El atentado terrorista a la Amia, configura un delito de lesa humanidad, crimen que debe ser perseguido judicialmente por la Argentina, en virtud de normas de derecho internacional, irrenunciables para nuestro país, por estar incluidas en tratados que integran la Constitución Nacional.

La Carta Magna (artículo 118) impone el juzgamiento por los Tribunales argentinos de los delitos contra la humanidad, aun cuando se concreten fuera del territorio nacional. Tal normativa importa la consagración de una larga conducta, enumerándose sólo la ratificación legislativa por la Argentina de los Convenios de Ginebra de 1949, que obliga a actuar en virtud del derecho de gentes y de las leyes de la humanidad, sin posibilidad de apartamiento de lo acordado.

Previamente, la Argentina confirmó los principios del Tribunal de Nüremberg, instando a los países miembro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a detener y extraditar para su juzgamiento a los acusados de crímenes contra la humanidad (11/12/1946).

El Acta de Chapultepec, para los Estados Americanos, repite la declaración, ratificada por Argentina (ley 12.837), con expresa mención de que los principios enumerados “han orientado la política exterior de la Nación y coinciden con los postulados de la doctrina internacional argentina”.

La obligatoriedad para la comunidad internacional de cautelar los derechos de la familia humana se reconfirma paradójicamente en la Declaración de Teheran (13/5/68), incumplida por la República Islámica de Irán en la causa Amia.

Siguiendo con la tradición nacional, la Argentina vota la resolución 3.074 de la ONU (3/12/73), sobre cooperación en la extradición y el castigo de los culpables de crímenes de lesa humanidad, y adhiere por Ley al Estatuto de Roma (17/7/98), que crea la Corte Penal Internacional y reitera el compromiso de contribuir al castigo de los crímenes contra la humanidad (juzgar o entregar para que otro juzgue).

Antes, y de toda importancia ahora, la Argentina ratificó la Convención de Viena, (3/10/72) y asumió como nulo todo tratado que esté en oposición con una norma de derecho internacional general. Y no media duda de que un crimen de lesa humanidad es motivo de castigo por el derecho internacional general, merced a los acuerdos vigentes para julio de 1994.

Para que lo entienda hasta un aplaudidor a sueldo: por compromiso nacional de rango constitucional, la persecución penal por crímenes contra la humanidad no puede ser motivo de pactos que la dilaten o condicionen, por lo que resulta insanablemente nula toda actuación contradictoria a tratados protectores del derecho de gentes.
Es que ni siquiera puede hablarse de la cuestión fuera del marco jurídico ya asumido por la Argentina. Nuestra negativa al memorando de “entendimiento” es absoluta. Jurídicamente es nula y culturalmente suicida.

Intentar entenderse con quien niega la existencia de Auschwitz, es lo mismo que discutir con aquellos que refutan el funcionamiento de la Esma. No nos interesan, por ahora, las motivaciones inconfesables del bochorno bajo consideración, que rechazaremos, con la tranquilidad de que esta inútil vergüenza nacional será trascendida por la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y la conciencia universal de que los criminales serán procurados “hasta el confín de la Tierra y puestos en manos de sus acusadores para que se haga justicia” (Declaración de Moscú, 1/11/1943, de los jefes de Estado Roosevelt, Churchill y Stalin, antecedente del Tribunal de Nüremberg).

*Diputado nacional (Frente Cívico-Córdoba)