Seguimos con fuertísima indignación los sucesos del Jardín de San Isidro, irónicamente llamado “Tribilin”. La inexistencia de supervisión pedagógica o institucional demuestra que existen actividades privadas fuera de las normas vigentes, con serios riesgos para quienes allí concurren y que es imprescindible redoblar los controles y erradicar las posibles complicidades de las redes de inspección local.

La violencia de las supuestas docentes también demuestra que los malos tratos y las acciones de violencia contra niños y niñas son parte dramática de una realidad que es necesario revisar. Que la Convención Internacional de los Derechos del Niño, la Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de la Infancia y Adolescencia Nº 26.061 y todas las concordantes locales, deben ser incorporadas a las prácticas cotidianas con insistencia a lo largo y ancho del país.

En la Ciudad de Buenos Aires hubo una situación similar hace más de 15 años: el llamado Jardín de Ana quedó inmortalizada como la guardería trucha en la cual se violaban los derechos de chicos de dos y tres años de edad. Las denuncias habían sido múltiples, y se cuestionaba la existencia de estas instituciones sin reconocimiento educativo oficial. A partir del escándalo, el legislativo local estableció su absoluta prohibición y generó una normativa unificada –ordenanza 52.137 – para todos los jardines privados, con la correspondiente supervisión del Ministerio de Educación. Tales normativas debieron ser varias veces prorrogadas y actualizadas, pero se puso fin a esos dispositivos precarios sin fiscalización- Ley 621.-

Tenemos que analizar otras limitaciones que hacen al fondo de la cuestión. El nivel inicial oficial presenta una demanda insatisfecha histórica, acentuada en los últimos años por la ineficiente gestión del área de infraestructura escolar. Las listas de espera de miles de niños en salas de 2, 3 y 4 años se relativiza frente a la casi inexistente oferta de jardines maternales – escuelas infantiles desde los 45 días de edad. Es urgente la organización de un plan de construcción de escuelas para niños desde los 45 días hasta los cinco años de edad.

En la Ciudad de Buenos Aires y frente a estos cuestionamientos, el Gobierno ha inventado los Centros de Primera infancia, otorgando recursos en equipos y en refacciones a guarderías de las villas y barrios carenciados de la Ciudad. Con estos casi 30 CPI el gobierno de la Ciudad dice haber compensado y brindado respuesta a las listas de espera del nivel inicial. En realidad lo que ha logrado es contar con un nuevo circuito diferenciado, de menor calidad, sin supervisión pedagógica de los docentes a cargo de los niños, ni habilitaciones específicas. Podrán constituir un ámbito de contención social importante, pero que no reemplazan el nivel educativo e institucional de la escuela del nivel inicial organizada y supervisada por el Ministerio de Educación. El plan de obras de Educación se eterniza y se estanca. Necesitamos una acción decidida del Estado para dotar de jardines maternales/escuelas infantiles a todos los barrios de la Ciudad.

María Elena Naddeo es diputada porteña por el Frente Progresista Popular, presidenta de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud.