El acuerdo con Irán no encuadra en ninguna institución jurídica argentina.
Constituir una Comisión no judicial que investigue la autoría de delitos
que son objeto de causas judiciales y en los que existen órdenes de
detención expedidas, si es administrativa –aunque sea binacional, o
internacional- carecerá de efectos jurídicos sobre los imputados.

Pero si esa Comisión Administrativa se convierte en un Tratado
Internacional, reemplazando para estas causas los institutos legales de la
“Indagatoria” y la “declaración testimonial”, implica una reforma “ad-hoc”
del Código Procesal Penal, que los imputados podrían eventualmente invocar
para liberarse de su orden de captura.

Lo que resulta insólito es la intervención judicial. ¿Qué naturaleza
jurídica-penal tendrán las declaraciones que se tomen? ¿Serán indagatorias,
con su consecuencia inherente que es la disposición de los reos por parte
de los jueces? ¿Se cumplirán para ello los requisitos procesales de
participación de las partes previstas en la ley, o sea el Ministerio
Público, los defensores y los querellantes? ¿Los imputados designarán
defensores? Si no lo hacen ¿se les designarán abogados de oficio? ¿Serán
simples testimoniales? ¿Se realizarán bajo juramento, y por lo tanto no
tendrán validez como pruebas de cargo para los declarantes? ¿Reemplazarán
esas declaraciones a las que los imputados están conminados a realizar en
los procesos en curso? ¿O serán simples elementos de juicio “en búsqueda de
la verdad”, ajenos a los procesos?

Sin duda, por estas y otras preguntas que los técnicos en derecho penal ya
han anotado, lo que se ha firmado con Irán conforma un enchastre jurídico.

Pero sus efectos, verdaderos motivos por el cuál Irán firmó el acuerdo,
conforman una real amnistía, sancionada por el Congreso del país en el que
se cometieron los crímenes. La consecuencia real y concreta será la
paralización indefinida de las causas en Argentina, conducidas a un
callejón sin salida. Será una virtual amnistía, pero vergonzante.

Se habrá concretado la impunidad sobre los dos atentados terroristas más
grandes de la historia realizados en nuestro país.

Ni los funcionarios que firmaron esta humillante capitulación del derecho
argentino ante el terrorismo ni los propios terroristas amnistiados, sin
embargo, podrán festejar. Las normas penales que castigan esta clase de
delitos, claramente “de lesa humanidad”, podrán burlarse por poco tiempo.

Estos crímenes son imprescriptibles y no pueden ser objeto de amnistía ni
perdón. La responsabilidad se extenderá también al Estado argentino, por
haber renunciado a su responsabilidad de persecución penal, ubicándose en
similar situación que Irán. Y ello abrirá automáticamente la jurisdicción
de cualquier tribunal del mundo –léase bien, de cualquier tribunal del
mundo- para abrir su causa.

Más tarde o más temprano, el peso del derecho penal internacional caerá
sobre ellos. Y tal vez, sobre los cómplices que faciliten el intento de
impunidad modificando las leyes para favorecerlos.

La política internacional del kirchnerismo ha sido y es lastimosa para los
intereses nacionales. No sólo en el plano regional, sino en el global, el
país ha optado por el aislamiento y su imbricación con lo peor del planeta.
Este acuerdo consolida ese rumbo, en un escalón mayor de gravedad: hasta
ahora, la Argentina era vista como el hazmerreír de todos, pero había un
compromiso que nunca se atrevió a romper: el de su apoyo a los esfuerzos
internacionales contra el terrorismo.

Este acuerdo traspasa ese límite. No es aventurado afirmar que si el
Congreso aprueba este enchastre, no será ya sólo el kirchnerismo –en última
instancia, una circunstancia en la historia nacional, que como cualquier
gobierno, en algún momento terminará- quien extravió sus pasos. Será la
Nación Argentina, con el peso de sus máximas instituciones políticas.

Y desde ahí, será mucho más trabajoso volver.