“La Constitución no autoriza la delegación de la soberanía nacional ni de competencia y jurisdicción dentro del esquema de tratados de derechos humanos”, explicó la peronista opositora.
Con argumentos constitucionales, la diputada nacional del Frente Peronista Graciela Camaño cuestionó la “cesión de soberanía” que supone el acuerdo con la República Islámica de Irán por la causa AMIA, y sostuvo que “este tratado traslada a Teherán la justicia y la verdad”.
“El Gobierno, en su afán por lograr la aprobación inmediata del acuerdo, se ha venido apoyando exclusivamente en consideraciones de conveniencia, como la parálisis del expediente o el deseo de avanzar en la causa, pero deja en segundo plano los riesgos de la juridicidad estricta de los hechos”, explicó.
En este sentido, coincidió con sus pares opositores en que “se estaría delegando o resignando la jurisdicción que sólo le compete a los tribunales nacionales” y alertó que la Constitución de 1994 “no autoriza la delegación de la soberanía nacional ni la delegación de competencia y jurisdicción dentro del esquema de tratados de derechos humanos”.
