Fue realmente muy duro el documento leído por representantes de los familiares de las víctimas del choque del tren en Once, del que este viernes se cumplió un año. Las críticas apuntaron fundamentalmente hacia el Gobierno, al que advirtieron que “anuncien lo que anuncien, hagan lo que hagan no van a poder borrar los nueve años de abandono. No podrán olvidar a los 52 muertos que son víctimas de este Gobierno que debió trabajar para evitarnos este dolor. El daño es tan difícil de dimensionar, como la vergüenza que da que tengamos que pedir ayuda, en lugar de recibirla”.

Menos aún escapó la presidenta a las críticas, de la que se expresó que “recién a días de que se cumpla el año, se acordó de nosotros con un mensaje más hiriente que el propio silencio, con un abrazo solidario tardío”.

En ese marco, se reclamó al Congreso tratar un proyecto que contemple la creación de una Comisión Bicameral para “controlar” las obras que lleva adelante el Gobierno en el ferrocarril Sarmiento.

De la marcha realizada a la Plaza de Mayo participaron numerosos dirigentes políticos de todos los sectores de la oposición.

Entre ellos, el diputado Fernando “Pino” Solanas, quien expresó que el ministro de Planificación Julio De Vido “es el principal responsable de esta tragedia. La Secretaría de Transporte depende de Planificación, no puede seguir haciéndose el distraído. En la escala de responsabilidades, primero está la empresa concesionaria; y también, las autoridades que permiten una gestión vergonzosa”.

“Esta es la consecuencia de un sistema que viene desde Carlos Menem y que ningún Gobierno lo ha solucionado en veinte años. El sistema consiste en haber cedido la gestión de los ferrocarriles a empresas privadas que no tienen ninguna responsabilidad. Los concesionarios realizan la gestión, pero la ley les exime de todo riesgo”, manifestó el líder de Proyecto Sur.

También participaron de la movilización: Jorge Cardelli, diputado nacional de Proyecto Sur y los legisladores de la fuerza Julio Raffo y Rafael Gentili. Asistieron también los diputados Victoria Donda, Patricia Bullrich y Claudio Lozano, entre otros. Este último señaló que “se pagó con vidas inocentes la decisión de mantener la red de complicidades empresarias, estatales y sindicales que crearon las políticas privatistas de los noventa”.