El memorando de entendimiento acordado con IRAN por la causa AMIA, ha abierto graves interrogantes por sus ambigüedades, equívocos e imprecisiones, y por sus múltiples implicancias en la política internacional, que comprometen seriamente la conducta exterior de nuestro país.

No me he propuesto describir las graves anomalías que contiene el acuerdo, las alarmas que despierta, ni los peligros que encierra, sino solo analizar cómo el gobierno nacional ha decidido apartarse, en una trascendente decisión de Estado, de todo un camino recorrido desde su llegada al poder, en nombre de la verdad y la justicia.

Creo que el gobierno nacional ha extraviado de manera absoluta e injustificada, toda la coherencia con los principios y convicciones que siempre ha predicado en los temas de derechos humanos, contradiciendo las exigencias de Verdad y de Justicia, en la revisión del pasado en materia de derechos humanos.

En la lucha contra la impunidad de los crímenes de la última dictadura, la Verdad se conocía desde el Informe de la CONADEP, el ejemplar Juicio a las Juntas Militares y los juicios por apropiación de niños en cautiverio.

Pero el imperativo de Justicia sobre el terrorismo de Estado fue ampliado con el transcurso del tiempo con los llamados Juicios por la Verdad, y fundamentalmente a partir de la anulación de las Leyes de Punto Final y la Obediencia Debida.

También vale destacar que el gobierno de Néstor Kirchner asumió oficialmente un compromiso con la causa AMIA, reconociendo la responsabilidad del Estado Argentino por la falta de seguridad y por la denegación de justicia, mediante un Decreto que dictó en el año 2005.

A partir de entonces hubo avances notorios en la causa AMIA y se llevó adelante una investigación seria, en base a la cual fueron emitidas órdenes de arresto internacionales contra varios jerarcas del régimen iraní.

En el Juzgado a cargo del juez Rodolfo Canicoba Corral, en el año 2006 el fiscal Alberto Nismann, solicitó el interrogatorio de ocho imputados, seis de los cuales están incluidos entre los buscados por INTERPOL.

La medida rige para el ex Ministro de Seguridad, el ex consejero cultural de la embajada iraní, el ex tercer secretario de la embajada y dos ex jefes de las Guardias Revolucionarias Islámicas, uno de ellos, es el actual Ministro de Defensa iraní y candidato a Presidente en las elecciones del 14 de Junio próximo. En tanto, el libanés requerido, está actualmente muerto.

El pedido de procesamientos de los funcionarios iraníes que emitió Nisman fue convalidado por el juez Ariel Lijo y luego confirmado por la Cámara Federal. No se hizo lugar en INTERPOL a la solicitud del fiscal para arrestar al ex presidente iraní, al ex canciller y al embajador en Buenos Aires cuando sucedió el ataque, tal como dictaminara el Departamento de Asuntos Jurídicos de la INTERPOL, para no propiciar un “conflicto diplomático”.

En forma sintética la investigación del fiscal Nisman sostiene que la orden del atentado vino de Irán después de una reunión en la que intervino hasta el presidente de ese país, en 1993. El organizador fue el ex agregado cultural iraní en Buenos Aires. La parte operativa se coordinó en la Triple Frontera. La ejecución del atentado fue obra de un suicida, llegado desde el Líbano, integrante de Hezbolá. La reunión cumbre en la ciudad de Mahshad, en Irán, donde supuestamente se planeó el atentado, fue pública y cubierta por la prensa.

Es sabido que el gobierno de IRAN hasta ahora nunca colaboró con la investigación del atentado. Una versión oficial de la diplomacia iraní sobre los crímenes y sobre el proceso fue comunicada en 2010 a las Naciones Unidas, en rechazo de las recriminaciones formuladas ante la Asamblea General por la misma Presidente Cristina Kirchner (Carta A/65/495 del 28-09-2010).

El régimen iraní afirmó de modo categórico que “se ha cerciorado que ningún ciudadano iraní estuvo implicado, directa o indirectamente, en la explosión”. A la vez imputó a nuestro país haber avalado arrestos ilegales y torturas durante las pesquisas, entre otras insólitas acusaciones, para concluir que “la investigación criminal está plagada de irregularidades y carece de todos los atributos esenciales de una resolución judicial”.

Cabe preguntarnos si puede esperarse ahora una retractación de esas declaraciones oficiales iraníes, formuladas por quien sigue siendo representante de su país ante la ONU.
Y puede presumirse que IRAN va a persistir en su permanente deslegitimación de la investigación judicial argentina, rechazando las imputaciones que se le formulan, también en otras latitudes, por sus relaciones con el terrorismo.

