“Cuando Scioli envió a la Legislatura el proyecto de Ley de Denegación de Excarcelaciones advertimos que se trataba de una iniciativa inconstitucional, la rechazamos de plano y sin atenuantes”, recordó el diputado por Nuevo Encuentro Marcelo Sain. El 22 de noviembre de 2012, al momento de ser votada la norma en la Cámara de Diputados, el bloque Nuevo Encuentro presentó un proyecto de rechazo en minoría y una iniciativa para la prevención de la Violencia Armada en la provincia.

Sain sostuvo que “la mal llamada Ley de Excarcelaciones es manifiestamente inconstitucional por donde se la mire: le quita facultades a los jueces otorgándoselas a la policía; presume que la sola portación de armas constituye un delito y viola el principio de inocencia; desconoce que la denegación de la excarcelación a personas sin condena sólo debería concretarse cuando existan pruebas que acrediten el peligro de fuga y el entorpecimiento de la investigación. Esta ley es un mamarracho”.

“Cuando se votó la Ley el año pasado dijimos, y lo volvemos a repetir, que esa norma, presentada falsamente como una política de seguridad, es en realidad una herramienta completamente inútil”, señaló Saín.

En ese orden, el legislador sabbatellista insistió en que el proceso de reformas procesales que comenzó en la provincia en 1990 y en el cual se inscribe esta ley sciolista “no provocó ningún avance en materia de seguridad y por el contrario generó un aumento masivo de la prisionización y del hacinamiento en el sistema carcelario bonaerense”.

De acuerdo con los datos publicados por el Anuario Estadístico de la Dirección de Estadísticas de la Provincia, entre 2004 y 2011 –en el mismo período en que se producían las reformas procesales- hubo un incremento del 23% de la población carcelaria en territorio bonaerense.

En 2004 había 22.576 personas detenidas (el 85% de ellas con prisión preventiva); en el 2009 esa población pasó a ser de 24.094 detenidos (71% con prisión preventiva); para 2011 se registraron 27.811 personas detenidas. “El sistema penal de la Provincia es un sistema clasista que solo criminaliza delitos cometidos por sectores populares, y es peor aun ya que se criminaliza a sectores, que sin cometer ningún tipo de infracción penal, son estigmatizados”, enfatizó Sain.

El bloque Nuevo Encuentro presentó un proyecto de ley de Prevención de la Violencia Armada en la Provincia que contempla la confección de un diagnóstico del mercado ilegal de armas y de la violencia armada; la creación de una agencia estatal especializada (similar al RENAR) para promover, coordinar y realizar el seguimiento de las políticas en materia de armas de fuego; la creación de un sistema provincial automatizado de identificación balística y acciones de control y destrucción de armas de fuego controladas por el Estado.