Información Pública. Por el contrario, cuentan con legislación México, Chile, Perú, Uruguay, Guatemala y Nicaragua.

En el año 2009 los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), entre los cuales se encontraba Argentina, firmaron la Resolución AG/RES 2514. La misma encomendó la elaboración de una Ley Modelo sobre Acceso a la Información Pública y una Guía para su Implementación, de conformidad con los estándares internacionales. La citada norma fue presentada por el Grupo de Expertos sobre el tema y coordinada por el Departamento de Derecho Internacional de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA.

La Ley Modelo se generó para que todos los países se pudieran basar en un documento de altísima calidad y seguridad jurídica, allanando de esta forma esfuerzo y tiempo de trabajo individual que tendría que dedicarle cada país al desarrolló de una ley de este estilo.

Las leyes de transparencia o de acceso a la información pública permiten que quienes soliciten información al gobierno lo hagan sin exponer razones legales para legitimar sus demandas. Cada ciudadano tiene la potestad de requerir los datos que quiera, y el Estado, la obligación de otorgarlos.

En Argentina, el pasado año, el tema de acceso a la información pública y el de ética pública fueron impulsados por sendos proyectos de mi autoría. El 13 de agosto de 2012 bajo el expediente 5518-D-2012 ingresó en trámite parlamentario el relativo a la Ley sobre Acceso a la Información Pública y el 20 de noviembre de 2012 en expediente 8188-D-2012 de modificación de la Ley 25.188 de Ética Pública.

Hoy, al finalizar el primer mes de 2013, notamos en los medios periodísticos a muchos funcionarios que pugnan porque se sancione una Ley de Ética Pública, generando una confusión entre la Ley 25.188 y una norma de acceso a la información pública que es lo que demanda la ciudadanía para fortalecer la transparencia.

Desde ya que, como toda ley, tiene puntos para perfeccionar y en pos de ello dirigí parte de mi trabajo legislativo en 2012. No obstante debemos diferenciar claramente la Ética Pública del Acceso a la Información Pública. La primera marca los principios fundamentales que debemos cumplir los funcionarios públicos y la segunda trata del derecho de acceso de la información pública que debemos tener por ley todos los ciudadanos.

Argentina debe sancionar en 2013 la Ley de Acceso a la Información Pública de manera de poder reforzar nuestro Estado de Derecho que tan frágil lo hemos visto en varias ocasiones y por otro parte esta obligada a aplicar todo el peso de la Ley 25.188 contra todo funcionario público que no respete lo que la misma dispone.

Alfredo Atanasof es diputado nacional