El interior profundo demanda una mayor atención a sus problemas y tiene mucho para decir en las próximas elecciones legislativas, ante una realidad acuciante que se agrava mientras se profundiza el déficit fiscal y se hace imprescindible fijar una nueva agenda para encausar la economía nacional, que se desliza en una pendiente recesiva de menor actividad y consumo, falta de incentivos a la producción y la generación de empleo.

Por ello creo que, en línea con la aspiración de labrar acuerdos parlamentarios fundamentales por encima de cualquier estrategia electoral, debemos asumir la perentoria necesidad de recuperar las bases del federalismo, ante el avasallamiento y la discrecionalidad del Poder Ejecutivo en la asistencia financiera a nuestras Provincias y Municipios.

Aunar el respeto a nuestra dignidad y autonomía, con la sensibilidad necesaria para afrontar nuestras carencias y adversidades que requieren un fuerte compromiso federal, va a demandar un gran esfuerzo de mucha gente, de distintos sectores y fuerzas políticas capaces de unirse en lo institucional, aunque separadas en lo electoral, para ponerle un límite concreto al oficialismo en la concentración y manejo de los recursos fiscales.

En el plano institucional, se trata de dar un nuevo paso en defensa de la Constitución, en el camino que las fuerzas políticas con representación parlamentaria en ambas Cámaras del Congreso de la Nación signaron en defensa de la norma constitucional que impide la reelección inmediata de la Presidenta, con el que se abrió la expectativa de un esfuerzo común para reconstruir las instituciones republicanas y asegurar la alternancia democrática en nuestro país.

En el plano económico se trata de recuperar la coparticipación primaria de las Provincias, poniendo límites a nuevas detracciones de recursos y acrecentar las transferencias fiscales automáticas, restituyendo fondos que se han ido detrayendo por diversas vías y pactos ya perimidos. La coparticipación federal prevista por la legislación vigente prevé una distribución del 37 % y hoy se está coparticipando menos del 27 % a las Provincias.

En la estricta justicia del planteo, se trata también de evitar discriminaciones políticas del gobierno nacional en la remisión de fondos nacionales no automáticos, diferentes de la coparticipación federal de impuestos, que bajo esta administración, por primera vez en nuestra historia, han superado a la coparticipación nacional en los últimos años.

Un informe de la AGN revela que entre el 2007 y el 2009, el gobierno repartió poco más de 200 mil millones de pesos en concepto de coparticipación federal, mientras que distribuyó 260 mil millones como fondos nacionales no automáticos.

El gobierno nacional ha inaugurado ahora la práctica de autorizar por Decreto al Jefe de Gabinete, a repartir fondos a los Municipios sin tener en cuenta a los Gobernadores de Provincias, lo que significa un nuevo embate contra el sistema federal.

El Decreto 2609 de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado en el mes de enero, modifica el Presupuesto Nacional aprobado el año pasado y dispone auxilios por $1.129 millones para pagar salarios y gastos corrientes, aunque lo justifica con la retórica de “implementar mecanismos de asistencia económica y financiera destinados a mejorar la eficacia, la capacidad de respuesta y el resultado de la gestión por parte de los gobiernos municipales”.

También el Decreto expresa que por la urgencia de la crítica situación, se debe resolver la cuestión a través de un DNU, sin esperar los tiempos del Congreso ya que “ante la falta de una rápida respuesta a los requerimientos, algunas municipalidades no podrían desenvolverse con normalidad. No dice cuáles son los Municipios beneficiados, que atraviesan una situación financiera crítica, ni a qué Provincias pertenecen. En definitiva, se trata de otra herramienta del armado político del oficialismo para cooptar Intendentes y favorecer a determinadas jurisdicciones.

Aunque la medida resulta insuficiente para atender la cantidad de gobiernos locales que atraviesan dificultades financieras, (ya que 1.129 millones de asistencia a Municipios representan solo el 0,18 % del Presupuesto Nacional de 629.216 millones), importa destacar la discrecionalidad y la falta de pautas razonables establecidas para la asignación de los recursos.

Toda inversión pública debe obedecer a criterios y objetivos explícitos y transparentes, factibles de auditarse en su contabilidad y resultados. Tampoco puede compararse la ayuda nacional para salvar una emergencia, con la distribución para otra finalidad, entre comunas en idéntica situación, que no guarda ningún criterio equitativo, ni de rentabilidad ni eficiencia en la asignación de los recursos públicos. En consecuencia, resulta de una discrecionalidad injustificable.

También forma parte del escenario político nacional que debe revertir nuestro compromiso federal, la situación de las economías regionales que están entrando en crisis, aún más profunda que la economía nacional en su conjunto.

Porque la mayor vulnerabilidad de nuestras producciones regionales, carecen de la escala que beneficia el auge global de los productos básicos y sufren cada vez más una pérdida competitiva en los mercados de exportación, tanto por efecto de un tipo de cambio rezagado por la inflación, como por los costos aumentados del transporte y la energía, y una mayor carga fiscal.

En síntesis, una agenda política para encausar la economía a que todos aspiramos, requiere devolver autonomía a las Provincias y rescatar las bases jurídicas, económicas y sociales del federalismo argentino.