El caso de los niños y niñas de menos de 3 años maltrados por una maestra en el jardín de infantes Tribilín, de la localidad de San Isidro, pone de manifiesto la necesidad de contar con la más rigurosa legislación en lo que se refiere a controles y supervisión de este tipo de instituciones tanto en lo pedagógico como en lo referido a la cuestión de habilitación. Así lo señaló la experta en pedagogía y presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Nación, .Adriana Puiggrós.

Según informó la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) de la provincia de Buenos Aires, el jardín de infantes Tribilín no cuenta desde 1996 con autorización para funcionar como una institución educativa y figura con un cierre técnico pedagógico. En este sentido, consultada Adriana Puiggrós sobre el maltrato recibido por los pequeños y denunciados por un padre, dijo que “estos hechos y situaciones dramáticas a los que han sido sometidos estos niños y niñas por parte del personal del Jardín Tribilín, obligan a revisar cuál es la situación actual sobre lo institucional en áreas tan importantes como las educativas”.

La diputada y presidenta del Frente Grande dijo que “nosotros presentamos un proyecto que obtuvo media sanción en Diputados en 2012 y que en noviembre pasó al Senado a la espera de su tratamiento para convertirse en ley, que está dirigido, justamente, a la supervisión pedagógica de las instituciones educativas de este tipo y cuyo fin central es proteger la integridad de los niños y niñas”.

“Ante estas situaciones inaceptables, entendemos que hay que profundizar los controles pedagógicos y legales. Pero para ello hay que crear las herramientas jurdídicas, legislativas”, contó Puiggrós.

Sobre este particular, Puiggrós explicó que “el proyecto tiene por objeto regular las condiciones de funcionamiento y supervisar pedagógicamente las instituciones no incluidas en la enseñanza oficial que brindan educación y cuidado de la primera infancia desde los 45 días hasta los 5 años de edad. Estas instituciones son de gestión estatal, privada, cooperativa y social y pertenecen a organizaciones sin fines de lucro, sociedades civiles, gremios, sindicatos, cooperativas, organizaciones no gubernamentales, organizaciones barriales, universidades, comunitarias y a otras similares”, puntualizó la legisladora nacional y experta en pedagogía.

El proyecto de ley de Puiggrós sobre regulación de los establecimientos de educación inicial establece en su artículo 2º que “en el caso de los establecimientos no incorporados a la enseñanza oficial cuya organización o financiamiento dependan de organismos oficiales de salud, desarrollo social u otros, será la autoridad educativa competente en cada jurisdicción la que articule sus acciones con dichos organismos pertinentes, para el cumplimiento de la presente”.

Y en su artículo 3º, que “los Centros de Desarrollo Infantil, instituciones reguladas por la ley 26.233, de Promoción y Regulación de los Centros de Desarrollo Infantil, deberán recibir supervisión pedagógica por parte de la autoridad educativa competente de cada jurisdicción en articulación con la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación”.

Consultada sobre el porqué de la necesidad de un proyecto de ley de esta naturaleza teniendo en cuenta la vigencia de la Ley de Educación Nacional 26.206, y en este caso que el Jardín de Infantes Tribilin, estaría bajo la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires y/o municipal, Puiggrós detalló que “la idea del proyecto surgió debido a que hay varias instituciones en situaciones poco claras, por eso hay que agudizar los controles pedagógicos. Hay muchas instituciones que no están bajo la dependencia formal de ningún organismo público estatal. Por este motivo es que presentamos un proyecto con el objetivo de regularizar estas instituciones con supervisión no sólo administrativa, sino, principalmente, pedagógica educativa, que es una manera de proteger los derechos de la primera infancia, niños y niñas”, finalizó.