Ciertamente el acuerdo puede servir mucho más para mejorar la imagen de IRAN ante la comunidad internacional, que para ayudar al esclarecimiento del atentado de AMIA. Porque le habremos concedido al régimen que gobierna ese país, que siembre dudas, difunda y aliente, presunciones contrarias a la validez de la investigación judicial argentina.

Desde la posición del gobierno de IRAN, que celebran ahora sus agencias oficiales de noticias, a pocos días de tener que justificar un plan nuclear en los foros mundiales, resulta necesario crear una COMISION llamada “DE LA VERDAD” para despejar las falsas acusaciones contenidas en una investigación que ellos entienden “plagada de irregularidades”, como la que llevó adelante la Justicia argentina.

Está claro que quienes buscan la verdad están negando que haya una verdad. El riesgo es negar lo sucedido, es convertir a los verdugos en inocentes, y lo que es peor aún, a las víctimas asesinadas en una nueva clase de desaparecidos.

Se trata de “revisar la evidencia reunida” en la causa AMIA, tal como expresa el mensaje de elevación al Congreso de este escueto y oscuro memorando. Con ello el gobierno nacional ha abierto el camino a la impunidad de los acusados iraníes, con un viraje tan abrupto como inexplicable de su política de derechos humanos.

Se va a votar una Comisión llamada de la Verdad, creada para revisar sin plazos una causa judicial, recibir toda la información recopilada en años, establecer reglas de procedimiento y emitir un informe con recomendaciones que la Argentina deberá tener en cuenta en sus acciones futuras.

Duele comprobar en este acuerdo una manipulación tan grosera del valor de las palabras, para enmascarar una distancia tan enorme entre las palabras y los hechos. Pero es bueno que nos preguntemos sobre el Derecho a la Verdad.

Es un derecho que se vincula estrechamente con la obligación del Estado de investigar hechos violatorios de los derechos humanos, a partir de los principios internacionales que, para su promoción y protección, se han reconocido más recientemente en la lucha contra la impunidad.

Es un derecho sintético o compuesto en el sentido que no está consagrado textualmente por la normativa internacional y surge de la interacción del contenido y de las consecuencias jurídicas de varios derechos reconocidos expresamente.

Se reconoce su vigencia, cuando “cada pueblo tiene el derecho inalienable a conocer la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos y las circunstancias y los motivos que llevaron a la perpetración de crímenes aberrantes” y se considera que el ejercicio pleno y efectivo del derecho a la verdad, “es esencial para evitar que en el futuro se repitan tales actos”.

El derecho a la verdad surge del derecho a un recurso, del derecho al debido proceso, del derecho a la información y de la obligación genérica de los Estados de garantizar el libre y pleno ejercicio de todos los derechos humanos.

Pero pregunto ¿dónde queda el derecho a la verdad?, cuando en los actos de la Comisión se restringe nada menos que la participación de las víctimas, lo que constituye su esencia. Ni la AMIA ni la DAIA ni ningún familiar o representante legal de los cientos de víctimas podrán intervenir ni serán escuchados.

En el derecho argentino, no sólo los imputados tienen garantías procesales. Nuestra Corte Suprema ha reconocido expresamente a la querella las mismas garantías, señalando que éstas amparan “a toda persona a quien la ley le reconoce personería jurídica para actuar en juicio en defensa de sus derechos, sea que actúe como querellante o acusado, pues no se justifica un tratamiento distinto a quien postula el reconocimiento de un derecho”.

La primera responsabilidad del Estado argentino es resguardar la verdad, pero en este acuerdo la ha malversado con premisas falsas, con la pretendida justificación de conseguir alguna respuesta iraní a las imputaciones de la justicia argentina.

Se dice que la causa está estancada, pero se omite que se ha conseguido identificar a los ideólogos del crimen y se ha logrado que INTERPOL apruebe sus capturas internacionales.
Se dice que este acuerdo permitirá interrogar a los imputados, pero se descarta la aplicación de la ley argentina y se viola la garantía del debido proceso legal que consagra nuestra Constitución Nacional.

Ni el Poder Ejecutivo, ni el Congreso Nacional pueden incurrir en una cesión de soberanía, para someter los dictados de la justicia argentina a una Comisión de la Verdad, en las condiciones en que ha sido creada.

Por todo ello, rechazamos este acuerdo humillante para la historia de la democracia argentina, como una claudicación ética que nos aparta de la Verdad y la Justicia.
No olvidar es nuestro compromiso. No olvidar, para reparar una nueva fractura que hoy se enclava en nuestra sociedad. Para volver a encausar al país por la senda del respeto a los derechos humanos fundamentales, por la Verdad y la Justicia.