Llega a su fin el tiempo de vacaciones, con un febrero cuya cantidad de feriados recreó ese clima aun en quienes están trabajando. Y para el gobierno es un tiempo con fechas clave que se han acumulado sobre la previa al comienzo de la parte más activa del año. Es que el calendario kirchnerista tiene marcados tres días que merecen su máxima atención y la de todos.

La primera acaba de pasar: el 22F -manera como nos hemos acostumbrado a denominar las efemérides-, primer aniversario de la tragedia de Once. Un día que el kirchnerismo sabía complicado, aunque llegó al mismo considerando que lo hacía en una posición más aliviada de lo que temía. En la previa a los actos conmemorativos, un funcionario detalló ante este medio en la Casa de Gobierno las sensaciones que allí imperan sobre el tema de la siguiente manera: “¿Cuál era el reclamo de la gente? Justicia. Bueno, el juez se ha movido rápido y respecto de los imputados, no hay nada que objetar”.

En efecto, el juez Claudio Bonadío envió a juicio oral la causa aun antes de cumplirse un año del hecho, en un trámite veloz y ciertamente expeditivo para lo que son los tiempos de nuestra justicia. El magistrado -que se sentó a la izquierda de la Presidenta en la residencia de Olivos el 29 de noviembre pasado, cuando asistió al trámite de la declaración de Cristina Kirchner como testigo del juicio que le inició a una periodista italiana y al director de Il Corriere Della Sera por una información que consideró difamante- debe haber dejado satisfecho con su accionar al gobierno. Recordemos que el reclamo de la Presidenta cuando el 27 de febrero de 2012 se refirió por primera vez a la tragedia, fue que la justicia actuara con celeridad.

Eso sí, recién entonces dijo que tomaría “las decisiones que sean necesarias”, aunque tuvo que hacerlo antes. La situación de Juan Pablo Schiavi se hacía insostenible y el gobierno le soltó la mano, en una actitud que el kirchnerismo considera hoy acertada. “No pueden reprocharnos que hayamos cobijado a nadie”, insistió la fuente consultada, que tragó saliva cuando se le mencionó a Julio De Vido, uno de los nombres que recibió abucheos el viernes último en la Plaza. En efecto, el ministro que defendió al exsecretario de Transporte el mismo día en que se formalizó su reemplazo, es incluido por los familiares de las víctimas en la cadena de responsabilidades en la que hicieron hincapié en los actos del primer aniversario.

Pero tras la breve pausa, el funcionario completó su panorama: “De Vido ya no maneja el tema, toda el área de Transporte ha sido reformulada tras la tragedia”. Otro elemento indicativo para el kirchnerismo de haber actuado expeditivamente tras el accidente.

Sin embargo, más allá de todas esas consideraciones, las críticas no fueron leves durante los actos del 22F. Y llegaron a lo más alto. Como contrapartida, el gobierno espera que hayan quedado circunscriptas al ámbito donde acontecieron, convencido de que no marcan una tendencia generalizada. Es lo que piensan, basados en ciertas encuestas que en las últimas semanas han retemplado sus ánimos.

El almanaque que figura en todos los despachos kirchneristas tiene una segunda fecha marcada en rojo: el 27F. Es el día previsto para la audiencia en la Corte de Apelaciones de Nueva York por la deuda argentina. Tan importante es, que algunos analistas han definido al suceso como “el juicio del siglo”. Tal vez exageren, pero las consecuencias que lo que allí se resuelva tendrán sobre el sistema financiero internacional le dan a esa definición un tono apropiado.

Los analistas económicos y jurídicos admiten un “final abierto”, aunque todos coinciden en aguardar un fallo más o menos equilibrado, en el cual cada parte deba ceder algo. Difícilmente los holdouts vean satisfechas sus pretensiones de cobrar la totalidad de los títulos originales más intereses y en efectivo, pero es más que probable que Argentina se vea obligada a afrontar un pago que satisfaga el “tratamiento igualitario” (pari passu) reclamado. Las cifras que tendría que afrontar nuestro país oscilan entre 650 y 1.330 millones de dólares. Pero en caso negativo, el efecto podría extenderse a otros juicios de quienes reclamarían en consecuencia.

La totalidad de los bonos no reestructurados asciende a 11.215 millones de dólares. Ni hablar de los intereses que pudieran reclamarse. No se espera, eso sí, que la definición del tema se resuelva ese día.

El tercer día marcado en los almanaques oficialistas es el 1° de marzo, fecha en la cual la Presidenta dará su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. Son muchas las especulaciones que se hacen en torno a los anuncios que pueda dar la Presidenta, pero ninguno cuenta con la certeza de ser fidedigno. Nos hemos acostumbrado en esta década kirchnerista a que nadie sabe manejar mejor los secretos que los últimos dos presidentes que ha tenido la Nación. Una tendencia incrementada al máximo cuando uno de los dos dejó de existir. Salvo algo que pueda conocer Carlos Zannini, a quien la Presidenta definió públicamente como su “alter ego jurídico”, ningún funcionario podrá arrogarse la condición de prever los anuncios que vaya a hacer Cristina particularmente en este discurso.

Hay sólo presunciones, basadas en la experiencia. Como de costumbre, la Presidenta ha encargado a cada área ministerial que le acerquen todos los datos positivos que tengan disponibles y formarán parte de la catarata de cifras que ella brindará, cuando se calce los anteojos para recitar los únicos tramos que leerá de su mensaje. Es seguro que hablará de un año difícil, consecuencia de una crisis internacional peor que la de 2008, pese a lo cual -ya lo adelantó hace algunos días- la Argentina logró crecer, ya no a tasas chinas, pero sí con un vigor sorprendente para ella misma, tales sus palabras. “Pensaba que íbamos a estar un poco por debajo”, dijo hace dos miércoles.

Basados en la experiencia del INDEC, algunos analistas contradicen esas cifras, y la sitúan muy por debajo. Hablan de crecimiento cero.

Cristina hablará ante un Congreso que el kirchnerismo domina. En el Senado, volvió a demostrarlo esta última semana, cuando logró aprobar el controvertido acuerdo con Irán. Fue un resultado cantado, con una diferencia clara, pero que no le dejó al kirchnerismo demasiado para festejar, pues apenas 8 votos le dieron la victoria. El resultado se repetirá esta semana, cuando dos días antes de la visita presidencial a la Cámara de Diputados, el acuerdo adquiera fuerza de ley en ese mismo recinto.

El oficialismo habrá conseguido su objetivo, y la Presidenta cumplirá con aquello de que “el Parlamento tendrá la última palabra”. Pero no será con el consenso de todo el arco político. Algo previsible, claro. Como también lo es que el oficialismo seguirá imponiéndose en todas las votaciones de ambas cámaras aun después del resultado de las próximas legislativas. Porque si bien no contará con los dos tercios que necesita para reformar la Constitución, la oposición debería duplicar los guarismos de su victoria de 2009 para revertir el dominio K en el Congreso, que en consecuencia se mantendrá hasta 2015.