Organismos de derechos humanos y defensores públicos solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, la declaración de inconstitucionalidad de la ley que reformó el sistema de excarcelaciones en casos de portación ilegítima de armas de fuego, el 13 de diciembre pasado.

A su vez, se solicitó al máximo tribunal que suspenda sus efectos hasta tanto se resuelva la discusión constitucional.

La Comisión por la Memoria, el CELS, el CIAJ, CEPOC y defensores públicos de la provincia de Buenos Aires cuestionaron la reforma por “violar” la Constitución provincial y los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos. La ley fue promovida por el gobernador Daniel Scioli y aprobada el 13 de diciembre pasado, con la justificación de que permitirá controlar la circulación de armas de fuego y, como consecuencia, reducir los delitos más violentos.

Señalan esos organismos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSBA) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han afirmado en reiteradas oportunidades que no pueden existir delitos no excarcelables porque eso implica atribuirse funciones judiciales.

La única posibilidad de privar de libertad a una persona sin condena es por la acreditación judicial de peligro de fuga o entorpecimiento de las investigaciones, agregan. A su vez, esta norma tal como fue sancionada, “resulta violatoria de los principios de igualdad y de prohibición de irretroactividad de la ley penal”.

A través de un comunicado, sostienen que “los problemas de constitucionalidad de la nueva ley son síntoma de una política de seguridad que apuesta a la demagogia punitiva. Nuevamente, el poder político procura responder a las demandas sociales de seguridad con el endurecimiento del sistema penal. Bajo estos mismos argumentos, en los últimos años se impulsaron más de treinta reformas procesales con pobres resultados en materia de prevención y reducción de la violencia”.